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La presencia de una guardia de seguridad privada en las Escuelas Técnicas Raggio, en el barrio porteño de Núñez, generó una fuerte polémica porque un grupo de padres denunció que los vigiladores cumplen funciones impropias, como preceptores, situación que fue desmentida por el rector del establecimiento educativo, que depende de la Secretaría de Educación del gobierno porteño. “Los guardias, tres por cada uno de los tres turnos, cumplen correctamente con sus tareas de seguridad y no actúan como preceptores”, aseguró el rector José Luis Rossi, en diálogo con Página/12. Desde la otra vereda, 22 padres que se presentaron ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad aseguraron que los guardias de la empresa Search, “armados con bastones, circulan por el interior del establecimiento y permanecen en los accesos al mismo, ejerciendo funciones de preceptoría”, dado que piden los “cuadernos de comunicaciones” y “tienen autorización para revisar mochilas y pertenencias” de los alumnos.
La única coincidencia entre las partes es que la presencia de los guardias de Search se produjo a partir del mes de febrero. El rector Rossi dijo que desde la escuela se venían reclamando medidas de seguridad “por una serie de robos y hechos de violencia que afectaban a los alumnos”. Por ese motivo, se hizo una reunión “junto con la cooperadora y con el Centro de Estudiantes para aprobar la contratación, por parte del Gobierno de la Ciudad, de seguridad privada” para custodiar el ingreso y egreso por las dos entradas que tiene el predio de cuatro hectáreas que ocupa la escuela, en Avenida del Libertador y General Paz.
Rossi admitió que “diez o doce padres” presentaron una primera queja contra la guardia privada en el mes de marzo “cuando uno de los empleados de seguridad le cortó con una pinza la cadena de la bicicleta a uno de los alumnos”, alegando que la había dejado mal estacionada. El defensor adjunto de la ciudad, Gustavo Lesbegueris, precisó que el episodio de la cadena y el candado rotos provocó “un reclamo que fue recibido por la escuela, y la jefa de Disciplina del turno mañana, señora Marta Mosquera, le compró (al alumno) una cadena nueva con su propio dinero”.
De acuerdo con la denuncia recibida por la Defensoría, algunos alumnos, a través de sus padres, denunciaron ser “víctimas de la conducta amenazante de algunos de los agentes de seguridad”, con el agravante de que no podían identificarlos porque “no exhiben una placa o tarjeta” que determine la identidad. Otra de las quejas se debió a que, según la denuncia, los vigiladores “revisaban la mochila de los alumnos, les pedían sus cuadernos de comunicaciones y se paseaban dentro del colegio, cuando sólo deberían encargarse de custodiar las puertas de acceso”. Los padres expresaron su temor porque pudieran ocurrir “situaciones de abuso de poder y que no haya autoridad escolar que las limite”.
A raíz de la denuncia, el 12 de mayo visitó el colegio Gustavo Gallo, de la Coordinación Legal y Técnica del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad. En su informe, Gallo sostuvo que pudo observar “cómo a los alumnos se les requisaban sus mochilas al salir” del establecimiento. Respecto de las requisas, el rector Rossi aseguró que “no se hace ese tipo de control, salvo cuando se saca algún bulto grande por la salida posterior, donde está el estacionamiento, dado que se han producido algunos hechos delictivos”.
Fuentes de la Secretaría de Educación dijeron a este diario que las Escuelas Raggio “no son las únicas que tienen vigilancia privada y nunca hubo problemas en ningún lado”. Señalaron, además, que “el rector y los 480 docentes desmintieron las supuestas irregularidades denunciadas por un grupo de padres muy pequeño, teniendo en cuenta que al establecimiento concurren 2300 alumnos y que el Centro de Estudiantes nunca hizo ninguna demanda en el mismo sentido”.
De todas maneras, el director de Educación Media de la Ciudad de Buenos Aires, Domingo Tavarone, anticipó que convocará a los padres a una reunión que se hará el miércoles “para analizar la veracidad de las denuncias ytomar las decisiones que correspondan”. Lesbegueris dijo que viene interviniendo desde junio y que, si bien “es un tema que se debe investigar para establecer lo que pasa, lo que llama la atención es que hasta ahora no hayamos recibido ninguna respuesta a nuestros pedidos de informes”. El defensor adjunto recordó que cuando la Defensoría visitó el lugar, “vio y fotografió un cartel que autorizaba a revisar los bolsos”.