El gobierno del primer ministro británico, David Cameron, presentó ayer en el Parlamento un proyecto de ley que le permitirá impedir temporalmente el retorno al Reino Unido de presuntos jihadistas y dará a la policía más competencias para detenerlos. La llamada Ley de Contraterrorismo y Seguridad ya fue criticada por organizaciones de defensa de los musulmanes y de las libertades ciudadanas, que manifestaron su preocupación por toda una serie de medidas que no pueden ser revisadas por tribunales.

Sin embargo, al detallar el nuevo proyecto ante la Cámara de los Comunes, la ministra del Interior, Theresa May, aseguró que es “esencial” para hacer frente “a las graves y cambiantes amenazas” que afronta el país, que integra la coalición que está bombardeando al grupo islamista Estado Islámico (EI) en Irak. “Estamos en medio de una lucha generacional contra una ideología terrorista”, dijo May, en referencia al islamismo radical del EI, Al Qaida y otros grupos como el nigeriano Boko Haram y el somalí Al Shabab, a los cuales el gobierno de Cameron identificó reiteradamente como los más peligrosos para el país. “En una sociedad abierta y plural, nunca se puede eliminar por entero la amenaza del terrorismo. Pero debemos hacer todo lo posible, de acuerdo con nuestros valores compartidos, para reducir los riesgos”, agregó.

El proyecto de ley da poderes a la policía para confiscar el pasaporte en los puntos fronterizos de entrada o salida a ciudadanos sospechosos, a fin de impedir que más británicos vayan a combatir a países como Irak y Siria con el Estado Islámico (EI). La ministra tendrá competencias para emitir órdenes temporales de exclusión, por un plazo máximo de dos años, que impedirán el retorno al Reino Unido de británicos sospechosos de haber participado en la Jihad o actividades “terroristas” en el extranjero.

Esta competencia en concreto fue cuestionada por el propio asesor del gobierno sobre extremismo, el abogado David Anderson, que puso en duda su aplicación práctica y ha subrayado la necesidad de que “los tribunales intervengan en el proceso”.

Shami Chakrabarti, directora del grupo de defensa de las libertades civiles Liberty, cuestionó el proyecto en duros términos. “Tirar a la basura a ciudadanos sospechosos como si fueran residuos tóxicos, abdicando de tus responsabilidades con la comunidad internacional, es una forma muy extraña de promover el imperio de la ley”, dijo. La ley obligará a las aerolíneas y a las empresas de comunicaciones a facilitar información de sospechosos y a las escuelas, universidades, ayuntamientos y prisiones a tomar medidas para impedir la radicalización de los ciudadanos.

Amnistía Internacional (AI) advirtió, por su parte, que una legislación de este tipo requiere “un análisis detallado y detenido”. “Aunque el gobierno debe asegurarse de que se investiga a cualquier sospechoso de actividad delictiva, medidas como invalidar pasaportes o excluir a nacionales británicos de su país empujan los límites de la legislación internacional”, afirmó la asesora legal Rachel Logan.

Por su parte, el presidente de la Comisión Islámica de Derechos Humanos, Massoud Shadjareh, dijo que las medidas “alienarán” a la población musulmana y pueden impulsar agresiones contra el colectivo, así como fomentar la radicalización de jóvenes.

El gobierno británico impulsa esta legislación, que se debatirá hoy en el Parlamento, tras elevar de “sustancial” a “severo” el pasado agosto el nivel de alerta terrorista en este país, por el creciente número de británicos que viaja a Medio Oriente para combatir con milicias islamistas. Se calcula que unos 500 ciudadanos británicos se han desplazado a Irak o Siria en los últimos meses para luchar en las filas de EI, al tiempo que aumentaron las detenciones de presuntos jihadistas en territorio británico.

Ayer mismo se produjo en el Reino Unido la primera condena por delitos de terrorismo relacionados con el conflicto en Siria. Los hermanos de nacionalidad británica Mohommod Nawaz, de 30 años, y Hamza Nawaz, de 24, recibieron condenas de entre tres y cinco años de cárcel por haber recibido instrucción en un campo de entrenamiento para terroristas en el país árabe.

Antes de la comparecencia de May en el Parlamento, miles de londinenses recibieron ayer, camino del trabajo, una severa advertencia en las estaciones de tren y en las entradas al subte, a través de volantes distribuidos por la policía que instan a los ciudadanos a “permanecer a salvo y tener un plan” en el caso de un atentado terrorista.

La campaña, que forma parte de la “semana de concientización antiterrorista”, fue criticada por los grupos de libertades civiles por crear el alarmismo entre la población y servir de justificación a la ofensiva política lanzada por Cameron.

Londres fue escenario, el 7 de julio de 2005, de un cuádruple atentado suicida cometido por islamistas británicos que dejó 56 muertos y 700 heridos, y May dijo esta semana que desde entonces se han desarticulado “cuarenta tramas terroristas” en el Reino Unido.