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Por Pilar Lozano *
Desde Bogotá

El gobierno colombiano tiene un plan, un proyecto de ley, para negociar el desarme de los paramilitares de ultraderecha. El problema es que el propio gobierno no sabe en qué consiste su plan. Hace dos semanas presentó ante la comunidad internacional el proyecto Justicia y Paz. Después, el propio gobierno presentó otro mucho más blando. Y ahora prepara un tercero que sería una mezcla de los dos. En ese contexto, los paras Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) advirtieron ayer a través de Internet y de una emisora de radio que cortarán las conversaciones de paz con el gobierno del presidente Alvaro Uribe si el plan que se aprueba les lleva a un “proceso humillante de sometimiento” al veredicto de los jueces. El gobierno señaló que el proyecto de ley en discusión “no ha sido ni será tema de negociación con las organizaciones armadas ilegales” y les dio como plazo cinco días para desmovilizarse, en caso de que cumplieran su amenaza de romper el proceso de paz.
Los disensos en el gobierno colombiano comenzaron hace dos semanas, cuando el ministro del Interior, Sabas Pretelt, presentó el plan Proyecto y Paz, que contemplaba condenas justas, confesión “completa y fidedigna” de los paramilitares y un resarcimiento efectivo a las víctimas, que, según los críticos del plan, podría afectar de manera grave las finanzas del Estado. Pocos días después, el vicepresidente del gobierno, Francisco Santos, expresó su desacuerdo con el proyecto del ministro del Interior. El Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, se reunió con Uribe no sólo para mostrarle su descontento con el ministro del Interior, sino para presentarle su dimisión a causa de dicho proyecto. Restrepo cree que el plan del ministro del Interior es producto de las presiones internacionales y aboga por soluciones de manga ancha para los paras. El presidente Alvaro Uribe no sólo no aceptó la renuncia de Restrepo, sino que dio vía libre a los desacuerdos dentro de su equipo. Y así nació en pocos días otro proyecto de ley alternativo al del ministro Sabas Pretelt. En este nuevo plan se contemplan penas alternativas a la cárcel, se da facultades al presidente para suspender penas y establece rebajas en función de la colaboración con la autoridad.
Pronto se alzaron también voces críticas contra ese plan. El senador uribista Rafael Pardo lo calificó como “feria de rebajas de penas”. Y agregó a este periódico: “Esta confusión puede llevar a que salga del Congreso un proyecto que favorezca el crimen organizado”. Desde el viernes pasado, Uribe reunió a su gobierno en su residencia para unificar posiciones. De esos encuentros quedó clara una cosa. El proyecto de ley para firmar la paz con los paramilitares no debe regirse por la impunidad, pero tampoco por el sometimiento a la ley. Con lo cual, el gobierno trabaja en un tercer plan del que aún no se conocen detalles.
El senador Rafael Pardo cree que el único camino para desmontar la estructura de acumulación de poder económico y político que tienen los paras, en más de 300 de los 1100 municipios del país, es una investigación judicial que aclare las responsabilidades de cada persona que se acoja al proceso de paz.
Gustavo Petro, ex guerrillero y hoy congresista del Polo Democrático, apoya la postura de Pardo: “De la confesión de los paras debe salir una larga lista de funcionarios públicos que financiaron, auspiciaron o fueron cómplices de los crímenes de estos grupos”. Y aclara: “La idea no es condenarlos. Es saber quiénes son, para que no sigan matando; es tener una memoria colectiva”. El analista Alfredo Rangel ve esta posibilidad como utópica: “En un proceso de paz que se hace en medio de la guerra (los dos grandes grupos guerrilleros FARC y ELN siguen activos) aspirar a un conocimiento pleno de la verdad es una ilusión”.
Ante las amenazas de las AUC de romper el diálogo de paz si el proyecto votado no es de su agrado, el gobierno replicó que si cortan el proceso de paz, sólo tendrán cinco días para retirarse de la zona especial en la que están concentradas. “El gobierno no acepta ningún tipo de presión frente al proyecto de Ley de Justicia y Paz en discusión”, advirtió Restrepo.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.