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Pocos países cuentan con una universidad pública, gratuita, de excelencia y de acceso tan amplio como la Argentina. Para muchos es un modelo a seguir, otros consideran que la inversión en educación superior es un gasto innecesario.

La historia de la ampliación del derecho a la educación universitaria permite reconstruir la trama que explica el modelo inclusivo vigente en el país. La reforma de 1918 dio una primera batalla a favor de una universidad menos elitista. Sin embargo, los estudiantes de la FUA decidieron no aprobar un proyecto presentado por Gabriel del Mazo y Dante Ardigó que incluía la gratuidad y un plan de becas para que pudieran ingresar los más pobres. Fue recién durante los primeros gobiernos peronistas que se instauraron la gratuidad y el ingreso irrestricto, en 1949 y 1953. Ese último año, se inauguró la Universidad Obrera con el propósito de que las clases trabajadoras se capacitaran profesionalmente.

En la década peronista se transformó el sistema educativo incluyendo a sectores hasta entonces marginados de las políticas educativas, democratizando el acceso y concibiendo la formación como un eslabón del desarrollo industrial. La matrícula universitaria creció de 47 mil alumnos en 1945 a 138 mil en 1955. Si en 1945 había tres estudiantes cada mil habitantes, hacia 1955 esa proporción creció hasta 8 por mil.

Después del golpe de 1955, la dictadura derogó las leyes universitarias del peronismo. En muchas casas de estudio se reinstalaron los cupos y la matrícula dejó de crecer. Luego, durante los gobiernos de Frondizi e Illia, hubo un aumento gradual en la cantidad de estudiantes pero se mantuvieron los exámenes de ingreso. El golpe de 1966 intervino la universidad. Las restricciones al ingreso continuaron, pero encontraron fuertes resistencias del movimiento estudiantil. Entre 1966 y 1970, la matrícula sufrió una leve caída, hasta que el Plan Taquini (70-71) revirtió esa tendencia creando nuevas universidades. Entre 1973 y 1974 explotó la cantidad de ingresantes. El gobierno de Cámpora dispuso el ingreso irrestricto y los estudiantes pasaron de 333 mil en 1972 a 507 mil en 1975. La Ley de Universidades Nacionales aprobada en 1974 (re)estableció la gratuidad.

Durante el gobierno de Isabel Perón y la última dictadura las universidades fueron intervenidas y se reinstauraron los cupos. El número de ingresantes se redujo a los niveles de 1972. Con la democracia se levantaron los exámenes de ingreso en la UBA, se implementó el CBC y la cantidad de inscriptos recuperó los niveles de 1973-1974. Sin embargo, el principal escollo en la ampliación del derecho a la educación superior fue la baja incidencia del presupuesto destinado a las universidades.

La matrícula creció un 3,8 por ciento anual promedio durante el decenio 1988-1998. La sanción de la Ley de Educación Superior (LES) en 1995 se insertó en el contexto más amplio de reformas neoliberales y buscó que las casas de estudio encontraran formas alternativas y privadas de financiamiento para permitir el achicamiento del “gasto” público. La idea de arancelar la universidad pública estuvo a la orden del día.

Los años 90 se caracterizaron por la combinación de creación de nuevas universidades descentradas de los grandes núcleos urbanos con descenso de la inversión en el presupuesto universitario. Por un lado, acercó la educación superior a territorios postergadas en ese derecho, aunque la incidencia de esas casas de estudios fue baja en la interpelación de nuevos aspirantes; pero, por otro lado, amplificó el deterioro material de las universidades ya existentes.

Desde 2003 se produjo un aumento del presupuesto en educación establecido por ley, hasta alcanzar el actual aproximado del 6,5 por ciento del PBI, muy superior al de todos los países de la región. Las universidades jugaron un rol protagónico en la recepción de ese presupuesto. Quince universidades fueron creadas durante los gobiernos kirchneristas, diez de ellas ya se encuentran en pleno funcionamiento.

Muchos de esos establecimientos se instalaron en el conurbano bonaerense, cubriendo una enorme vacancia y concretando el derecho de estudiar una carrera universitaria a amplios sectores sociales históricamente relegados. Esto se cristalizó con la magna cantidad de inscriptos sin tradición universitaria familiar que año tras año ocupan las aulas de las nuevas casas de estudio.

En este contexto electoral, es interesante revisar que los diputados y senadores que conforman el espacio Cambiemos no votaron a favor de la creación de estas universidades. En contraste, fueron referidas como un “gasto desmedido” y no como una inversión a futuro ni como la institución de un derecho social.

Un nuevo capítulo se acaba de escribir en la historia argentina del derecho a la educación. Con el impulso del FpV, se modificó la LES y se estableció la gratuidad y el ingreso irrestricto. Cuando Diputados discutió esta reforma en 2013, el PRO votó en contra. Más diplomáticamente, el 28 de octubre último, en el Senado, Gabriela Michetti optó por ausentarse al momento de votar, para no mostrar en plena campaña la posición que el partido liderado por Mauricio Macri viene sosteniendo: que las nuevas universidades constituyen un gasto innecesario.

Como escribió Raúl Zaffaroni, a nivel internacional hay modelos de universidad enfrentados, uno excluyente y otro inclusivo, y esos modelos juegan su propio partido fronteras adentro. La genealogía de una tradición de acceso a la educación universitaria pública, gratuita, irrestricta y de excelencia, desnaturaliza la cristalización de ese derecho y advierte sobre la responsabilidad ciudadana de defenderlo.

* Docentes e investigadores de la UNAJ y la UBA.