La Justicia ecuatoriana condenó a prisión a seis policías por intentar matar al presidente Rafael Correa (foto) durante una rebelión policial que tuvo lugar el 30 de septiembre de 2010 –conocida como 30-S–, informó ayer la fiscalía. Recluidos en una cárcel de Quito, los uniformados habían sido declarados culpables el 1º de agosto y aguardaban sentencia. El Tribunal Séptimo de Garantías Penales de la provincia ecuatoriana de Pichincha fijó finalmente una pena de 12 años de prisión para cada uno de los acusados, según un comunicado del Ministerio Público Fiscal. La Justicia les impuso el máximo castigo previsto en la ley por tentativa de magnicidio.

Los policías fueron acusados por la fiscalía de intentar asesinar a Correa cuando se refugiaba en un hospital del norte de Quito el 30 de septiembre de 2010. “A estas personas se las puede ver en los videos con armas, tapados el rostro y dispuestos a disparar contra el mandatario”, dijo en su momento el fiscal del caso, Gustavo Benítez. El mandatario ecuatoriano fue rescatado del hospital por militares que se enfrentaron a policías subordinados en protesta por una reforma salarial.

La revuelta de los uniformados, que se extendió por varias horas, dejó 10 muertos y 274 heridos. Correa y la Organización de Estados Americanos (OEA) denunciaron el hecho como un intento de golpe de Estado. Durante el juicio, la defensa alegó que el tribunal actuó sin pruebas contra los policías. Doce uniformados, incluidos los seis condenados, fueron procesados por el intento de asesinato de Correa. La Justicia condenó en total a 40 personas por sus vínculos con la rebelión. El mandatario socialista, en el poder desde 2007, fue agredido en un regimiento cuando intentaba aplacar la manifestación, tras lo cual se refugió en un hospital cercano donde, asegura, fue retenido por uniformados insurrectos.

El Código Penal ecuatoriano señala que la tentativa de asesinato contra el presidente de la República o el que se hallare ejerciendo la función Ejecutiva será reprimida con reclusión mayor de ocho a doce años, “aunque no llegue a inferirse daño alguno”, recordó el diario El Telégrafo en su versión Internet. En el proceso, realizado desde el 22 de julio al 1º de agosto del 2014, el fiscal Benítez sustentó su acusación con 51 testimonios y 38 pruebas documentales, entre las que constan los informes de pericias de audio y video, versiones de policías y militares, secuencias fotográficas de los involucrados, entre otros documentos, precisó la fiscalía.

El año pasado, en el tercer aniversario de la sublevación, Correa dijo que creyó que no saldría vivo, y advirtió que el riesgo de un atentado en su contra persiste. “No me creo mártir ni héroe, pero somos bastante objetivos y realistas: siempre queda el camino de un atentado al presidente”, declaró el mandatario durante una entrevista con la radio pública.