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Uruguay dio ayer un paso histórico cuando un juez concedió la extradición a Chile de tres militares por violaciones a los derechos humanos. Son investigados en Chile por el asesinato de Eugenio Berríos, un ex agente secreto de la dictadura de Augusto Pinochet. El fallo del juez uruguayo Gustavo Mirabal será apelado, dijo Amadeo Otatti, abogado de los oficiales involucrados, dos coroneles en actividad, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli, y uno retirado, Tomás Casella. El juez chileno Alejandro Madrid solicitó a la Justicia uruguaya la extradición de los tres militares para juzgarlos por asociación ilícita y secuestro.
El químico Berríos fue agente de la DINA, la policía política de Pinochet, y tras el retorno de la democracia viajó ilegalmente a Uruguay en 1991 para evitar que la Justicia chilena lo forzara a declarar en causas por violaciones a los derechos humanos. El juez chileno Adolfo Bañados lo buscaba en esa época para interrogarlo por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier y su secretaria estadounidense, Ronni Moffitt, en un atentado cometido en 1976 en Washington y atribuido a la DINA. En Uruguay escapó a sus custodios de la ex DINA pero fue recapturado con la colaboración de militares uruguayos, y años después fue hallado su cadáver con dos disparos en la cabeza en una playa cercana a unos 25 kilómetros de Montevideo. La investigación llegó a la conclusión de que con el crimen se procuró silenciar a Berríos.
La senadora chilena Carmen Frei solicitó recientemente una definición del pedido de extradición de los militares uruguayos involucrados, ya que se sospecha que Berríos tuvo que ver también con la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva en 1982. El democristiano Frei Montalva murió a los 71 años en circunstancias poco claras en una clínica de Santiago cuando integraba la oposición a la dictadura de Pinochet.
Como autores del secuestro y asesinato de Berríos están procesados en Santiago los mayores retirados chilenos Arturo Silva Valdés y Jaime Torres Gacitúa, además de dos ex jefes de la DINA acusados de obstruir la investigación judicial e integrar una asociación ilícita. Los tres militares uruguayos, cuya extradición dispuso el juez Mirabal, están acusados en Chile de integrar la asociación ilícita responsable del secuestro y asesinato de Berríos.
Con este fallo, Uruguay dio un paso contra la impunidad de los militares, opinaron ayer organizaciones de defensa de los derechos humanos. La decisión del juez Gustavo Mirabal de conceder la extradición “me parece ajustada a derecho. El hecho de que sean militares no les otorga ninguna impunidad, y es un paso importante para el esclarecimiento del caso”, declaró el abogado Diego Caamaño del Instituto de Estudios Legales y Sociales de Uruguay (Ielsur). “Se trata de un caso grave de violación de los derechos humanos, estuvieron involucradas las estructuras de poder –militares y policiales– y el fallo deja claro un mensaje de no a la impunidad”, subrayó Caamaño, quien recordó que sería la primera vez que Uruguay extraditaría a nacionales por crímenes de lesa humanidad.
Por su parte, el abogado Javier Miranda, del movimiento de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Fedefam-Uruguay) durante la dictadura militar uruguaya, aseguró que “es un avance enorme”. “Lo menos que pueden hacer es colaborar con la Justicia chilena, esto es realmente bueno, son tribunales de dos países democráticos”, añadió. En su opinión “es muy probable” que el caso Berríos sea un coletazo del denominado Plan Cóndor, en cuyo marco las dictaduras del Cono Sur coordinaron la represión en la región durante los años ’70, pero “dejemos actuar a la Justicia para determinarlo”, señaló.