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El “milagro” de Navidad para Augusto Pinochet llegó anticipadamente ayer y el ex dictador chileno fue dado de alta rápidamente después de haber estado supuestamente al borde de la muerte el sábado pasado. Al momento de su salida, permanecía aún el interrogante respecto de su orden de arresto, ya que la Corte Suprema no se pronunció sobre la apelación presentada por su defensa para anularla, después de que la Corte de Apelaciones sí lo hiciera en contra el lunes pasado. Pero fuentes del foro dijeron que pensaban que el fallo definitivo se produciría hoy, para un ex dictador cuya salud empeora según cuál sea el cuadro de su situación procesal.
El enfermo imaginario recibió de su cohorte de médicos el permiso para volver a su casa, después de que el capellán del hospital militar pusiera su granito de arena a esta gran farsa de Molière, entregándole la extremaunción sólo dos días antes. Mientras tanto, el silencio reinaba en la Corte Suprema. Y Pinochet retorna a casa sin saber si la espada de Damocles de la orden de arresto del juez Juan Guzmán Tapia pende o no sobre su desmemoriada y “moderadamente” insana cabeza. Después de que el recurso presentado por la defensa para anular la orden de arresto de Guzmán Tapia fuera rechazado por la Corte de Apelaciones el lunes de esta semana, los abogados sacaron el último as de la manga apelando a la Corte Suprema chilena.
Los magistrados de la Segunda Sala de la Corte Suprema escucharon los alegatos del jefe del equipo defensor de Pinochet, Pablo Rodríguez, y de siete juristas de la parte querellante. Tras la sesión, se anunció que se llegó a un acuerdo respecto de la resolución, lo que significa que los jueces ya definieron su postura pero que será divulgada en los próximos días. Una eventual ratificación de las decisiones de Guzmán dejaría a Pinochet bajo arresto domiciliario y a las puertas de un juicio, aunque Rodríguez anticipó que la defensa continuará interponiendo “todas las herramientas legales” para evitar esa instancia.
Rodríguez insistió ante la Corte Suprema en que Guzmán violó el debido proceso al encausar y ordenar el arresto de su cliente a pesar de que evaluaciones médicas indican que éste sufre una demencia subcortical moderada, que ha empeorado ligeramente respecto de otros exámenes que en 2002 llevaron al mismo tribunal a sobreseerlo en otro caso. Asimismo, señaló que Pinochet corre un grave peligro de muerte si vuelve a sufrir otro accidente cerebro-vascular como el del pasado fin de semana.
Por su parte, para los querellantes, Pinochet es, si no un enfermo imaginario, al menos un enfermo “curioso”. El abogado Eduardo Contreras expresó que el estado de salud de Pinochet no tiene nada que ver con la realidad procesal. “En todo caso se trata de un enfermo muy curioso al que se le otorga la extremaunción el sábado y se le da de alta el miércoles”, dijo el abogado. “El criminal nazi Rudolf Hess fue condenado, a pesar de que tenía una serie de trastornos mentales y de memoria, porque se consideró que tenía perfecta conciencia respecto de la naturaleza de los delitos que había cometido ... creo que este ejemplo es válido para Pinochet”, señaló el abogado. La tesis de Contreras es respaldada en general por todas las asociaciones en defensa de los derechos humanos, que ven en la internación el peligro de muerte y el posterior retorno a casa de Pinochet un teatro orquestado destinado a influir en el veredicto judicial. Además del caso “Operación Cóndor”, Pinochet tiene un complejo panorama judicial por la investigación que realiza desde agosto pasado el juez Sergio Muñoz, a raíz de denuncias del Senado de Estados Unidos sobre cuentas secretas que éste manejó en el Banco Riggs de Washington entre 1994 y 2002, con fondos de entre cuatro y ocho millones de dólares.
Mientras la estrella de la dictadura chilena sufre la caída en desgracia, otros protagonistas de esa época un poco más anónimos también enfrentan a la Justicia. Cinco ex agentes secretos de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) durante la dictadura recibieron ayer la notificación del juez Alejandro Solís de que fueron condenados a diez años de cárcel, por la detención de un contador que permanece desaparecido. Solís aplicó en su sentencia el nuevo criterio que aprobó la Corte Suprema el pasado 17 de noviembre, cuando determinó que un decreto de amnistía dictado por Pinochet “no es aplicable” en los casos de los desaparecidos.

La impunidad no está de moda.