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Chile busca cerrar las heridas que dejó la dictadura. La Armada de Chile ayer admitió, por primera vez, la participación de oficiales y subalternos de esa institución en las prácticas de torturas que aplicó la dictadura del general Augusto Pinochet. Un comunicado de la rama castrense aceptó además “como verdaderos todos los testimonios” de un informe sobre la tortura. Por otra parte, Pinochet deberá enfrentarse a una nueva ofensiva judicial de las organizaciones de derechos humanos chilenas. El informe sobre la práctica de la tortura durante la dictadura fue difundido el domingo.
El anuncio de la Armada se sumó al pronunciamiento del Ejército, que antes de la difusión del informe reconoció que la aplicación de tormentos a los prisioneros del régimen de Pinochet fue una práctica institucional. La declaración de la rama naval precisó en cambio que esa institución “jamás ha validado y ni siquiera insinuado la aplicación de tortura”. “No obstante, a la luz de los testimonios recogidos por la Comisión, no podemos sino reconocer que en la cadena jerárquica de quienes estaban encargados de los procesos de interrogación, hubo personas y mandos que cometieron, autorizaron o simplemente permitieron que en los recintos de detención a su cargo ocurrieran tan lamentables hechos.” La nota de la Armada alude en particular al buque escuela Esmeralda, que al principio del régimen fue utilizado como cárcel y centro de torturas, por lo que a su paso por los puertos de diferentes países fue objeto de manifestaciones de repudio durante los últimos años. “Fue desafortunado que ese buque haya sido utilizado como centro de detención, aun cuando hubiese sido sólo por dos semanas. Peor todavía, que se hubiese constituido a bordo una unidad especial para interrogar bajo tortura a los detenidos. Al respecto, estamos disponibles para hacer lo que esté a nuestro alcance, como un gesto de desagravio y reconciliación”, señala el comunicado.
Los abogados Hugo Gutiérrez, Alfredo Morgado y Roberto Avila anunciaron que presentarán la primera querella contra Pinochet y otros ex militares por los delitos de asociación ilícita y aplicación de tormentos. El informe, dirigido por el obispo católico Sergio Valech, fue elaborado sobre la base de 28.000 relatos recogidos durante más de un año. Junto a la publicación del “Informe Valech”, el presidente Ricardo Lagos dijo en un mensaje al país que la tortura bajo el régimen de Pinochet fue “una práctica institucional de Estado”.
El documento de la comisión investigadora no consignó los nombres de las víctimas ni los victimarios y propuso reparaciones para los torturados, que podrán recibir una pensión vitalicia de alrededor de 200 dólares. “La reparación es insuficiente, porque el informe no identifica a los torturadores para que sean llevados ante los tribunales, y conocer sus nombres también es una forma de reparación”, señaló Viviana Díaz, secretaria general de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Ayer ocurrió un incidente en la sede del gobierno chileno entre generales retirados del Ejército y militantes de la izquierda que habían concurrido al recinto con el fin de dejar cartas dirigidas a Lagos para expresar su insatisfacción por el informe. El general retirado Rafael Villarroel, que encabezaba la comitiva castrense, debió escapar por la puerta trasera después de ser abucheado. Villarroel, que fue un estrecho colaborador de Pinochet, fue censurado por la Presidencia de la República por haber hecho declaraciones a la prensa en el Palacio sin autorización.