Página/12 En Brasil

Las residencias de tres senadores de la República, así como sus despachos dentro del mismísimo Senado y sus oficinas y empresas privadas fueron allanados ayer, cumpliendo la determinación del Supremo Tribunal Federal. En total, fueron expedidas 53 órdenes de allanamiento, que además alcanzaron a algunos diputados y a varios empresarios.

Hasta ahora las acciones de la Policía Federal, del Ministerio Público y del juez de primera instancia Sergio Moro estaban concentradas en ex funcionarios de la estatal Petrobras y en los responsables (algunos, directamente propietarios) de las más grandes e importantes constructoras del país. Algunas, como la Camargo Correa, la Andrade Gutiérrez y especialmente la Oderbrecht están entre las mayores de América Latina, y todos sus directivos están detenidos.

Pues a partir de ayer, la ola alcanzó a la clase política. Y ya no por decisión de un juez provinciano: para las operaciones de allanamiento se solicitó una autorización de la Corte Suprema, una vez que ocupantes de puestos de primera línea en el Poder Ejecutivo e integrantes del Poder Legislativo cuentan con fuero especial.

Ninguno de los investigados que fueron blanco de las acciones de ayer pertenece al PT y a su principal aliado, el PMDB. En las residencias del actual senador y ex presidente Fernando Collor de Melo (sí, porque él dispone de varias) fueron aprehendidos desde relojes a autos de gran lujo. En Brasilia, la Policía Federal retuvo un Lamborghini color plata, una Ferrari roja y un Porsche negro. Sumado, el valor de mercado de los autos supera la marca del millón de dólares. Collor de Melo es sospechoso, acorde a denuncias de un empresario que aceptó el pacto de “delación premiada” ofrecido por la Justicia, de haber recibido 20 millones de reales (poco menos de siete millones de dólares) en propinas, para facilitar contratos entre la constructora y la Petrobras.

Collor tiene un antecedente grave: ha sido el único presidente, en la historia de la República, a tener su mandato suspendido por el Congreso, a raíz precisamente de corrupción. Pasado el período en que sus derechos políticos estaban vedados, volvió a la vida pública, fue electo senador y se alió a su antiguo enemigo más atroz, Lula da Silva. Y, ahora, de Dilma Rou- sseff: en la política brasileña, la noción de principios morales no suele mostrar consistencia alguna a la hora de las alianzas.

Otro senador que tuvo su residencia allanada es Ciro Nogueira, que preside el PP (Partido Progresista), igualmente aliado del gobierno. El tercero es Fernando Bezerra, del ahora opositor PSB (Partido Socialista Brasileño), que hasta principios del año pasado integraba la alianza del gobierno. El mismo Bezerra fue ministro de Dilma.

Acorde a la decisión de la Corte Suprema, las medidas fueron adoptadas para impedir que documentos que puedan comprometer a los investigados fuesen destruidos. En cuanto a bienes aprehendidos, se sospecha que pueden haber sido adquiridos por dinero ilegal.

La reacción del Senado ha sido dura. Una nota divulgada al principio de la noche, firmada por todos los líderes de los partidos, protestó duramente por lo que se clasificó de “acción ilegal”. El argumento es que las dependencias de la Casa son inviolables, y que cualquier allanamiento debería ser realizado exclusivamente por la Policía Legislativa, que tiene jurisdicción exclusiva en el ámbito del Congreso.

Collor de Melo reaccionó de manera habitual: fue extremadamente agresivo contra el procurador-general de la República, a quien acusó de violar la Constitución. Aseguró que, pese a estar bajo investigación, siquiera fue llamado para prestar declaraciones a la Justicia.

El pánico que cundió en el Congreso tiene razón de ser. Es que son muchos los diputados y senadores mencionados por los empresarios e intermediarios de propina en las denuncias que tratan de aclarar los mecanismos de corrupción y desvío de recursos públicos en la Petrobras. Pero según los presos fueron aceptando los acuerdos de “delación premiada”, en que el acusado revela lo que sabe a cambio de la disminución o eliminación de la condena, surgieron nombres de otras estatales, del sector de energía eléctrica, y de políticos de todos los partidos, la oposición inclusive. Si a partir de ahora les llegó el momento, será un sálvese quien pueda en el Congreso. Se investigaa a 22 diputados y 13 senadores.

Para empezar, nada menos que los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros, están entre los investigados. Ambos tienen un largo y sólido historial de negocios excusos, pero jamás fueron tocados por la Justicia. Calheiros, por ejemplo, renunció a la misma presidencia del Senado, en 2007, cuando se denunció que una constructora pagaba los elevados gastos de un hijo que él tuvo fuera de su matrimonio con una periodista de la TV Globo, ejemplar típico de las caza-políticos que abundan en Brasilia.

Flagrado en un acto claramente ilícito –aceptar que una constructora con contratos con el gobierno pagase sus gastos particulares– Calheiros fue perdonado por la esposa y protegido por sus pares. Renunció a la presidencia del Senado, siguió con sus actos y actitudes y finalmente volvió, gracias a la benevolencia de sus colegas, al puesto máximo que un parlamentario puede alcanzar, que es, al presidir el Senado, presidir al mismo Congreso.