El presidente Barack Obama llevó alivio migratorio temporal a cinco de los 11,4 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. En un discurso televisado y dirigido a la nación, el mandatario anunció que su gobierno priorizará la deportación de aquellas personas que cometieron delitos graves o representan una amenaza para la seguridad nacional y de aquellos inmigrantes indocumentados que entraron recientemente en el país.

“Hoy nuestro sistema migratorio está roto y todo el mundo lo sabe. La gente que cumple las reglas es burlada por aquellos que no las cumplen”, dijo el presidente estadounidense. “Cuando asumí la presidencia me comprometí a solucionar el problema migratorio y lo primero que hice fue sellar nuestras fronteras”, explicó Obama. “Los cruces ilegales están en su punto más bajo desde la década del ’70”, agregó. “Intenté trabajar con el Congreso en una ley de sentido común, pero no tuve la colaboración necesaria. Como presidente tengo la autoridad legal para adoptar medidas que ayuden a aliviar el problema. Hoy vengo a anunciar esas medidas.”

El objetivo de la reforma, explicó, es evitar el efecto “llamada” para que no vuelva a haber una oleada de migrantes indocumentados, como ocurrió el verano pasado con la llegada en 12 meses de más de 68.000 menores no acompañados, la mayoría procedentes de Centroamérica. También anunció la ampliación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que su administración aprobó en 2012. Unos 600.000 jóvenes indocumentados –conocidos en Estados Unidos como “soñadores” o dreamers– obtuvieron un permiso de trabajo y pudieron acceder a la universidad gracias a DACA. Ese programa garantiza que durante un período de dos años, prorrogables, no serán deportados a sus países de origen.

Las medidas también benefician a inmigrantes indocumentados que lleven viviendo en Estados Unidos cinco años y sean padres de un ciudadano estadounidense o de un residente permanente legal. A diferencia de otros países, Estados Unidos concede la nacionalidad a todos los niños que nazcan en el país, independientemente de que sus padres sean indocumentados. Obama también anunció cambios en el sistema migratorio. Los estudiantes extranjeros de carreras tecnológicas y científicas que estudien en universidades de Estados Unidos puedan quedarse a trabajar una vez terminados sus estudios. De este modo, el presidente responde al pedido de Silicon Valley para que se evite una fuga de cerebros inversa, es decir, que los jóvenes migrantes se formen en Estados Unidos y tengan que regresar a su país de origen por no tener permiso de trabajo.

Antes de conocer las medidas impulsadas por la Casa Blanca en materia de migración, los republicanos prometieron combatir al presidente Barack Obama. Entre los más beligerantes está el senador por Texas, Ted Cruz, quien calificó a Obama de monarca por tomar la medida de manera unilateral, a través de una orden ejecutiva, algo equivalente a un decreto, sin pasar por el Congreso. “Somos testigos de una crisis constitucional. Con lo que está haciendo, Obama está desafiando la ley y la Constitución. Si el presidente sigue con esto, unilateralmente desafiando al Congreso, los congresistas republicanos usaremos cualquier recurso constitucional a nuestro alcance para defender la ley”, dijo Cruz a la cadena de televisión Fox.

Por su parte, el senador por Kentucky, Mitch McConnell, futuro líder de la mayoría republicana en la Cámara alta, criticó la decisión de Obama y prometió una reacción parlamentaria. “Si el presidente Obama avanza en desafiar al pueblo e impone su voluntad sobre el país, el Congreso actuará”, dijo McConnell en una intervención en el Senado. No obstante, eludió precisar cuál será la respuesta y afirmó que se considera “una variedad de opciones”.

Se espera que el paquete pro-migración repercuta positivamente en la economía norteamericana, aunque con menos peso que el previsto en la propuesta de ley aprobada en el Senado en junio de 2013, que permanece estancada en la Cámara de Representantes y abría la vía de la ciudadanía a los 11 millones de migrantes que se calcula viven en Estados Unidos. De manera preliminar, la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos (CBO) realizó entonces cálculos sobre la Ley de Seguridad Fronteriza, Oportunidad Económica y Modernización de Inmigración (la ley S 744). Entre 2013 y 2023, elevaría el Producto Interior Bruto (PIB) en 3,3 por ciento y un 5,4 por ciento adicional en la siguiente década, hasta 2033, de acuerdo con la CBO.

Además reduciría el déficit en 200.000 millones de dólares en la primera década y 700.000 millones en la segunda, algo fundamental en un país con un importante desequilibrio fiscal. También se añadirían 159.000 nuevos trabajos cada año durante los próximos cinco años y se pagarían impuestos adicionales por 144.000 millones de dólares.