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Palestina se convirtió ayer en miembro de pleno derecho de la Corte Penal Internacional (CPI), lo que permitirá la posibilidad de que se juzguen crímenes de guerra en su territorio. La entrada en vigor de la adhesión palestina al Estatuto de Roma fue aprobada después de que el Consejo de Seguridad de la ONU rechazara la iniciativa árabe para exigir a Israel la retirada de los territorios palestinos antes de fines de 2017, entre otras demandas. El gobierno israelí cuestionó la entrada de Palestina a la CPI y calificó la decisión de “política, cínica e hipócrita”.

Durante un acto celebrado a puertas cerradas en la sede del tribunal en La Haya, el ministro de Exteriores palestino, Riad al Malaki, recibió de la vicepresidenta segunda de la Corte y jueza, la japonesa Kuniko Ozaki, una copia simbólica del Estatuto de Roma, instrumento constitutivo del alto tribunal. Dicho texto condena la segregación de comunidades (equivalente en esta ocasión a la ocupación israelí de territorio palestino) y prohíbe ubicar a civiles de un país en los territorios ocupados de otro (los asentamientos). Riad al Malaki, señaló que con la entrada como miembro de pleno derecho de Palestina a la CPI el mundo podrá poner fin a una larga era de impunidad e injusticia. “Este acuerdo nos acerca a nuestros objetivos compartidos de justicia y paz”, dijo al recibir una edición especial del documento. La magistrada japonesa afirmó que los compromisos asumidos deben ser tomados en serio. “La entrada en vigor hoy (por ayer) del Estatuto de Roma para Palestina supone que adquiere todos los derechos, así como las responsabilidades que conlleva ser un Estado parte en el Estatuto”, expresó.

Por su parte, el jefe del equipo negociador del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat, hizo un llamamiento a la comunidad de naciones para que defiendan los derechos inalienables del pueblo palestino, incluido el de autodeterminación. “Una vez más llamo a todas las naciones de bien a reconocer el Estado de Palestina en las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como su capital”, refirió. Además, el dirigente del grupo islamita Hamas en Gaza, Ismail Radwan, dio la bienvenida, aunque con reservas, a la decisión de la CPI de integrar en su seno a Palestina como miembro número 123 del organismo. “Exhortamos a la Corte Penal a comenzar de inmediato a demandar a dirigentes de la ocupación israelí por los crímenes cometidos contra el pueblo palestino”, indicó Radwan. No obstante, la jurisdicción de la CPI no es retroactiva y sólo se podrán presentar acusaciones surgidas a partir del día en que el país acepta la jurisdicción del alto tribunal internacional. Palestina lo hizo el 13 de junio de 2014, por lo que la competencia de la CPI no afecta el período anterior a esa fecha. Sin embargo, el reglamento permite a los nuevos miembros decidir si aceptan la jurisdicción con efectos retroactivos, y entre el 8 de julio y el 26 de agosto de ese año el gobierno israelí lanzó la Operación Margen Protector, una campaña en la que murieron más de 2000 palestinos y 70 israelíes. Al someterse a las nuevas reglas judiciales, los milicianos de Hamas también podrían ser perseguidos por los jueces.

El gobierno israelí, por su parte, condenó la adhesión de Palestina a la CPI y calificó la decisión de “política, cínica e hipócrita”. Mediante un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, Israel afirmó que el gobierno de la Autoridad Palestina está asociado con el movimiento Hamas, al cual acusó de cometer crímenes de guerra, y eso debería invalidar cualquier demanda judicial ante el CPI. “Las acciones unilaterales palestinas, con esta decisión de la CPI, son violaciones de los principios establecidos entre las dos partes, con el apoyo internacional, para resolver el conflicto israelí-palestino”, precisó.

Creada por iniciativa de la ONU en julio de 1998 mediante el Estatuto de Roma, la CPI entró en vigor en julio de 2002. La competencia de la Corte se limita a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión.