Un nuevo Vatileaks convulsiona a la Santa Sede. Ayer se informó oficialmente que un monseñor del Opus Dei, el español Lucio Angel Vallejo Balda, y una mujer italiana, Francesca Imacolata Chaouqui, ambos ex miembros de la Comisión de Estudio sobre las Actividades Económicas y Administrativas de la Santa Sede (Cosea), fueron interrogados por la Justicia vaticana durante el fin de semana y arrestados, acusados de haber pasado documentos reservados a algunos periodistas. Chaouqui, se informó poco después, fue puesta en libertad porque está colaborando con los investigadores. El Papa fue informado de las medidas tomadas por la Justicia vaticana y las habría aprobado, según publicó la prensa italiana. Las investigaciones sobre las dos personas, ninguna de ellas ciudadanos vaticanos, comenzaron en el mes de mayo y estuvieron a cargo del promotor de Justicia vaticano –equivalente a un fiscal–, Gian Piero Milano, un abogado y profesor universitario nombrado en el cargo por el papa Francisco hace 10 meses.

Se trata del segundo Vatileaks dentro de la Santa Sede en pocos años. El primero fue en 2012, durante el papado de Benedicto XVI. Entonces fue arrestado, juzgado y condenado a un año y medio de cárcel el mayordomo del Sumo Pontífice, Paolo Gabriele, por haber difundido cartas privadas del Papa. Gabriele, quien en algún momento se excusó diciendo que quería dar a conocer las jugarretas que le estaban haciendo a Benedicto, las entregó a un periodista italiano, Gian Luigi Nuzzi, quien con ellas publicó un libro, Su santidad. Las cartas secretas de Benedicto XVI.

Al parecer Nuzzi estaría implicado también en este nuevo Vatileaks y los documentos e informaciones filtradas podrían aparecer en su nuevo libro, Via Crucis que está a punto de llegar a las librerías. Pero también hay otro periodista sospechoso, Emiliano Fittipaldi, por su libro Avaricia (ver recuadro). Ambos libros hablan sobre las finanzas vaticanas. Según algunos trascendidos, los documentos habrían sido sustraídos del archivo de Cosea, la comisión donde trabajaban Vallejo Balda y Chaouqui.

En un comunicado, el director de la oficina de prensa vaticana padre Federico Lombardi, fue claro sobre la posibilidad de acciones legales contra los autores. “En cuanto a los libros anunciados para los próximos días, hay que decir claramente que también esta vez, como en el pasado, son fruto de una grave traición a la confianza concedida por el Papa”. Y refiriéndose a los autores “de una operación para obtener ventajas de un acto gravemente ilícito”, el Vaticano está evaluando medidas “jurídicas y eventualmente penales” sin descartar recurrir a la “cooperación internacional”, dijo. “Publicaciones de este tipo no ayudan a establecer claridad y verdad sino a generar confusión. Hay que evitar el equívoco de pensar que éste sea un modo de ayudar la misión del Papa”, concluyó el comunicado.

Vallejo Balda, 54 años, hizo el seminario en Logroño, España, y allí conoció el Opus Dei. Fue ordenado sacerdote en 1987. En 2011 fue nombrado por Benedicto XVI como secretario de la Prefectura para los Asuntos Económicos de la Santa Sede y luego pasó a ser secretario de Cosea, organismo instituido en julio de 2013 para sugerir reformas, racionalizar los gastos y ofrecer una mejor administración al Vaticano. Fue Vallejo Balda, que era el número dos de la Prefectura –ente destinado a desaparecer con las reformas en el Vaticano–, quien propuso a Chaouqui, una suerte de experta financiera. Sobre ella se habían manifestado algunas dudas en las semanas siguientes al nombramiento. Al parecer Chaouqui habría manifestado en una entrevista con una revista italiana que manejaba “documentos secretos” del Vaticano y era amiga del cuestionado periodista Nuzzi.

Cosea terminó su trabajo en 2014, ocasión en la que fueron creadas la Secretaría para la Economía y el Consejo para la Economía. Como jefe de la primera secretaría el Papa nombró al cardenal australiano George Pell. Y como número dos muchos pensaban que iría Vallejo Balda. Sin embargo Francisco nombró al maltés Alfred Xuereb, un colaborador que había “heredado” de su predecesor Benedicto.

Por ahora nada se supo sobre los contenidos de los documentos filtrados pero dado que se habla de “documentos reservados” y referidos a las finanzas, todo hace pensar que, de conocerse, podrían desencadenar no pocos problemas dentro de la Iglesia. Según el Código Penal vigente en el Vaticano, si se confirman las acusaciones, los hoy presuntos culpables –que podrían no ser los únicos– arriesgan penas que van de cuatro a ocho años de cárcel.