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El gobierno italiano “nunca fue informado” por la CIA sobre el secuestro de un ciudadano egipcio, Nasr Osama Mustafá Hassan (Abu Omar), en pleno centro de Milán. Abu Omar fue secuestrado en 2003 por 13 presuntos miembros de la CIA, según la fiscalía, y trasladado a El Cairo para ser torturado. El gobierno de Silvio Berlusconi aseguró ayer ante el Parlamento, a través de un ministro de bajo rango y con un lenguaje neutro, que EE.UU. violó la soberanía italiana sin molestarse en informar. Berlusconi convocó al embajador, que se encontraba lejos de Roma y tenía previsto regresar hoy.
El caso Abu Omar estaba convirtiéndose en un asunto muy incómodo para la alianza entre Roma y Washington. Después de la muerte del agente Nicola Calipari en Bagdad, por disparos de una patrulla estadounidense, y de la incapacidad de los gobiernos de Washington y Roma de ofrecer una misma versión sobre el suceso, a Berlusconi sólo le faltaba esto: la revelación de que la CIA secuestraba a musulmanes “sospechosos” en territorio italiano y se los llevaba a Egipto para interrogarlos bajo violencia. Desde que se tuvo noticia del secuestro y, sobre todo, desde que la fiscalía de Milán acusó formalmente a 13 ciudadanos estadounidenses, todos presuntos miembros de la CIA (el jefe del grupo, Robert Seldom Lady, estaba acreditado como cónsul de EE.UU. en Milán), se extendió la impresión de que alguien en Washington había advertido previamente a alguien en Roma. El diario The Washington Post afirmó ayer, citando fuentes de la propia CIA, que varias autoridades italianas estaban al corriente de una operación similar a otras realizadas en otros países después del 11-S. Días antes, The New York Times dijo que la operación fue pactada y que también se pactó el negarlo todo en caso de que el secuestro saliera a la luz. La visibilidad del secuestro (realizado a mediodía, en una calle céntrica y ante al menos un testigo), el uso de teléfonos móviles pertenecientes a la Embajada de EE.UU., la tranquilidad con que los secuestradores se quedaron en Venecia y otras ciudades luego de la operación y la amistad personal que el jefe mantenía con altos cargos de los servicios secretos italianos sugerían que la acción estaba pactada.
Berlusconi envió a la Cámara de Diputados y al Senado a Carlo Giovanardi, ministro de Relaciones con el Parlamento, un cargo escasamente apropiado para situaciones como ésta, pero útil como pararrayos. Giovanardi hizo una exhibición de lenguaje burocrático: “El gobierno se ha activado inmediatamente con rigurosa determinación para poner en práctica todas las iniciativas posibles, incluyendo las de nivel diplomático, para intervenir del modo más incisivo y enérgico ante las autoridades de los países evocados”. El ministro insistió en que el gobierno no sabía nada. A casi toda la oposición le resultó cómodo creerle, a la espera de acontecimientos. Los Demócratas de Izquierda afirmaron que el secuestro era “la violación de soberanía más grave sufrida por la república italiana en toda su historia”. Antonio di Pietro, ex fiscal de Manos Limpias, indicó que la administración estadounidense “jamás habría secuestrado a nadie en el Reino Unido, Francia o Alemania sin avisar a Blair, Chirac y Schroeder”.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.