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Página/12, en Francia
Desde París

“Las democracias deberían ahorrarse el recurso a la tortura”, dice con énfasis Edouard Delapalce, consejero jurídico suizo en la Asociación para la prevención de la tortura. Su afirmación puede hacerse extensiva al mantenimiento del orden: las “democracias” deberían evitar que el orden sea asumido por ejércitos de mercenarios cuyos pasados, lejos de ser una garantía de seguridad, constituyen una amenaza. Poco más de un año después de la intervención anglonorteamericana contra el régimen de Saddam Hussein, Irak vive una auténtica “revolución militar” con la presencia de 15 a 20 mil hombres en armas contratados por unas 35 empresas privadas para que se hagan cargo de lo que el desbordado ejército norteamericano no puede asumir. El ya escandaloso principio de la privatización de la guerra sobrepasó los límites cuando se supo que dos empleados de una de esas empresas, Steven Setephanowiz y John Israel, ambos contratados por CACI (California Analysis Center Inc), estaban implicados en las torturas infligidas a los iraquíes detenidos en la cárcel de Abu Ghraib. Sudafricanos, libaneses, bosnios, franceses, indios, colombianos, chilenos, irlandeses, ingleses, australianos o norteamericanos representan el contingente internacional más importante que opera en Irak después de los uniformes oficiales enviados por la administración Bush.
En cifras concretas, los militares privados equivalen a uno de cada diez soldados desplegados en Irak. “No me siento como un mercenario”, dijo el chileno John Rivas, uno de los 60 ex comandos chilenos de la época de Pinochet contratados por la empresa Blackwater Security Consulting Company para vigilar los alrededores del aeropuerto de Bagdad. Estos hombres cuentan en su historia personal con un prontuario tan voluminoso como la Biblia. La empresa sudafricana Erinys (controlada por una filial del Reino Unido) que ganó la licitación para proteger los oleoductos iraquíes (40 millones de dólares) incorporó en sus filas –entre otros– a tres elocuentes criminales de guerra: el francés Richard “Sanders” Rouget, implicado en el asesinato, en 1988, de la representante en Francia del movimiento de Nelson Mandela, el ANC (Congreso Nacional Africano); François Strydom murió en Irak pero antes formó parte del temible comando Koe-voet que perpetró decenas de asesinatos en Namibia durante los años 80,y Deon Gouws, miembro de la policía secreta sudafricana en los años del apartheid y confeso protagonista de varios atentados y asesinatos.
El pasado 31 de marzo, las terribles imágenes del ataque contra un vehículo norteamericano en Faluja dieron la vuelta al mundo. Los cuatro hombres que se encontraban en el interior, cuyos cadáveres fueron linchados por la multitud, no eran esos “empresarios civiles” o “voluntarios” descriptos por los medios, sino cuatro mercenarios que trabajaban a sueldo para la empresa Blackwater. Uno de ellos era un ex Navy Seals, otros dos fueron Rangers y el cuarto sirvió en el ejército norteamericano entre 1986 y 1989. Luego del drama de Faluja, 13 senadores demócratas escribieron al secretario norteamericano de Defensa, Donald Rumsfeld, diciéndole que “se sentaría un precedente peligroso si los Estados Unidos autorizan la presencia de ejércitos privados operando fuera del control de la autoridad gubernamental y obedeciendo únicamente a quienes les pagan”. La carta no obtuvo respuesta. El personal que trabaja en ciudades como Faluja con contratos temporales de 10 días cobra unos mil dólares diarios. Cálculos realizados por organismos europeos estiman que las empresas británicas ganaron cerca de 1600 millones de dólares gracias a los contratos de seguridad en Irak.
Vinnell Corp, Custer Batle, Armor Group, Kroll Security International, Global Risk Strategies, Meteoric Tactical Solutions, Trig Guard Force o Blackwater Security Consulting Company son las empresas que se llevaron los contratos más jugosos. Sus directores no dudaron en llamar a los hombres más preparados y oriundos de los cuerpos de elite como los temibles combatientes gurkas. Hasta el mismo gobierno de Nueva Delhi, que rechazó el pedido norteamericano de enviar tropas a Irak, tuvo que reconocer que más de 1500 ex soldados indios se encontraban operando en territorio iraquí a sueldo de grupos privados. Un correo electrónico presentado por Amnistía Internacional da clara cuenta del mercado que se maneja: el pasado 25 de enero, Paolo Simeone, el dueño de DTS Security Llc, envió el siguiente texto a un aspirante a la aventura Mesopotamia: “El trabajo es el siguiente: nosotros protegemos el personal de una multinacional encargada de la reconstrucción del aparato administrativo iraquí. A nosotros nos definen como BG/CP (bodyguard/close protectio). El sueldo es de 6000 dólares por mes. Actualmente estamos negociando contratos más importantes (escolta de hombres políticos o dirigentes de empresas estadounidenses). En ese caso, el sueldo es superior, de 8000 a 9000 dólares mensuales. El servicio prestado exige mucha discreción, es decir, el revólver o la ametralladora no tienen que estar a la vista”. Paolo Simeone fue quien contrató a Fabrizio Quattrocchi, el rehén italiano asesinado en Irak. En la llamada telefónica que Fabrizio Quattrocchi hizo a su familia antes de ser ejecutado, el italiano de 34 años decía: “Estoy bien, todo está tranquilo. En un mes regresaré a casa millonario”. Por lo general, los contratos están regidos por tres períodos: un año, una semana o tres meses. Los colombianos, chilenos o sudafricanos que pululan en los hoteles de Bagdad pueden ganar en un mes lo que no ganarían en un año en sus respectivos países.
Para los países europeos más opuestos a la guerra –Francia y Alemania– el recurso a combatientes regidos por contratos privados representa el fracaso de la estrategia de la administración de George W. Bush. La privatización de la guerra conlleva dos aspectos degradantes: uno, la aparición de hombres que en el pasado sirvieron a las peores causas de la historia y que ahora actúan impunemente en el seno de una sociedad azotada por una guerra cuyo enunciado fue, entre otras cosas, aportar la democracia y el respeto de los derechos fundamentales del hombre. El segundo radica en que esas compañías no trabajan exclusivamente para grupos multinacionales, sino al servicio “institucional” de la coalición. Blackwater Security Consulting Company asegura que ha logrado “establecer una presencia global suministrando un entrenamiento y soluciones tácticas para el siglo XX”. Blackwater es un holding de 5 compañías (Blackwater Training Center, Blackwater Target Systems, Blackwater Security Consulting, Blackwater Canine y Blackwater Air), pero el holding no trabaja para la Coca-Cola, sino para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El grupo argumenta que ha firmado contratos con “agencias federales” –Estado, Transporte–, entidades locales y estatales de EE.UU., corporaciones multinacionales y “naciones amigas” del mundo. Gary Jackson, su presidente, afirma: “Personalizamos y ejecutamos soluciones para nuestros clientes ayudándolos a persistir en los niveles de velocidad que deben reunirse hoy con la entrada en vigor de las leyes patrióticas de seguridad doméstica y los desafíos de la defensa”. El lema de “esta Aguanegra” acota que la misión consiste en “defender la libertad y la democracia donde quiera que sea”. Para ello, brinda “trabajos tácticos para profesionales”.
El centro de entrenamiento por donde pasaron los ex oficiales pinochetistas ofrece un Programa 2004 de Entrenamiento Móvil para organizaciones policiales y paramilitares. El Centro Blackwater tiene 2428 hectáreas y está en Moyock, Carolina del Norte. Blackwater se enorgullece de haber adiestrado a 50.000 hombres desde que se abrió la subcontratación. Aguanegra ha sacado la mejor rodaja de la seguridad “global”. Es ella quien, mediante un contrato de 21 millones de dólares, garantiza la seguridad de Paul Bremer, el administrador civil de Irak.
Vinnell Corp, filial de Northrop Grumman, una de las más importantes empresas de armamentos, también opera en nombre del Pentágono. Vinnell y otra empresa con sede en Virginia, MPRI, suministraron el entrenamiento a las tropas del “nuevo” ejército iraquí. La empresa británica Global Risk tiene a cargo la “protección” de la Autoridad provisoria de la coalición. El ángulo ideológico de la “privatización de la guerra” no es menos degradante que el resto. Como lo reconoce Stéphane, un conocido mercenario francés, “la mayoría de los hombres que combaten en esas condiciones son de extrema derecha, monarquistas o fanáticos de alguna causa extraña. Es común en el medio, tanto como los mitómanos y los charlatanes”. Antes de su viaje a Irak, Yves, otro mercenario local de reconocida trayectoria, admitía, “nosotros somos como las jeringas descartables. Se usan y se tiran”.
Las pérdidas de la coalición no toman en cuenta las de los ejércitos privados. Sin embargo, desde el pasado primero de abril, casi 90 norteamericanos, europeos, sudafricanos y otras nacionalidades murieron en el curso de la insurrección que se desató al cumplirse un año de la caída de Saddam Hussein. Esos muertos casi invisibles que en realidad trabajan para los Estados ocupantes amortizan el costo político de las pérdidas “oficiales”. Yves, el mercenario francés antes citado, explica que, “de todas formas, para el poder político de los Estados es más rentable perder un mercenario que un soldado y, por ende, un elector”. El sistema es “ideal”, reconoce un especialista de la inteligencia francesa:“Esos hombres se desplazan rápido y, como no hay que soportar la infraestructura de derechos necesaria para un soldado normal, son un buen negocio incluso si cuestan caro”. Kenn Kurtz, presidente de Steele Foundation, una empresa que garantizó la seguridad del ex presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide, admite que “para el sector económico de la seguridad, Irak presenta oportunidades que jamás existieron en otra parte”. Tim Meyer, presidente de Meyer and Associates, otro de los prestatarios de servicios de seguridad privados en Irak, dice que no hay que escandalizarse:“La gente que trabaja para nosotros sabe que debe evolucionar en contextos hostiles y peligrosos. No son principiantes y están bien pagados”.
El escándalo internacional que siguió al descubrimiento de las torturas infligidas por los soldados norteamericanos a prisioneros iraquíes de la cárcel de Abu Ghraib no es ajeno a las actividades de los mercenarios. Muchas de las cárceles bajo “administración” norteamericana tienen zonas excluyentes donde se realizan los interrogatorios y a las cuales sólo ingresan los ejércitos privados. Eso es lo que ocurrió en Abu Ghraib y la empresa de seguridad CACI (servicios de defensa, información, inteligencia y seguridad), cuyos dos empleados, Steven Stephanowicz y John Israel, participaron junto con los dos militares acusados en las sesiones de tortura. En suma, torturadores a sueldo y sin bandera. Doug Broks, presidente del International Peace Operations Association, explica que “de todas maneras, esos ejércitos privados llevan a cabo misiones que el ejército regular no quiere ejecutar. Los militares prefieren consagrarse a los combates”. Pero el problema que se plantea con ellos es que estos hombres escapan a toda jurisprudencia. El estatuto de estos “privados” no está cubierto por las convenciones de Ginebra. Como señala un ex general francés, “no podemos decir que se trate de combatientes porque no tienen uniforme y no obedecen a ninguna estructura militar reconocida. Pero tampoco podemos decir que no lo sean porque están armados. Es un rompecabezas peligroso”.
La pasividad de las organizaciones multilaterales es escandalosa. Ninguna institución internacional se pronunció de manera firme contra el empleo de asesinos privados, a menudo oriundos de los peores regímenes queel siglo pasado haya conocido. Aunque se desconozca, existen textos claros que prohíben contratar a mercenarios. Luego del fallido golpe de Estado perpetrado en 1989 por el mercenario francés Bob Denard en las islas Comoras, la ONU elaboró una convención internacional prohibiendo el reclutamiento, la utilización, la financiación y el adiestramiento de mercenarios. El texto entró en vigencia el 20 octubre de 2001, pero sólo fue ratificado por 25 Estados, en su mayoría Estados “víctimas” de los actos de los mercenarios. Casi ninguno de los países que entrena a esos prestatarios de guerras –Estados Unidos, Gran Bretaña, Africa del Sur, Israel– ratificó el texto. Paradojas de la historia, luego del genocidio que se produjo en Ruanda hace 10 años (un millón de muertos), el secretario general de las Naciones Unidas admitió que había pensado en contratar a una empresa privada para impedir otro genocidio. En ese entonces, Kofi Annan dijo que “el mundo no estaba preparado para privatizar la paz”. Georges Bush, al final, abrió las puertas de la privatización de la guerra. François Xavier-Sidos, autor de un libro sobre la historia de los mercenarios, señala que “la privatización de la asistencia técnica militar equivale al resquebrajamiento de los Estados”. Es una “cuestión de dinero y libertad, nada más. En este tipo de actividades, uno no se detiene nunca”, dice Yves, el mercenario francés.
“Sin patria para servir en nombre del honor, pero con una cuenta bancaria bien sólida”, comenta con cierto desprecio un militar francés de rango. Ciertas ONGs internacionales denuncian también la “transferencia de fondos” entre sectores a que conduce la contratación de miles de mercenarios.“Es como desvestir a un santo para vestir a otro”, alega Dominic Nutt, militante en el seno de Ayuda Cristiana. El argumento es sólido. El departamento británico de la Ayuda Internacional al Desarrollo (DAID) tuvo que sacar del presupuesto destinado a la reconstrucción de Irak 278 millones de libras (500 millones de dólares). Ese dinero fue destinado a la seguridad de su personal en Irak. Las consecuencias políticas que acarrean estos escándalos sobrepasan en mucho el contexto iraquí. Según Mohammed El Oifi, del Instituto de estudios políticos de París y gran especialista del mundo árabe, “los norteamericanos han perdido la batalla de la opinión pública iraquí. Ya no pueden pretender ganar el corazón de la gente. Lo único que les queda es la fuerza o la corrupción. A través del mundo árabe, todos los partidarios de la democracia y de los derechos humanos se sienten huérfanos. Los valores del proyecto norteamericano han dejado de contar con el apoyo necesario. A nadie le gusta el mensajero”.