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El gobierno colombiano y los paramilitares de ultraderecha iniciaron formalmente ayer las negociaciones de paz para desmovilizar antes del 2006 a unos 20.000 hombres, bajo la condición de que haya un cese de hostilidades y de las actividades vinculadas al narcotráfico, a cambio de una eximición de penas de cárcel y extradiciones. El gesto gubernamental busca incorporar a los paramilitares a la vida política, en un movimiento que “cambiará las botas por los votos y el debate por el combate”, aseguran fuentes gubernamentales. Pero Kofi Annan, secretario general de la ONU, advirtió que esto no sirva para la “impunidad” de los crímenes cometidos por estos comandos.
El comienzo formal del diálogo entre el gobierno y los paramilitares se inició con la liberación del ex senador José Eduardo Gnecco, que había sido secuestrado por los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) el domingo. La mayor ausencia en la ceremonia de negociación fue la de Carlos Castaño, uno de los dos principales jefes de las AUC, quien inició las tratativas informales hace dos años, hoy desaparecido, y a quien se da por muerto, según el ministro de Interior y Justicia, Sabas Pretelt. Castaño había sido secuestrado por un comando paramilitar rival en una finca entre los departamentos de Antioquia y Córdoba, cerca de la zona donde ayer se inició el diálogo de paz. Castaño se había distanciado del otro jefe de las AUC, Salvatore Mancuso, quien asistió a la multitudinaria reunión y estrechó la mano del comisionado de Paz, Carlos Restrepo. Castaño y Mancuso tienen orden de extradición de un tribunal norteamericano por cargos de narcotráfico.
El gobierno de Uribe aseguró que la situación de aquellos jefes paramilitares “que resulten responsables de delitos que no pueden ser indultados ni amnistiados” será resuelto por medio de un proyecto de alternatividad penal que impulsa el Ejecutivo a ser estudiado por el Congreso, a partir del próximo 20 de julio.
El comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo recordó que como parte de los acuerdos las autodefensas deben “deben abstenerse de homicidios, amenazas, desplazamientos, secuestros, extorsiones, desapariciones forzadas y comprometerse al abandono total de las actividades relacionadas con el negocio de la droga”. La OEA, que actuará como verificador de las conversaciones, definió como “la hora de la verdad” al proceso de paz.
Las AUC estuvieron representadas por unos diez jefes, entre ellos Mancuso, Ernesto Báez y “Adolfo Paz”. La representación diplomática fue reducida, con algunos embajadores latinoamericanos, el delegado de la OEA, el argentino Sergio Caramagna y el nuncio apostólico, Beniamino Stella.
El acto, al que asistieron unos 800 invitados, se llevó a cabo en Santa Fe de Ralito, en la zona de reubicación paramilitar de 368 kilómetros cuadrados, en un escenario especialmente montado cubierto por una lona de 1200 metros cuadrados. Allí se concentraron, bajo extremas medidas de seguridad, la cúpula paramilitar y 400 de sus hombres.
Con la ceremonia de ayer se cerró una accidentada etapa de acercamientos iniciada en diciembre de 2002 con la suspensión unilateral de hostilidades por parte de los paramilitares. Ese alto el fuego se enrareció luego por los cuestionamientos de Estados Unidos, la desaparición de Castaño y el secuestro del ex congresista Jorge Gnecco, raptado el domingo y liberado ayer. Las negociaciones buscan desvincular de la guerra interna a unos 20.000 paramilitares antes de finalizar el 2006, sin penas de cárcel ni extradiciones, según lo exigido en reiteradas ocasiones por los líderes de las AUC.
Desde Nueva York, el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, dijo que las conversaciones deben llevar al desarme de los paramilitares y advirtió que “el proceso no debe permitir amnistías generales o impunidad de facto” para los numerosos crímenes cometidos por estos grupos armados, que nacieron en los años ochenta al amparo del narcotráfico y con la ayuda de algunos militares colombianos, para combatir a las guerrillas izquierdistas.