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No hay un hecho más auspicioso en América latina que el avance en el proceso de paz en Colombia. Ponerle fin al conflicto social y armado que llevaba varias décadas requería coraje político y una mirada estratégica. El gobierno de Colombia y las FARC han podido llegar así a un cese de hostilidades definitivo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

La negociación ha sido complicada y llena de acechanzas, pero la firme voluntad de avanzar ha pemitido el inicio de la “dejación de armas” de la guerrilla, según reza el léxico usado por las partes. Incontables problemas de enorme complejidad quedan en discusión: el juzgamiento de crímenes aberrantes, la lucha contra las organizaciones criminales responsables de masacres, la relocalización de los millones de desplazados, la reinserción social de los combatientes, entre otros.

Todo eso futuro. Ahora hay que encarar el tema de las armas en poder de las FARC. La colaboración de los países de la región ha vuelto a demostrar su histórica predisposición a resolver los conflictos armados por la vía de la negociación, y varios de ellos se han involucrado activamente. El acuerdo tuvo a Cuba como garante, y a Chile y Venezuela como acompañantes; mientras que las Naciones Unidas y la Celac tendrán la misión de supervisar el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes.

El Consejo de Seguridad de la ONU, mediante la Res. Nro 2261 de 2016, determinó que observadores internacionales desarmados se encargarán de vigilar y verificar la dejación de las armas en un mecanismo tripartito que vigilará el cese de las hostilidades. En ese marco, Argentina ha aceptado el pedido colombiano para enviar observadores. La tarea ha sido encomendada a nuestras FF.AA., quienes deberán desplazarse a los lugares que se hayan acordado y verificar el efectivo cumplimiento de los acuerdos. Las condiciones establecidas son novedosas: los militares no deberán estar uniformados, ni portar armas. Es comprensible su participación, porque quienes sino los profesionales de la guerra están capacitados para definir de qué tipo de armas se trata y cuáles las condiciones de recepción, traslado y disposición final.

El involucramiento argentino es políticamente indiscutible. La experiencia de los militares argentinos en las misiones de paz acreditan su idoneidad y profesionalismo. También esas misiones son decisiones políticas que toma el Poder Ejecutivo y según lo que dispone el artículo 75, inciso 28 de la CN corresponde al Congreso autorizar la introducción de tropas extranjeras y/o la salida de fuerzas nacionales de nuestro territorio Asimismo, la ley N° 25.880 fijó los mecanismos para estos procedimientos y en el pasado, todos los gobiernos que se sucedieron desde la sanción de esa norma, han cumplido con lo que ella dispone. Muy recientemente por caso ingresó en la Comisión de Defensa de la HCD el 21 de julio, el expediente “0019-PE-2016” por el cual el PEN solicitó autorización para la renovación de la salida de tropas de Minustash en Haití. La misma fue tratada y aprobada el pasado 9 de agosto habiendo recibido un amplísimo apoyo pluripartidario.

Por eso preocupa que hasta el momento el PEN no haya enviado al Congreso ese pedido de autorización para la salida de esos observadores, acercándose la fecha de su partida sin haberse cumplido aún con ese requisito ineludible. Someter esta iniciativa a la consideración del Congreso es imprescindible y al mismo tiempo beneficioso para la construcción de un consenso político que fortalezca una decisión de política exterior a todas luces oportuna.

Lleven o no armas y uniformes seguirán siendo militares en el cumplimiento de una misión que conlleva riesgos propios de su profesión, en lo que constituye una función operativa que obliga a la intervención del Poder Legislativo. El Congreso además de evaluar la pertinencia política de la salida de fuerzas militares del territorio nacional, debe interiorizarse de los plazos y costos de la misión. Es su responsabilidad por lo tanto la de apelar a las facultades que le son propias para que esta propuesta se convierta en una política de Estado y ello fortalezca el protagonismo de nuestro país en la escena internacional.

La importancia de la misión y la oportunidad de su puesta en marcha son incuestionables. Se trata de una experiencia novedosa y un ejemplo más de la diplomacia regional en la búsqueda de autonomía en temas tan trascendentes como lo son la paz y la protección de los derechos humanos. El PEN todavía está a tiempo de evitar que una iniciativa positiva se ensucie por problemas derivados de un apartamiento de la legalidad vigente y del olvido de las buenas prácticas de la vida democrática.

* Docente/investigador de la Universidad Nacional de Quilmes - Grupo Convergencia XXI.

** Abogado y periodista. Grupo Convergencia XXI.