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El Senado brasileño aprobó ayer la reforma al sistema de jubilaciones y pensiones propuesta por el presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva, que la había considerado una de las claves de su gestión de gobierno. Esa reforma, aprobada con 51 votos a favor y 24 en contra y que ha quedado lista para su promulgación, era el principal proyecto presentado al Congreso por Lula en su primer año de gobierno, junto con otro de modificaciones al régimen tributario, que aún está en trámite parlamentario.
El proyecto sobre el sistema de jubilaciones y pensiones ya había sido aprobado en las dos ocasiones de rigor por la Cámara de Diputados y fue votado ayer en el Senado en segunda y definitiva discusión. La reforma persigue poner orden en el sistema de seguridad social que, según cálculos del gobierno, puede terminar este año con un déficit cercano a los 10.000 millones de dólares.
Entre sus principales aspectos, eleva en siete años los límites de edad para la jubilación y los sitúa a partir de ahora en 60 años para los hombres y 55 para las mujeres. También autoriza la aplicación de impuestos de hasta el 11 por ciento en las jubilaciones de los empleados públicos, que serán los más afectados por la nueva legislación. Por esas razones, sindicatos de empleados de la administración pública, con respaldo de unos pocos parlamentarios del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), convocaron a mediados de año una huelga que perdió fuerza en cuestión de días.
Tres parlamentarios del PT que votaron en contra de la reforma en la Cámara de Diputados y una senadora que se opuso ayer han sido amenazados con la expulsión del partido y sus casos serán analizados el próximo fin de semana, en una reunión de la dirección nacional partidaria. A pesar de las protestas de los funcionarios, las encuestas de opinión han coincidido en que entre el 75 y el 80 por ciento de los brasileños apoyaba la reforma al sistema de jubilaciones y pensiones, considerado de privilegio para funcionarios, jueces y otras figuras públicas.