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Unos 2000 pobladores del departamento peruano de Arequipa, en el sur del país, se reunieron ayer de manera pacífica en la Plaza de Armas central para iniciar el segundo día de huelga de 48 horas, que une diez departamentos contra el proyecto minero Tía María. La Confederación de Instituciones Privadas del Perú (Confiep), el mayor gremio empresarial del país, expresó el jueves su preocupación por la violencia en las recientes protestas contra las inversiones mineras, y reclamó mayor firmeza contra los manifestantes.

La movilización partió antes del mediodía local con banderas y pancartas; los manifestantes dejaron a su paso piedras y gritaron “Agro sí, mina no”. La multitud fue custodiada por un gran contingente policial, que no pudo evitar que los manifestantes tomaran más de una vía de la ciudad capital, también llamada Arequipa. En la víspera, pobladores bloquearon con dos camiones la carretera Panamericana Sur, que une el departamento con Lima. Las autoridades policiales informaron que en la mañana de ayer se exhortó a los manifestantes a retirar los vehículos, acción que se cumplió sin que se registraran incidentes.

La protesta contra Tía María, de la Southern Perú Copper Corporation del Grupo México SAB, dejó un saldo de al menos 6 muertos y más de 120 heridos y es protagonizada desde hace dos meses por pobladores de Islay que creen que los trabajos causarán daños ecológicos en una zona históricamente dedicada a la agricultura. La Southern dice que cuenta con estudios ambientales que descartan los riesgos, pero los pobladores no los admiten y sólo aceptan la cancelación del proyecto. Las manifestaciones han despertado simpatías hacia los islaínos, sobre todo en zonas donde también hay problemas con la minería, que constituye la matriz productiva del Perú.

Sobre las protestas proambientalistas, el presidente de Confiep, Martín Pérez, señaló que esa confederación está preocupada por la arremetida de los manifestantes y por la pérdida de autoridad de la policía que ha sido atacada por ellos. En diálogo con la prensa extranjera, Pérez deploró que el Estado hubiera sido débil en defenderse de “la ofensiva violentista” en la provincia de Islay.

Al cabo de dos meses de protestas, con bloqueo de rutas, cierre de comercios y estado de excepción, con la consecuente militarización de la zona, el presidente de la Confiep ve un clima social adverso para este proyecto cuprífero de 1400 millones de dólares de la minera Southern Perú, que controla el Grupo México. En el caso de Tía María, Pérez consideró que puede haber protestas genuinas y que la empresa tiene que acercarse a dialogar, aunque advirtió que el escollo mayor es la presencia de un grupo político detrás de las protestas que lo que busca es un modelo económico diferente para el Perú.

El dirigente empresarial deploró que las leyes peruanas hubieran permitido liberar a los manifestantes violentos que fueron detenidos por la policía durante las protestas. “Nos preocupa mucho que las leyes sean tan laxas”, señaló Pérez. El dirigente responsabilizó a los partidos políticos de contribuir a instalar un clima electoral adelantado, cuando aún falta un año para los comicios generales. “Preocupa que haya una sensación de campaña electoral, existe mucho ruido político”, afirmó Pérez. Perú, el segundo mayor productor mundial de cobre, celebrará elecciones en abril de 2016 para elegir al sucesor del presidente Ollanta Humala.