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El grupo que el miércoles puso las bombas en los cajeros automáticos está constituido por, al menos, tres hombres y una mujer, aparentemente jóvenes, pero la lógica indica que debieron haber actuado como cómplices al menos otras tres personas ya que, como marca la experiencia, el traslado debió hacerse en autos y seguramente alguien quedó esperando al volante, listo para partir. Hasta el momento, los investigadores tienen escasas pistas sobre los atacantes y sólo algún testigo ocasional –que debió estar cerca de los bancos a la una de la mañana, cuando se colocaron los artefactos– podría dar algún elemento que lleve a detectar a los responsables. Tal como adelantó Página/12, los artefactos explosivos eran rudimentarios y la hipótesis que se maneja en el juzgado es que se pretendió que estallaran a las dos o tres de la mañana, provocando ruido y daños. Sin embargo, el mecanismo falló en su diseño y ninguno de los artefactos detonó. Sólo lo hicieron mucho más tarde, cuando fueron movidos por el vigilador que resultó muerto, por un encargado y por la propia policía.
El jueves, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, habló de “mano de obra desocupada” como autora de los atentados, sugiriendo de esa manera que se trata de grupos relacionados con ex integrantes de las fuerzas de seguridad o de inteligencia que, intentando crear un estado de conmoción, quieren presionar a favor de las políticas de mano dura y para que les den más poder. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, hubo numerosos atentados de este tipo y bombas parecidas se colocaron invariablemente en épocas electorales. Esta vez, la oportunidad fue la visita de los mandatarios de Corea del Sur, China y los reyes de España.
La visualización de los videos de seguridad de los bancos, que nuevamente entregaron imágenes de mala calidad, permitió igualmente determinar que las tres personas que colocaron los artefactos explosivos eran diferentes. Ello se estableció en virtud de las diferencias en la contextura física. A ello hay que agregar que, en uno de los casos, se percibe también a una mujer actuando de campana. Como se sabe, los rostros de los individuos no quedaron expuestos porque estaban tapados por gorros. El juez Daniel Rafecas y el fiscal Gerardo Pollicita son quienes instruyen la causa y el magistrado le pidió a la Policía Federal que recorra de noche los alrededores de las sucursales afectadas para ver si puede encontrar algún comercio que funcione las 24 horas y en el que tal vez aparezca algún testigo valioso.
Ayer, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, reiteró la postura del Gobierno: “Tenemos que detectar a los autores; la gente debe saber que la decisión absoluta de este gobierno es no tolerar este tipo de cosas. Hay que caerles con todo el peso de la ley como corresponde en un estado de derecho”.
Como suele ocurrir, hechos de esta naturaleza producen una especie de efecto imitación, de manera que en los últimos días se ha hecho casi habitual la existencia de amenazas de bomba. Ayer, por ejemplo, una voz anónima avisó que se había dejado un artefacto explosivo en el despacho del juez Jorge Urso, quien horas antes había rechazado un pedido de eximición de prisión presentado por el ex presidente Carlos Menem. Obviamente, la amenaza de bomba resultó falsa. Durante la mañana, las brigadas de explosivos de la Policía Federal tuvieron que concurrir a Parque Avellaneda y a Constitución porque también hubo amenazas. En un caso se trató de una lata de pintura y, en el otro, el bulto sospechoso era una bolsa de basura. Por último, también el SAME tuvo que ser desalojado por una llamada anónima al número 103 dando cuenta de que se había colocado una bomba, que tampoco existió.