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La fuga de un penal de alta seguridad del capo del cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, provocó ayer la caída de las primeras cabezas del gobierno, aunque no la del ministro del Interior, Miguel Osorio, responsable directo de la estructura penitenciaria. El gobierno ofreció una recompensa de casi 4 millones de dólares para quienes ayuden a la recaptura y crecen la sospechas de que el escape fue posible porque el líder narco accedió a los planos de la cárcel. Osorio anunció que fueron sacados de sus cargos el comisionado del Organo Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Ignacio Hernández; la coordinadora general de Centros Federales, Celina Oseguera, y el director de la cárcel de alta seguridad El Altiplano, Valentín Cárdenas.

La remoción de los responsables de las prisiones en el país son independientes de las investigaciones a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR) por el escape de Guzmán, que ya se había evadido de una cárcel de alta seguridad en enero de 2001. Osorio explicó que los cambios buscan facilitar el correcto desarrollo de la investigación y desahogar todas las líneas, y dijo que no renunció el comisionado nacional de Seguridad, Alejandro Rubido, porque sólo fueron echados quienes tienen relación directa con la fuga.

Osorio admitió que para fugarse de El Altiplano, la más inexpugnable prisión del país, de la que hasta ahora no se había evadido ningún reo, El Chapo tuvo que contar con la complicidad de servidores públicos del centro penitenciario, y remarcó que no habrá lugar para la impunidad, por lo que será castigado quien lo haya ayudado. También rechazó que autoridades de Estados Unidos hubieran alertado al gobierno sobre intentos de fuga del capo narco en 2014, en respuesta a documentos de Inteligencia de la DEA, difundidos anteayer, que dieron cuenta de dos intentos para ayudar a que El Chapo se escapara. Aunque Osorio se mantiene en el cargo, deberá comparecer ante la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso mañana. Diputados y senadores decidieron citarlo junto a otros 4 funcionarios, entre ellos la procuradora Gómez y el comisionado de Seguridad, Alejandro Rubido.

La procuradora general Arely Gómez, en tanto, informó que el Ejecutivo dispuso de una recompensa de 60 millones de pesos (unos 4 millones de dólares) para quien aporte información que conduzca a la recaptura del jefe del cartel de Sinaloa, y se difundió la mecánica que debe cumplirse al respecto. “Por tratarse de alguien que representa una amenaza para la sociedad, la PGR emite un acuerdo por el que ofrece hasta 60 millones de pesos a quien proporcione información que auxilie a la localización de Guzmán”, dijo la procuradora Gómez.

A los testimonios de los 34 trabajadores del penal se sumaron ya las declaraciones de 17 internos que ocupan celdas cercanas a las de Guzmán.

Mientras, se conocen más datos del operativo de escape: El Chapo tenía un brazalete de seguridad que permitía su localización dentro del penal y con monitoreo de videovigilancia en su celda las 24 horas, que cortó antes de entrar al túnel, iluminado con lámparas que él mismo fue destruyendo a medida que avanzaba.