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Colombia cedió ante Estados Unidos y se garantizó el desembolso de 130 millones de dólares a cambio de darle un marco de inmunidad –“acuerdo de excepción”– a los soldados norteamericanos. Ambos firmaron a última hora del miércoles un polémico trato por el que si Bogotá quiere entregar un ciudadano estadounidense a la Corte Penal Internacional (CPI) necesitará el visto bueno de Washington. Hasta hace unos meses, Colombia insistía en que un tratado bilateral de 1962 era suficiente para calmar las preocupaciones de la Casa Blanca, que quiere garantizar la inmunidad de sus ciudadanos ante la CPI. Esta se encarga de juzgar los crímenes de guerra o de lesa humanidad, por lo que los militares norteamericanos podrían ser juzgados por sus delitos en la guerra de Afganistán y en la de Irak. Pese a la negativa de Bogotá, Estados Unidos siguió insistiendo y, en junio pasado, agregó a Colombia en una lista de 35 países sancionados por no haber firmado el convenio. Y en julio anunció el bloqueo de cinco millones de dólares de ayuda militar a Colombia.
Al firmar este tratado, Colombia acepta que los estadounidenses que cometan delitos de lesa humanidad en territorio colombiano sean juzgados por las autoridades norteamericanas. “No es un tratado de inmunidad”, se atajó la canciller colombiana Carolina Barco. Según ella, el acuerdo “obliga a que Colombia, ante una solicitud de enviar a un norteamericano a una corte, tenga que pedirle el consentimiento para esas personas”. En un comunicado, la Cancillería señaló que el convenio “no afecta el cumplimiento de Colombia de las obligaciones a las que se comprometió”. Se refería al Estatuto de Roma, creado por la Corte Penal Internacional, que Colombia ratificó hace un año. El artículo 98 de este estatuto contempla acuerdos bilaterales que establecen la necesidad del consentimiento de un país para entregar al tribunal a un ciudadano.
El presidente colombiano Alvaro Uribe declaró que hay países que participan del tratado de la CPI, como Colombia, y otros, como Estados Unidos que no lo hacen. “Los estadounidenses están exentos de presentarse ante la Corte porque Estados Unidos no participa de ese tratado”, sostuvo. El tema de la inmunidad a los estadounidenses se ha instalado también en Argentina. Según el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, el presidente Néstor Kirchner se opone a dar inmunidad total a los militares estadounidenses que participarán en octubre de un ejercicio combinado de fuerzas latinoamericanas y norteamericanas en Mendoza.
La firma del convenio despertó todo tipo de reacciones. Para Jimmy Chamorro, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, con este acuerdo el gobierno colombiano viola la Constitución. “Me parece muy grave, además, que se desobedezca la jurisprudencia de la Corte Constitucional”, dijo. En cambio, para el ex vicepresidente colombiano Humberto de la Calle, “la solución es sencilla y decorosa”. Sé que hay gente molesta, a la que le parece que “Colombia se entregó”, dijo. Pero la responsabilidad de todo esto proviene de la “circunstancia lamentable” de que Estados Unidos no admite la jurisdicción de este tribunal, agregó. Por su parte, el fiscal general de Colombia, Luis Camilo Osorio, manifestó hoy que con este acuerdo su país “no se ha arrodillado”. Según el fiscal, el convenio obedece a “intereses mutuos” y una fórmula jurídica que quedó consignada en lo que concierne a los ciudadanos norteamericanos desde hace tiempo y “que ahora se puntualizó”, subrayó. Sin embargo, el ex ministro de Relaciones Exteriores de Canadá y miembro de Human Rigths Watch (HRW) Lloyd Axworthy consideró que Colombia “debilitó” la CPI al suscribir un acuerdo de excepción con Estados Unidos. Para Axworthy, que se encuentra en Bogotá presentando un informe de la HRW, el acuerdo entre Colombia y Estados Unidos “es lamentable” ya que constituye una violación al mismo tratado “por parte del Estado parte, que es Colombia”.
Meses atrás, funcionarios norteamericanos habían advertido que si Bogotá no firmaba el acuerdo, la ayuda a Colombia de 130 millones de dólares que Washington iba a mandar en septiembre podía verse “en peligro”. El gobierno colombiano insistió en que el acuerdo de cooperación que firmó en1962 que regula el tratamiento a los ciudadanos e intereses estadounidenses era suficiente para garantizar la inmunidad de los norteamericanos en territorio colombiano. Pero frente a las presiones de Washington, finalmente Bogotá aceptó firmar el tratado. En los últimos tres años, Colombia ha recibido más de 2600 millones de dólares en fondos para la lucha contra el narcoterrorismo. Después de Israel y Egipto, Colombia es el tercer receptor mundial de la ayuda norteamericana.