Estados Unidos retiró a Cuba de su lista de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas. La Casa Blanca mantuvo a Venezuela en una categoría que abre la puerta a la imposición de sanciones económicas. Una semana después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas cubano-estadounidenses y dos meses después de la retirada de la isla de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, el Departamento de Estado eliminó a Cuba de la peor categoría de su informe anual sobre el tráfico de personas en el mundo. “El gobierno de Cuba no cumple completamente con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico de personas, pero está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo”, señaló el informe. Cuba, que estaba desde 2003 en la lista de países cómplices con la trata de personas, fue puesta en la categoría de “observación especial”, donde están 43 países, entre ellos Bolivia, Costa Rica, Haití, Jamaica y China.

Si bien el Departamento de Estado justificó el cambio de categorización por los esfuerzos para afrontar el tráfico sexual del gobierno cubano, admitió que quedan retos pendientes en el plano de la explotación laboral. “Seguimos preocupados por el hecho de que Cuba no haya reconocido el trabajo forzado como un problema y ese es un tema que trataremos en nuestro diálogo con funcionarios cubanos durante el próximo año”, dijo la subsecretaria de Estado norteamericana para la Democracia y los Derechos Humanos, Sarah Sewall, en una conferencia de prensa. Pese a las explicaciones del Departamento de Estado, el congresista republicano Chris Smith, uno de los más activos en el combate a la trata de personas, opinó en un comunicado que el cambio se hizo sólo por razones políticas y que la isla no ha hecho nada para merecer una mejora de categoría.

El informe sobre el tráfico de personas del Departamento de Estado examina la situación en 188 países del mundo y evalúa el grado en que sus gobiernos cumplen con los estándares de combate a ese delito establecidos en una ley estadounidense de 2000. “Queremos atraer la atención del público a la naturaleza y dimensiones de esta industria ilícita valorada en 150.000 millones de dólares”, dijo ayer el secretario de Estado norteamericano, John Kerry. Entre las naciones que permanecen en la “lista negra” del informe se encuentran Venezuela, Belice, Guinea Ecuatorial, Rusia, Irán, Corea del Norte, Siria, Argelia, Burundi, la República Centroafricana, Eritrea, Gambia, GuineaBissau, Kuwait, Libia, Mauritania, Sudán del Sur, Tailandia, Yemen, Zimbabue, Bielorrusia, las islas Marshall y las Comores.

Luego de figurar durante varias ediciones en el listado de “observación especial”, Venezuela pasó el año pasado a formar parte de la lista negra y ahora sigue en la peor categoría porque, en opinión de la Casa Blanca, su gobierno no hace esfuerzos significativos para combatir el problema. Según el informe difundido por el Departamento de Estado, Venezuela “es un país de origen y destino” del tráfico de personas, situación que afecta a mujeres y niñas venezolanas sujetas a prostitución forzada, además de a niños y mujeres ecuatorianos y unos 30.000 cubanos, en particular doctores sometidos a un tratamiento que sugiere un trabajo forzoso.

Por otro lado, el documento indica que la atención a víctimas de tráfico de personas en Venezuela es inadecuada y que no existen datos fiables sobre los esfuerzos del gobierno venezolano que permitan avizorar que el asunto se está afrontando. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tiene ahora 90 días para decidir si toma represalias contra los países que integran la lista negra. El congelamiento de la ayuda no humanitaria y no comercial o la negativa a que reciban préstamos de instituciones multilaterales forman parte de las sanciones que Washington podría aplicar llegado el caso.

En septiembre del año pasado, luego de la incorporación de Caracas a la “lista negra”, Obama determinó que se restringiría parte de la ayuda para ese país en el año fiscal 2015, con la excepción de aquellos fondos destinados a “fortalecer el proceso democrático”. En la lista de “observación especial”, reservada para gobiernos que hacen esfuerzos significativos contra el tráfico de personas, pero no han aportado pruebas concretas de ello, están Cuba, Bolivia, Costa Rica, Haití, Jamaica, China, Egipto, Arabia Saudí, Qatar, Túnez, Trinidad y Tobago y Antigua y Barbuda, entre otras naciones.

También está en ese listado Malasia, que hasta el año pasado ocupaba la “lista negra”, algo que algunos congresistas norteamericanos interpretaron como un favor político a ese país, una de las doce naciones que negocian el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP). En una categoría intermedia de países que se están acercando a los estándares establecidos por Estados Unidos figuran México, Colombia, Ecuador, Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Paraguay, Panamá, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana. Finalmente, España, Chile y Estados Unidos aparecen en la lista de países que sí hacen lo suficiente contra la “esclavitud moderna”. Además de publicar el informe, Kerry homenajeó ayer a ocho personas por su trabajo contra el tráfico de personas, entre ellos a la colombiana Betty Pedraza Lozano, fundadora de la Corporación Espacios de Mujer, asentada en Medellín.