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El fiscal Danilo Anderson se transformó ayer en la primera víctima de un acto terrorista en Venezuela en décadas. Anderson era un emblemático fiscal que investigaba a opositores por el golpe de Estado de 2002 contra el presidente Hugo Chávez. Fue asesinado en Caracas con una bomba bajo su camioneta, en un hecho que el gobierno calificó ayer de “acto político para amedrentar al Poder Judicial”. Chávez afirmó ayer en el velatorio que no se impondrá “la agenda de la violencia” en el país y dijo que el funcionario es “mártir de este pueblo”.
“Llamamos a los venezolanos a la unión. No nos van a imponer la agenda de la violencia, hemos derrotado anteriormente a los que pretenden llevarnos por ese camino, habrá paz”, expresó Chávez, que suspendió un viaje a Costa Rica para participar de la Cumbre Iberoamericana. “No pudieron comprarlo, no pudieron chantajearlo, lo asesinaron; pero no lo asesinaron, porque se convierte en mártir de este pueblo”, dijo el mandatario, que acudió a la sede de la Fiscalía General en el centro capitalino, donde es velado Anderson. Alrededor del edificio se concentraban cientos de personas para protestar por el asesinato. Los manifestantes pedían “limpieza en la Fiscalía”, organismo al que acusan de albergar a funcionarios que promueven la impunidad de los autores del golpe contra Chávez. Los manifestantes coreaban “Justicia, justicia” y llevaban carteles que decían: “No al fascismo, no al terrorismo”.
El asesinato de Anderson recibió el repudio unánime de todas las fuerzas políticas venezolanas, incluidas la oposición y la jerarquía de la Iglesia católica, que apoyaron el golpe del 2002. El fiscal murió en una calle de Caracas cuando explotaron dos cargas que presumiblemente fueron colocadas bajo el asiento del vehículo que conducía. Anderson, de 38 años, quedó calcinado tras la explosión de su vehículo y su muerte sólo se pudo confirmar horas después del atentado, una vez que los médicos forenses certificaron, tras análisis especiales, que se trataba de su cuerpo.
“Esto fue un atentado terrorista”, declaró el ministro del Interior y Justicia, Jesse Chacón. El funcionario destacó la valentía del fiscal Anderson y se comprometió “ante el país a llevar hasta el fondo las investigaciones para dar con los responsables de su asesinato”, tras lo cual exclamó: “Basta de impunidad”. Luego de conversar con familiares del fiscal en la morgue de Bello Monte, Chacón dijo que “no es el momento de la revancha, sino de la reflexión. Sólo los organismos jurisdiccionales y de investigación pueden decir quién fue el autor del crimen”.
Por su parte, el vicepresidente Rangel relacionó el asesinato con una reciente declaración del conductor televisivo Orlando Urdaneta, que dijo en Miami que sólo con un atentado podía ser derrocado Chávez. Al salir de una reunión de emergencia, ayer al mediodía en el Parlamento, Rangel dijo que “estas declaraciones sobre un atentado contra el jefe de Estado deben ser analizadas en este momento con relación al de Anderson”. El ministro de Comunicación Andrés Izarra atribuyó el asesinato de Anderson a “fascistas y terroristas”, algunos de los cuales “se entrenan” y exhortan al magnicidio desde Miami, por lo que pidió explicaciones a Estados Unidos. Washington ayer condenó “tajantemente” el asesinato. El vicepresidente anunció la adopción de medidas especiales de seguridad, pero descartó la implantación del estado de excepción. Luego agregó que la Embajada de Estados Unidos en Caracas está obligada a explicar por qué las autoridades de ese país permiten a Urdaneta esos pronunciamientos, informó el diario El Nacional.
Anderson se preparaba para imputar delitos de rebelión a unas 400 personas que suscribieron el decreto que “disolvió” la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo, durante el fugaz derrocamiento de Chávez, el 11 y 12 de abril del 2002. Un desopilante fallo de una de las salas del Tribunal Supremo, en agosto de 2002, otorgó impunidad a cuatro jefes militares del golpe que dejó medio centenar de muertos, con el argumento de que “no hubo golpe de Estado en Venezuela, sino vacío de poder”. La oposición acusaba a Anderson de adherir al chavismo y promover una “persecución jurídica”contra los golpistas, para los que diputados opositores propusieron hace una semana una “amnistía”, sin lograr adhesión en la Asamblea Nacional.