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La eliminación del tope indemnizatorio dispuesto por la Corte esta semana desató una ola de protestas furiosas en algunos sectores empresarios y fue muy amplificada por algunos medios económicos que llegaron al extremo de publicar cuadros absurdos que aseguraban que el costo laboral en la Argentina era uno de los más altos del mundo. Hasta algunos dirigentes gremiales, como el co-secretario general de la CGT José Luis Lingeri, acostumbrados al discurso de la flexibilización, expresaron su preocupación por el impacto que podría tener esta decisión en la futura generación de empleo.
La reacción fue desmedida en relación con el efecto real que pueda tener el fallo de la Corte, que alcanza a sueldos mayores de dos mil pesos. Fue más política que otra cosa, como si la Corte les hubiera inferido una ofensa. El fallo y esa reacción son síntomas de algunos cambios. Porque hacía mucho tiempo que los fallos judiciales siempre eran contrarios al trabajador, lo cual se daba por descontado. Formaba parte de una filosofía tan instalada que hasta un dirigente sindical, como es el caso de Lingeri, la había tomado como propia.
Resulta todavía más paradójico que esa idea se instalara con tanta fuerza porque las constataciones de la realidad eran totalmente contrarias a esa lógica. Con flexibilización y todo, el desempleo llegó a pasar los 20 puntos, un índice que rompió todos los records en un país donde esa marca nunca había superado el dígito con legislaciones laborales mucho más favorables a los trabajadores que las actuales. Cuando la actividad productiva es débil, el trabajo se devalúa y la flexibilización es una manifestación de esa pérdida del valor. Cuando la actividad productiva resulta más atractiva que la rentístico-financiera sucede lo contrario y la relación empleador-empleado entra en otra lógica, más conflictiva, porque al mismo tiempo tiende a ser más equilibrada, hay margen para la discusión y el reclamo, sobre todo si se parte de una situación totalmente desigual.
Más allá de los índices y ante el hecho real de que la devaluación bajó el costo laboral y restó un 30 por ciento la capacidad adquisitiva de los trabajadores, la otra manifestación de este cambio de clima es la proliferación de conflictos gremiales atados al salario, sobre todo en docentes y estatales, pero también en algunos sectores de la actividad privada. Tras muchos años de ostracismo, el tema del salario pasó a convertirse en un factor importante en la discusión de los procesos económicos y así surgió en estos días una propuesta de un sector de la Unión Industrial que se centraba en la idea de salarios altos como motor del consumo y la producción.
El protagonismo de las centrales obreras en el Consejo del Salario y sus reuniones con Néstor Kirchner, que han ocupado buena parte de la información de los últimos días con un centimetraje que los gremialistas no tenían hace mucho tiempo, demuestra que se va transformando también el marco para la discusión política en la Argentina por el propio peso del proceso económico.
Las páginas gremiales de los periódicos, que durante mucho tiempo constituyeron secciones importantes en los medios nacionales, con periodistas especializados, desaparecieron hace ya varios años. El periodista de temas gremiales se volvió anacrónico. Para los que recuerdan la lectura de los diarios en aquellos años, resulta sorprendente ahora la forma en que muy progresivamente, sin llegar a ser un aluvión, comienza a reaparecer la información sobre estos temas. Hasta en los gremios pareciera vivirse un clima distinto y comienzan a reavivarse listas de oposición que durante mucho tiempo se limitaron a sobrevivir penosamente. Disputas por elecciones en la Unión Ferroviaria o en el sindicato de la alimentación y hasta comicios con probabilidades de ser reñidos en la UOM, para suceder al fallecido Lorenzo Miguel, aparecen como datos fragmentados de una realidad que lentamente empieza a modificarse.
Sigue siendo un proceso frágil, que apenas comienza a manifestarse y que choca con un altísimo índice de desocupación que lo debilita. Pero no deja de ser un termómetro de nuevas tendencias. El problema es que también la desocupación y los bajos salarios se convierten en un tope para el proceso de reactivación del mercado interno y el consumo con lo cual se rompe el círculo del proceso económico.
Los índices que dio a conocer ayer el Indec y que entusiasmaron al Gobierno, ya que le permitieron a Kirchner anunciar la disminución de la pobreza y la indigencia, están relacionados también con el salario. El factor que más incidió en estas variaciones fueron los incrementos instalados por decreto. Pese a que las cifras no fueron tan importantes, permitieron que muchos trabajadores, cuyos hogares se encontraban en el límite por debajo de las líneas de pobreza o de indigencia, las sobrepasaran para quedar apenas por encima de esos límites.
La lucha contra el desempleo y la pobreza tiene un andarivel económico y otro político porque, sin decisión política, esos problemas seguirán existiendo aunque crezca la economía. Ese plano es el que conforma la mesa de arena de la discusión política de fondo, que en estos momentos se expresa en el destino que se le dará al superávit fiscal ya que delineará el perfil social del país para los próximos años.
El Gobierno desechó la idea de un aumento de los subsidios a los desempleados o su universalización. Estudió la vía de incrementar el consumo para apoyar la reactivación bajando tres puntos del IVA, pero también la desechó porque llegó a la conclusión de que esa baja apenas afectaría los precios al consumidor. También dejó de lado la idea de una baja de diez puntos del IVA a alimentos de consumo popular por las dificultades que implicaría su aplicación. Al mismo tiempo, se propone dar un fuerte impulso a un plan de obras públicas y de construcción de viviendas. El plan ha sido anunciado varias veces, pero la mayoría de las obras están aún en la etapa de licitación y se supone que en noviembre comenzará a sentirse su efecto. Este plan ya estaba previsto antes de que se pensara en las reducciones impositivas que finalmente no se decidieron, por lo que el Gobierno cuenta aún con un excedente importante para volcarlo al mercado con un sentido económico y social.
Quizá por la inercia de los años anteriores, la discusión sobre estos temas ha quedado encerrada en los marcos mismos del Gobierno, sin que llegara a convertirse en parte del debate político. Como si los demás actores no tuvieran nada que opinar al respecto. Durante muchos años, las fuerzas políticas aceptaron que las decisiones de tipo económico no fueran temas políticos, porque supuestamente los márgenes que dejaban los mercados eran tan estrechos que cualquiera que gobernara tenía que resignarse a hacer lo mismo. Se habla de la transparencia en la gestión o de las formas autoritarias o menos democráticas y de las actitudes de los funcionarios, pero no hubo debate político sobre el destino final del importante superávit que acumuló el Gobierno. En estos temas han intervenido con más reflejos las organizaciones sociales, desde la CGT y la CTA, hasta las organizaciones piqueteras y las entidades empresarias. Es como si las fuerzas políticas evitaran intervenir en este tipo de planteos, con lo cual recortan y achican el espacio de la política.
Sin embargo, la suerte del Gobierno en el plano político estará íntimamente ligada a la inteligencia, la audacia o la sensibilidad con que utilice un capital que difícilmente vuelva a captar en los próximos años. No se trata solamente del crecimiento económico, sino también de la equidad en el reparto.