Desde México, D. F.

Cuando el papa Francisco plasmó por escrito su deseo de que Argentina esté a tiempo de evitar “la mexicanización”, ante el crecimiento del narcotráfico en su país de origen, argumentó las entrevistas realizadas con varios obispos mexicanos que le dejaron en claro que, aquí, “la cosa es de terror”. Pese a las inmediatas protestas del gobierno priísta de Enrique Peña Nieto, el pontífice argentino no exageraba: las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y –por sobre todo– la impunidad son la norma en México, de acuerdo con el último reporte de derechos humanos de Amnistía Internacional (AI).

Peor aún, todavía se atribuye un gran número de abusos y crímenes a elementos del ejército y de la Marina. “La situación ha empeorado en el último año”, dice AI, que expuso como casos emblemáticos la ejecución extrajudicial de 15 personas a manos del ejército, el pasado 30 de junio, en Tlatlaya, Estado de México, así como la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

Las cifras que maneja la administración de Peña Nieto no coinciden con los registros que llevan organismos internacionales como AI. Oficialmente, en 2014 hubo 15.646 homicidios dolosos en todo el país, pero el informe de derechos humanos de AI reporta 24.746 asesinatos, solamente entre enero y septiembre del mismo año.

En algunos casos, las propias estadísticas oficiales desmienten el optimismo de Peña Nieto. Apenas ayer se supo que en enero se registró un secuestro cada cuatro horas y media, es decir, un total de 163 casos en el país; casi la tercera parte de ellos (52) ocurrieron en el Estado de México, el estado que gobernaba Peña Nieto antes de lanzarse por la Presidencia de México.

En México hay 23.272 personas desaparecidas desde 2007, de las cuales 9384 han ocurrido en los últimos 22 meses. Es decir, una de cada cuatro desapariciones en poco más de siete años desde que inició el gobierno priísta de Peña Nieto. Comparativamente, la situación no sólo no mejoró, sino que alcanza niveles espeluznantes: mientras que en la administración del derechista Felipe Calderón, que desató la violencia en todo el país, desapareció un promedio de seis mexicanos cada día entre diciembre de 2006 y diciembre de 2012, en la de Peña Nieto la cifra se dispara a más del doble: un promedio de 13 personas desaparecidas todos los días desde que asumió como presidente el 1º de diciembre de 2012, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Precisamente la crispación social por la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, se recrudeció la noche del martes, luego de un enfrentamiento ente policías federales y profesores locales que habían bloqueado el Boulevard de Las Naciones, una de las principales avenidas del puerto de Acapulco. Los policías golpearon indiscriminadamente a los maestros e hirieron a una veintena de maestros, que tuvieron que ser hospitalizados. Entre ellos estaba Claudio Castillo Peña, de 65 años de edad y ya jubilado; padecía poliomielitis. Murió en la madrugada de ayer por los golpes que recibió en el cráneo. Apenas se supo la noticia, la policía liberó a 99 de los 112 profesores a los que había detenido.

La impunidad señalada en el informe de derechos humanos de Amnistía Internacional se ilustra también con el caso Ayotzinapa. AI se quejó de que la investigación de la Procuraduría General de la República no consigna la probable responsabilidad de funcionarios públicos estatales o federales.

De hecho, apenas el martes pasado un juez federal inició el proceso penal contra el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y contra otros 44 sospechosos (casi todos policías municipales) por el secuestro de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrido ya hace cinco meses, aunque no fue tipificado como desaparición forzada. Abarca fue detenido el 5 de noviembre pasado y procesado 10 días después por un caso no relacionado con la desaparición de los estudiantes: el asesinato de Justino Carbajal Salgado y el secuestro de Nicolás Mendoza Villa, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna y Dante Cervantes Delgado, todos ellos activistas.

El mismo martes, el alcalde de Cocula César Miguel Peñaloza Santana tramitó un amparo para evitar ser detenido como posible resultado de la investigación de la PGR por su participación en el ataque del 26 de septiembre contra los estudiantes de Ayotzinapa, en el que seis de ellos murieron, 25 resultaron heridos y desde entonces 43 están desaparecidos, lo que representa “uno de los mayores desafíos” que enfrenta México, según Christoph Strässer, comisionado del gobierno alemán para derechos humanos, quien ayer visitó la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y se reunió con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos.