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Desde derecha e izquierda, la tensión aumentaba sobre el gobierno del socialista Tabaré Vázquez en Uruguay ayer. El “malestar” castrense continuaba ayer por la decisión del gobierno uruguayo de revisar antiguas violaciones a los derechos humanos. Organizaciones sociales militares ayer rechazaron la presentación de uniformados ante la Justicia porque se los sometería al escarnio público y a la condena moral. Y el trasfondo estuvo dado por la primera huelga durante el gobierno de Vázquez.
Dos clubes de las Fuerzas Armadas, el Centro Militar y el Círculo Militar expresaron que el gobierno de Vázquez persigue “la condena moral” para quienes enfrentaron la guerrilla previamente al golpe de Estado y para los que reprimieron durante la dictadura militar (1973-85). Esa actitud entorpece “cualquier intento de construir una sociedad con espíritu de unidad y sin odios, ya que no es difícil de imaginar que los que eventualmente sean llamados a declarar (a la Justicia) serán sometidos al escarnio público”, señalaron los clubes militares. La preocupación surgió por la posible citación judicial a militares, como testigos por dos casos excluidos de la ley de perdón o por delitos anteriores al golpe de Estado, que según el gobierno no están comprendidos en el alcance de la norma.
El secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, reconocido penalista, opinó que la decisión de acotar el perdón temporalmente no tendría ningún efecto porque los delitos anteriores a 1973 ya habrían prescripto. Sin embargo, esto no tranquilizó a los militares ya que la interpretación de la prescripción quedará en manos de fiscales y jueces. Además, los organismos de derechos humanos reivindican la aplicación de convenios internacionales que hacen imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad. Por su parte, la ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti, aseguró que “ningún militar irá preso” por la desaparición de personas durante la dictadura.
La huelga general y los paros por 24 horas de médicos del Ministerio de Salud Pública y docentes de enseñanza secundaria marcaron un recrudecimiento de la agitación sindical en Uruguay cuatro meses después del inicio del primer gobierno de izquierda en el país. El paro general de cuatro horas por mejores salarios convocada por la central sindical PIT-CNT provocó tensión con las organizaciones empresariales que denunciaron la creación de “un clima hostil” en su contra. Por su parte, el dirigente del secretariado del PIT-CNT, Luis Puig, aseguró que la movilización “fue excelente, participaron miles y miles de trabajadores”. Respecto de la denuncia empresarial, Puig comentó que “tienen razón las cámaras; hay un clima hostil creado por ellas por su cultura antidemocrática, que desde la dictadura nos robaron nuestros salarios y se quedaron con 6000 millones de dólares nuestros”, que es la pérdida salarial estimada por la central en 30 años. Trece cámaras empresariales enviaron una carta a la Dirección Nacional de Trabajo, en la que afirmaron que la huelga de ayer es “una afrenta” a sus organizaciones, que genera “un clima hostil e inadecuado” para las negociaciones en los Consejos de Salarios.