Un proyecto de declaración firmado por todos los bloques de la Cámara de Diputados “reafirma el compromiso con la continuidad del proceso de Verdad y de Justicia como política de Estado de carácter irrenunciable”. El proyecto, que será tratado hoy a las 15 en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara baja, lleva la firma del presidente de esa comisión, el diputado Remo Carlotto, del Frente para la Victoria, y entre otros, de Federico Pinedo, presidente del PRO; Felipe Solá, del Frente Renovador; Ricardo Alfonsín, de la UCR, y Myriam Bregman, del PTS. La iniciativa tuvo un antecedente en 2010 y ahora intenta ser renovada en esta nueva transición política. “Nos parece que es muy auspicioso que todos los bloques de la Cámara de Diputados de la Nación hayan acompañado este pronunciamiento”, señala a Página/12 el diputado Remo Carlotto sobre los consensos de partida. “La iniciativa intenta frenar las miradas que están planteando cierto cierre de una etapa” y en el corto plazo abre un espacio que busca que Mauricio Macri “también plantee cuáles son sus propuestas en materia de crímenes de lesa humanidad, porque esto es parte de una preocupación para el movimiento de derechos humanos”.

El texto consensuado por los todos bloques hoy será revisado en la Comisión de Derechos Humanos en busca del último acuerdo. Además de los integrantes de la comisión, estarán presentes representantes de los organismos de derechos humanos y de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. La declaración reimpulsada estos días empezó a escribirse en agosto, tras la reunión de la Comisión Interpoderes convocada por la Corte Suprema. Los representantes de la Interpoderes señalaron en esa ocasión que el desarrollo de los juicios era una política de Estado. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, los definió como parte de “un proceso indetenible” y una decisión constitucional. “Tras ese encuentro –dice ahora Carlotto–, nos pareció importante que otro de los poderes del Estado tuviera un pronunciamiento que afirme que los juicios por crímenes de lesa humanidad son una política de Estado. Y a nosotros nos parece importante que dos poderes del Estado se pronuncien con mucha claridad en esto.”

El documento señala: “La Cámara de Diputados de la Nación declara: su repudio hacia las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la última dictadura cívico-militar y reafirma su compromiso con la continuidad del proceso de Verdad y Justicia como política de Estado de carácter irrenunciable”. Y agrega la declaración de: “Reafirmar la obligación del Estado de continuar con los juicios por delitos de lesa humanidad para conocer la verdad de los hechos y condenar a todos los responsables civiles y militares. Reafirmar el deber del Estado de mantener vivas las políticas de Memoria, Verdad y Justicia como garantía de no repetición en nuestra sociedad”.

El texto reconoce como antecedente el proyecto presentado por el CELS en Diputados en el marco de las celebraciones del Bicentenario. En mayo de 2010, la Cámara baja declaró por unanimidad a los juicios de lesa humanidad “como política de Estado”. En ese texto, el CELS celebraba la reapertura del proceso de justicia y tendía puentes al marcar líneas de continuidad con el trabajo de la Conadep y el Juicio a las Juntas. “El trabajo de la Conadep y el Juicio a las Juntas –señalaba el texto– no se limitaron sólo a la creación de evidencias, el conocimiento de lo sucedido y el juzgamiento de los máximos responsables, sino que contribuyó a la consolidación de los derechos humanos como pilares políticos de la restitución del Estado de derecho y como sustento ético del entramado social.”

En esa misma línea, puede leerse una continuidad con la búsqueda de estos nuevos consensos. Los diputados dicen haber partido de aquel texto con todas sus marcas.

Pero en este nuevo tramo agregaron el acuerdo de caracterizar a la dictadura como “cívico-militar”, lo que es parte de la agenda pendiente en materia de juzgamiento a los empresarios y miembros del Poder Judicial que fueron responsables de crímenes de lesa humanidad.

Para el bloque del FpV, esto fue un “avance” muy importante. “Es muy importante este eje porque es parte de la lucha que estamos llevando adelante –señala el diputado–. Los juicios a los militares no son sólo a integrantes de las Fuerzas Armadas o de Seguridad, sino también a los beneficiarios económicos y que tuvieron participación en esos crímenes. En Diputados ya hemos dado media sanción a la Comisión Bicameral destinada a investigar la complicidad empresaria y financiera. Creemos que esas responsabilidades tienen que ser plenamente discutidas y sancionadas por la Justicia argentina. Así es que consideramos un avance esta definición.”

El proyecto recogió hasta ahora las firmas mencionadas y, entre otras, las de Antonio Riestra, de Unidad Popular de Santa Fe; Juan Carlos Zabalza, del Partido Socialista; Fabián Peralta, de Gen; Adela Segarra, Horacio Pietragalla, Leonardo Grosso y Josefina González, del FpV.

La firma del presidente del bloque del PRO parece ser un aliento por estas horas, pero al mismo tiempo muestra una encrucijada, porque Pinedo integra un espacio político cuyo referente no se muestra convencido de esa continuidad. Macri describió como “un curro” las políticas de derechos humanos. El domingo de las elecciones convocó a “dejar el pasado atrás”, como recuerda el propio Carlotto. Y la política de derechos humanos en la Ciudad de Buenos Aires “ha sido desmantelada y reducida a su mínima expresión”, agrega el diputado. Además, el PRO no acompañó la creación de la comisión para investigar las responsabilidades económicas de la última dictadura ni el proyecto que señalaba que no era posible volver a amnistiar a los represores condenados.

–¿Consideran una garantía que Pinedo firme esta declaración, cuando Macri ya hizo otros planteos? –le preguntó Página/12 a Carlotto.

–Por un lado, nosotros vemos una definición del presidente del bloque del PRO, que es Federico Pinedo, que acompaña el proyecto. Y por otro lado, vemos a Macri, que hace una definición despectiva de los derechos humanos. Lo que queremos es que Macri dé explicaciones y clarifique ante el electorado cuál es su posición respecto del juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad y de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, porque hasta ahora lo que estamos viendo es un desaliento a la continuidad de esas políticas. Por eso es importante que haya definiciones claras. Bregamos y luchamos para que ésta sea una política de Estado que debe continuar hasta que el último de los responsables rinda cuentas.

Además de este proyecto, la comisión abordará otro texto. En este caso, una declaración que señala una preocupación por la situación de malos tratos hacia las víctimas registrados en juicios de lesa humanidad. El proyecto también lleva la firma de todos los bloques. Declara “preocupación por las repetidas situaciones de malos tratos y revictimización que han sufrido testigos y víctimas en el desarrollo de los juicios de lesa humanidad de todo el país. Y expresa que vería con agrado que los Tribunales Orales Federales de todo el país aseguren el cumplimiento tanto de la Acordada 1/2012 ‘Reglas Prácticas’ de la Cámara Federal de Casación Penal como de las declaraciones internacionales sobre protección de testigos”.

El tema también fue discutido en la Comisión Interpoderes. Preocupa a abogados querellantes de las causas de lesa humanidad y aparece entre los relevamientos de la Procuración y el Ministerio de Justicia. Hay situaciones preocupantes, por ejemplo, en el juicio oral al ex fiscal Gustavo Demarchi y a otros diez integrantes de la Concertación Nacional Universitaria (CNU), juzgados en Mar del Plata. Parte de los incidentes se registraron porque el TOF 1 permitió a Demarchi interrogar a testigos. También hay desatención y desaliento entre testigos por los juicios que se realizan con audiencias de un solo un día a la semana, como La Rioja, Salta y Jujuy.