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El presidente de Bolivia, Carlos Mesa, intentaba apaciguar el malestar de las Fuerzas Armadas, generado por un fallo judicial adverso al fuero militar. El histórico fallo del Tribunal Constitucional (TC) de Bolivia ordenó el viernes llevar a la Justicia civil a cuatro militares acusados de asesinar a dos personas en la revuelta de febrero de 2003 –antesala de la salida de Gonzalo Sánchez de Lozada–, que ya habían sido absueltos por una corte militar.
A más de seis meses de asumir el gobierno, con la sombra de la crisis social que derrocó a su antecesor liberal Sánchez de Lozada, en octubre pasado, el gobernante sostuvo la noche del viernes un encuentro de tres horas a puerta cerrada con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Luis Aranda. Tras la reunión, Aranda dejó sin efecto el acuartelamiento que ordenó apenas se conoció la decisión del TC y pidió a sus miembros considerar sus consecuencias en un estado de agitación social. En un comunicado, las Fuerzas Armadas pidieron ayer al TC considerar “la gravedad de las consecuencias que le significan y significarán a Bolivia los fallos emitidos dejando al pueblo inerme ante las eventuales agresiones de grupos violentos que atentan contra la democracia”.
Al tiempo de protestar el fallo judicial, los militares expresaron preocupación porque “estas decisiones puedan estar relacionadas con intereses políticos que buscan la desestabilización del orden democrático y que pretenden usar a las Fuerzas Armadas para lograr objetivos personales o de grupo sin consideración a una sociedad que hoy, como pocas veces, enfrenta riesgos que ponen en juego el futuro de todos”.
El pronunciamiento del TC, que abre la posibilidad de enjuiciar a militares en cortes civiles, tiene carácter inapelable e irreversible. La institución armada advirtió que “esta decisión puede resquebrajar la unidad y estabilidad del Estado”. Fuentes castrenses aseguraron que los imputados no comparecerán ante la Justicia ordinaria y que, en todo caso, ante ella concurrirán miembros de la jerarquía militar.
Una cinta de video de un canal local y fotografías publicadas en la prensa muestran cómo los militares imputados disparan sobre un edificio en La Paz donde cayeron baleadas, el 13 de febrero de 2003, la enfermera Ana Colque y el albañil Ronald Collanque, muertos por impactos de bala, y la doctora Carla Espinoza, que resultó gravemente herida, cuando auxiliaban a víctimas de la revuelta.
Por otra parte, la huelga general a la que convocó 8 días atrás la Central Obrera Boliviana (COB) resultó en un fracaso. La normalidad regresó ayer a las rutas de Boliva, principalmente después de que el enviado por el Ejecutivo, Francesco Zaratti, alcanzara un acuerdo con los indios guaraníes que habían cercado un yacimiento gasífero, bajo gerencia de consorcios extranjeros.
Mesa cuenta con el cada vez
más evidente apoyo del diputado Evo Morales, líder del socia-
lismo, segunda fuerza congresal.