Si bien el movimiento estudiantil chileno está lejos de alcanzar la efervescencia de las protestas, tomas de establecimientos y marchas masivas que ocurrieron entre el 2011 y 2012 (años en que aparecieron los ex líderes estudiantiles y hoy diputados, Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Gabriel Boric), las reivindicaciones escolares y universitarias siguen y seguirán siendo un tema capital para este y los gobiernos venideros. Una educación pública de calidad, accesible para todos y por la cual no se tenga que pagar sumas millonarias han sido las principales demandas que la presidenta Michelle Bachelet ha comenzado a saldar en medio de un escenario que la tiene muy peleada con las encuestas y las redes sociales.

Ayer, en el Palacio de La Moneda, Bachelet estampó su rúbrica en el proyecto de Nueva Educación Pública, que busca sacar los establecimientos educacionales de la administración municipal en las comunas del país para devolverlos al Estado, tal como ocurría hasta antes de la dictadura de Pinochet que, junto a sus ministros de la época, modificó un sistema que cada año ve cómo miles de alumnos de colegios públicos pasan a establecimientos privados.

“Estamos devolviendo al Estado la responsabilidad de gestionar la educación pública”, dijo la doctora socialista. “El objetivo es buscar un estándar de calidad para todos los establecimientos”, agregó. Junto a ello, la presidenta precisó que el proyecto apuntará a “nivelar la cancha” y “dar más apoyo a quienes más lo necesitan”. “Con este nuevo proyecto le estamos cumpliendo a Chile, a nuestras niñas y niños”, destacó en su alocución.

El proceso de desmunicipalización se realizará de forma gradual, en un lapso que se extenderá por unos seis años explicaron desde el gobierno.

En ese sentido, la ministra de Educación, Adriana Delpiano (que reemplazó al tecnócrata Nicolás Eyzaguirre) calificó la firma de la iniciativa como un hecho “histórico”.

“Era un compromiso con el país que había tomado la presidenta y que lo hemos materializado en un proyecto que se presentará hoy (por ayer) en la Cámara de Diputados y esperamos mañana (hoy) iniciar su debate y discusión”, remarcó. La secretaria de Estado añadió que “es una gran oportunidad para el país, para que discuta, conozca y se plantee acerca de cómo fortalecemos la educación pública en Chile, para que sea realmente una alternativa para las familias”.

Respecto del financiamiento del proceso, Delpiano recordó que “el financiamiento hoy día es a través de la subvención por asistencia, ese es el mecanismo que tenemos. En este caso además habrá un financiamiento para el funcionamiento de la estructura administrativa del proyecto que viene a reemplazar el aporte que hacían los municipios en parte”.

“También hemos conversado con la presidenta y lo tendremos que trabajar, no en este proyecto sino que será después, volver a discutir cómo es la fórmula para un mejor financiamiento de la educación subvencionada en general en el país”, añadió.

En relación con los plazos para ejecutar la propuesta, la ministra indicó que no existe un plazo claro para su discusión ya que “no estaba en los compromisos planteados por la presidenta pero creemos que es una necesidad, lo han planteado mucho los parlamentarios tanto en la ley de Carrera Docente como en ésta”.

En la oportunidad recordó que el 36 por ciento de la matrícula está en el sector público y para que realmente sea un sistema mixto debemos “lograr retener esa matrícula y ampliarla, y ése será parte del trabajo y del esfuerzo que va por la calidad”. En relación a este último punto indicó que ya se está conversando con los municipios para que cuando se traspasen los colegios “se haga de manera saneada”.

En ese escenario, enfatizó que “no es justo que la calidad de la educación dependa de la capacidad económica del sostenedor (municipio)”.

Desde la oposición, María José Hoffmann, diputada del partido de derecha Unión Demócrata Independiente (UDI) e integrante de la Comisión de Educación de la Cámara baja, dijo que tienen “dudas” respecto al proyecto de desmunicipalización que fue firmado por la presidenta Bachelet.

“No está claro que hoy día se diluya la responsabilidad del Estado a través de las municipalidades. No queremos más centralización, queremos que los padres puedan acercarse a los colegios y no a esos servicios que pueden terminar (siendo) muy del Estado”, añadió.

Hizo hincapié en que apoyarán las iniciativas que apunten a aumentar la calidad, pero advirtió que los parlamentarios “estarán muy vigilantes” de que la iniciativa “se concentre” en lo “que quieren las familias que es aumentar la calidad. No necesariamente a través de la creación de una nueva repartición vaya a ser así”, dijo al tiempo que reconoció que aún no conocen el proyecto.

Ejes del proyecto

La iniciativa plantea una nueva institucionalidad que genera una estructura y una relación virtuosa y colaborativa entre jardines de infantes, escuelas y liceos de la educación pública. Una red de 67 servicios locales de educación distribuidos en el territorio nacional.

Una dirección de educación pública, dependiente del Ministerio de Educación.

Reforzará el liderazgo de los equipos directivos de los establecimientos educacionales a través del desarrollo de sus capacidades.

Otorgará a los colegios más atribuciones en la definición y conducción de sus planes de mejoramiento escolar.

Integra a las familias, comunidades y autoridades locales a la discusión y construcción de estrategias que potencien la educación pública del territorio.

Aumenta los recursos basales para la educación pública, inyectando nuevos y reorientando otros.

El proyecto compromete recursos basales directos a la administración de los Servicios Locales de Educación que alcanzan los 304 millones de dólares. Estos recursos serán provistos año a año en la Ley de Presupuestos.