Tras haber ganado las elecciones legislativas el domingo en Venezuela, las leyes del Trabajo y de Precios Justos están en la mira de los nuevos diputados de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD). Además, se especula que los legisladores recién electos una vez en sus cargos promulguen una Ley de Amnistía y Reconciliación para liberar a políticos enjuiciados por su responsabilidad en varios crímenes. Por otra parte, según el último boletín publicado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la coalición opositora consiguió 109 escaños en el Parlamento, que se suman a otros de diputados indígenas afines, con lo que alcanza la mayoría calificada de dos tercios (112 bancas). Por su parte, el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela obtiene 55 escaños.

El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, denunció que el presidente de la organización que agrupa a comerciantes y empresarios del sector privado del país (Fedecámaras), Francisco Martínez, propuso la idea de derogar la Ley de Trabajo. “Piden la anulación de la Ley Orgánica del Trabajo, es decir que van a proponer el despido de millones de trabajadores. No lo vamos a permitir”, dijo.

El analista venezolano Vladimir Adrianza señaló que el hecho de que la oposición pretenda reformar dicha reglamentación perjudicaría directamente a los trabajadores. “La integración o derecho adquirido de la mujer se perdería, la suplantaría o disminuiría”, opinó.

La Ley del Trabajo, que ampara a millones de trabajadores, impulsada por el ex presidente Hugo Chávez y aprobada en 2012, ampara a millones de trabajadores. La reglamentación, entre otros beneficios, garantiza las prestaciones sociales desde el primer día de trabajo, contempla el reposo para las trabajadoras antes y luego del parto y prevé la indemnización doble cuando el despido es injustificado.

Por otra parte, se especula también con la derogación de la Ley de Precios Justos. A principios de este mes, el mandatario de Fedecámaras rechazó la citada legislación. “Genera efectos muy severos sobre la producción de bienes y servicios”, aseguró. Su afirmación se basa en el hecho de que la norma establece ganancias máximas de hasta un 30 por ciento para garantizar precios justos. Esto implica que están previstos según la estructura de costos y no de la especulación. Martínez ya había intentado introducir ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso de nulidad contra la ley en cuestión, pero el documento fue rechazado. La Ley de Precios Justos entró en vigor en enero del año pasado para combatir la “guerra económica” instaurada por el empresariado y para garantizar el equilibrio económico del país, así como para proteger los derechos de los ciudadanos al acceso a los bienes y servicios declarados o no de primera necesidad.

Aun cuando la MUD no definió sus acciones ante la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), ya tiene en sus planes establecer una misión de hipoteca que imposibilitaría al pueblo a acceder a una vivienda estatal. Frenar este logro aprobado por el parlamento en abril de 2006 es una de las promesas electorales de la oposición, en un plan neoliberal que tiene nombre y apellido: Ley de Impulso al Desarrollo de Viviendas. La GMVV es producto de una estrategia nacional, que incluye a los ciudadanos, a los gobiernos regionales y municipales, así como al sector privado (banca y empresariado). Asimismo, fue vital el apoyo internacional a través de convenios con países del sur de Europa, Medio Oriente y Asia, acuerdos que hoy están en riesgo de ser clausurados por el “paquete legislativo” que ofrece la MUD. Para tranquilizar a la población respecto a este tema, el gobierno publicó el día de ayer un decreto en el que ordena continuar de manera ininterrumpida las actividades de construcción y entrega de desarrollos habitacionales.

La MUD tendrá los votos suficientes para aprobar una ley de amnistía y liberar a los presos políticos que cometieron crímenes contra el Estado, entre ellos, el dirigente opositor Leopoldo López, condenado a 13 años de cárcel por ser declarado responsable de la muerte de 43 venezolanos en las guarimbas entre febrero y marzo de 2014. Al respecto, el analista Adrianza opinó que la promulgación de dicha ley sería una violación al estado de derecho y a la Constitución Nacional. “A lo que ellos mismos (la oposición) llaman presos políticos son personas que han incurrido en delitos de derechos humanos.”

El Consejo Nacional Electoral dio ayer a conocer su tercer boletín en el que se le otorga 109 bancas a la MUD y 55 al oficialista GGP (Gran Polo Patriótico, coalición que incluye al PSUV). Las tres bancas que faltaban asignar (para completar las 167) fueron para representantes indígenas afines a la oposición. La mayoría calificada de dos tercios permitirá aprobar leyes, interpelar ministros, convocar consultas, remover magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y designar rectores del CNE, entre otras atribuciones.