[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

El gobierno belga propuso intensificar su lucha contra el jihadismo a través de un cambio en la Constitución, una reacción que llegó tras las críticas a su actual legislación en materia de seguridad. Por su parte, fuerzas de seguridad de ese país detuvieron a nueve personas en ocho registros efectuados en varias viviendas de la región de Bruselas en el marco de la operación que realizan tras los atentados en la capital francesa del viernes pasado.

El premier Charles Michel propuso ante el Parlamento una lista de medidas de seguridad adicionales, incluida una partida de 400 millones de euros en el presupuesto de 2016. El líder belga pidió que los jihadistas que retornen al país tras pelear en el extranjero sean encarcelados, y ampliar la detención preventiva de 24 a 72 horas, lo que plantea un cambio en un artículo de la Carta Magna. Igualmente promovió la posibilidad de efectuar registros las 24 horas en caso de “infracciones terroristas”, ya que la ley actual no los permite entre las 21 y las 5. Además, pidió activar el registro de datos de pasajeros aéreos (PNR, en sus siglas en inglés), sin esperar a que la Unión Europea (UE) lo apruebe. Las bases de datos PNR, creadas tras los atentados en Estados Unidos de 2011, existen ya a nivel nacional en otros países comunitarios como Reino Unido, y su aprobación a nivel europeo se discutirá hoy en una cumbre extraordinaria de ministros del Interior y Justicia de los Veintiocho miembros de la UE.

El jefe de gobierno belga, país criticado por considerar que pudo haber servido como refugio de terroristas y por la laxitud en sus normas de lucha contra el tráfico de armas, rechazó los reproches en su contra. “No acepto las críticas contra los servicios de seguridad del país. Ayer (el martes) en Saint-Denis, un atentado fue evitado concretamente gracias a informaciones proporcionadas por los equipos belgas”. La oposición de izquierda cargó contra las medidas, acusándolas de que lejos de resolver los problemas y de fomentar la prevención, los incrementarán.

Bélgica es el segundo país con más ciudadanos que viajaron a Siria, después de Francia, y el primero en número por habitantes, con 828 presuntos jihadistas identificados por el órgano de Coordinación para el Análisis de Amenazas (OCAM).

El premier belga propuso además efectuar más controles policiales en las fronteras, el despliegue de 520 militares para reforzar la seguridad. También sugirió que las personas fichadas por los servicios de análisis lleven un brazalete electrónico o medidas concretas para identificar a posibles jihadistas, como el “fin del anonimato” de las tarjetas de celular prepagas, la ampliación de la red de cámaras de reconocimiento de matrículas.

Respecto a las detenciones realizadas ayer, dos tuvieron lugar en los barrios de Laeken, al noroeste de Bruselas, y de Jette, que estaban directamente relacionados con los atentados. Otras seis se efectuaron en viviendas de amigos y familiares de uno de los kamikazes del Stade de France, Bilal Hadfi, un francés de 20 años que vivía en Bélgica y que se inmoló allí el viernes pasado. Sin embargo, las autoridades indicaron que no tenían vínculo directo con los atentados, sino con otra investigación judicial iniciada a principios de 2015.