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El PTB está bajo la lupa, pero también el mismo PT. El Congreso brasileño ayer creó una comisión especial que investigará escándalos de corrupción que tienen en jaque al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mientras el Partido Trabalhista Brasileño (PTB) se debatía entre seguir o no en la coalición de gobierno. La comisión, integrada por 16 senadores e igual número de diputados, investigará irregularidades en el Correo y en el Instituto de Reaseguros que involucran al diputado Roberto Jefferson, presidente del PTB.
En su primera reunión, los miembros se enfrascaron en densos debates para nombrar al presidente y al relator de la comisión, asuntos que no pudieron resolver en las primeras dos horas de discusiones. Jefferson, hasta ahora sin pruebas, ha denunciado que el Partido de los Trabajadores (PT), en el gobierno, sobornó a legisladores para garantizar apoyo al Ejecutivo. Pero ese asunto quedó al margen de la comisión que se instaló ayer, que se centrará sólo en los dos casos que salpican a Jefferson, mientras se debate la creación de otro grupo para tratar las denuncias del líder del PTB. Jefferson, en el centro o la periferia de todos los escándalos, también está procesado por el Consejo de Etica de la Cámara de Diputados y puede perder su mandato si se demuestra que no tiene pruebas de sus denuncias. En otro frente de la crisis, el Partido Laborista no decidió si se mantendrá o no dentro de la coalición de gobierno. El jefe de la bancada parlamentaria del PTB, José Múcio Monteiro, ha instado a sus compañeros a renunciar a sus cargos en el gobierno, lo que incluye al ministro de Turismo, Walfrido Mares Guia, quien aún no se manifestó sobre esa petición.
La derecha se mostró preocupada por las dimensiones del asunto y el senador Jorge Bornhausen, presidente del Partido del Frente Liberal, pidió “protección policial” para Jefferson, pues se trata de “un caso muy grave y toda precaución es necesaria”. La gravedad de la crisis también fue expuesta por el diputado Raúl Jungmann, del opositor Partido Popular Socialista (PPS), quien rechazó que la investigación parlamentaria se limite al caso de Correos. “No sabemos dónde estamos y somos sorprendidos cada hora por una denuncia nueva”, declaró Jungmann, quien consideró que “lo único claro es que hay una crisis de gobernabilidad inicial” que puede agravarse con nuevas denuncias. Advirtió incluso contra “el riesgo de que el gobierno caiga en una ‘venezolanización’ y decida convocar al Movimiento Sin Tierra y a otros movimientos sociales para defenderse en las calles”. Jungmann aludió así a un llamamiento del PT y a los actos públicos que ha convocado ese partido para la próxima semana, en respaldo al gobierno de Lula.
La creación del grupo investigador en el Congreso no detuvo la acción de la policía. Poco antes de que el Parlamento instalase la comisión, las fuerzas policiales detuvieron a cuatro personas que han sido mencionados en las denuncias. Uno fue identificado como Mario Fortuna Neves, capitán retirado de la Policía Militar, quien tiene un hijo que trabaja en el gabinete del presidente de la Cámara baja, Severino Cavalcanti.
El caso del servicio postal también es investigado en los tribunales, donde ayer se supo que uno de los asuntos que están bajo la lupa de los jueces es una licitación ganada el año pasado por un consorcio liderado por la empresa estadounidense American Bank Note. Ese grupo fue el único que presentó una oferta y obtuvo un contrato de 1700 millones de dólares para desarrollar un sistema informático para los correos, en una licitación convocada por la directiva de la empresa que Lula destituyó el pasado martes en medio de la crisis.