Desde París

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional y ex ministra francesa de Economía, Christine Lagarde, no escapó a los tentáculos del escándalo que implica al empresario Bernard Tapie, al ex presidente francés Nicolas Sarkozy y a buena parte de su entorno. Luego de haber comparecido por cuarta vez ante los jueces, la Justicia francesa imputó a Christine Lagarde por “negligencia” debido al papel que desempeñó cuando era titular de la cartera de Economía en el polémico arbitraje que le permitió al empresario Tapie cobrar una indemnización de 405 millones de euros pagados por el Estado, o sea, por los contribuyentes.

La decisión tomada por la Corte de Justicia de la República (la única habilitada a juzgar a los ministros) implica que los magistrados encontraron “indicios graves y concordantes” sobre la existencia de un delito. Lagarde dijo que volvía a Washington para proseguir con su trabajo al frente del FMI al tiempo que consideró “infundadas” las acusaciones de la Justicia. El caso Tapie y el pago de la millonaria indemnización constituyen uno de los mayores escándalos de la presidencia de Sarkozy. Lagarde es la sexta imputada en este megaenredo cuyo hilo conductor lleva al año 1993, en el cual el empresario Tapie vendió la multinacional Adidas al banco semipúblico Crédit Lyonnais. Luego, mediante un montaje fraudulento, la institución bancaria vendió Adidas con un beneficio muy superior al pactado con Tapie. El hombre de negocios se sintió engañado.

De juicio en juicio, el empresario, que también había sido ministro del difunto presidente socialista François Mitterrand para luego volverse muy cercano a Sarkozy, logró que el Estado nombrara árbitros para dirimir el antagonismo. Sin embargo, en vez de hacerlo a través de los tribunales, Lagarde y Sarkozy recurrieron a un arbitraje privado. La opacidad del montaje y las evidencias que pesan sobre un acuerdo previo al veredicto que favoreció a Tapie llevaron al juez Serge Touraine a calificar de “simulacro de arbitraje” la decisión del comité. Fue Christine Lagarde quien decidió remitir el diferendo a la esfera privada. Pero la directora gerente del FMI alega que no, que la carta de octubre de 2007, en la cual la ex ministra plantea esa vía, no fue firmada por ella, sino por su director de gabinete, Stéphane Richard. Este consejero es uno de los cinco imputados por “estafa en banda organizada”.

Los otros son el mismo Bernard Tapie; su abogado, Maurice Lantourne; uno de los tres jueces integrantes de la comisión de arbitraje, Pierre Estoup, y Jean-François Rocchi, ex presidente del consorcio que gestionaba los fondos del Crédit Lyonnais. La calificación que imputa a Christine Lagarde es mucho menor porque se trata simplemente de “negligencia”. En este sentido, Lagarde señaló que los jueces se dieron cuenta de que “yo no había sido cómplice de ninguna infracción”. Cada página de este extenso legajo es una bomba de tiempo. Desde ya, los jueces le reprochan también a Lagarde el hecho de que no presentara un recurso ante una decisión totalmente contraria a los intereses del Estado. Pero detrás de Lagarde están Sarkozy y quien era secretario general del palacio presidencial del Elíseo, Claude Guéan. Ambos recibieron varias veces a Tapie en la presidencia antes de que la comisión lo favoreciera. Hay entonces pesadas sospechas de un acuerdo político entre las partes con la única meta de que Tapie cobre los 405 millones de euros. Jueces parciales, composición dudosa de una comisión de arbitraje con claros lazos con una de las partes, en este caso el mismo Tapie, traslado a la esfera privada de una decisión que le competía al Estado, cada episodio de este escándalo es una manifiesta violación de la imparcialidad.