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El juez conservador John Glover Roberts, de 50 años, se convirtió ayer en el décimo-séptimo presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos tras la confirmación definitiva en el pleno del Senado. Roberts se alzó con el apoyo de más de tres cuartas partes de los 100 miembros del Senado; sin embargo, la votación muestra la polarización que existe sobre su nombramiento.
Roberts fue en origen nombrado para reemplazar a la jueza en retiro Sandra Day O’Connor. Pero con la muerte del jefe del Supremo William Rehnquist –quien estuvo en el Tribunal más de 30 años–, el pasado día 3 de septiembre, víctima de un cáncer de tiroides, el presidente George W. Bush decidió ir un paso más allá y situar a Roberts en el más alto puesto del Supremo. La jubilación de O’Connor quedó pospuesta. La verdadera batalla se va a plantear ahora, cuando Bush anuncie en los próximos días quién es su elegido o elegida para cubrir la vacante del Tribunal. Existen muchas especulaciones sobre si Bush elegirá a una mujer o a un miembro de una minoría. No sorprendería que el presidente se decidiese por un hispano, ya que no existe ningún miembro de esta comunidad en el Supremo.
Los temas que marcarán el mandato de Roberts serán tan delicados como el aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual, cuestiones sobre religión, la financiación de campañas electorales y otros temas sobre los que Roberts no quiso pronunciarse directamente durante las más de 20 horas de escrutinio en el curso de sus audiencias de confirmación. Los demócratas, incluidos los que apoyan a Roberts, consideran que, tal y como estaba la composición del Supremo hasta ahora, con cinco conservadores y cuatro más moderados, las decisiones de la Corte ya pecaban de excesivamente conservadoras.
No parecen querer dar su brazo a torcer y que la proporción pase a ser de seis a tres. De su pasado al servicio del gobierno de Reagan y Bush padre y de sus decisiones como juez se desprende la filosofía de Roberts, que pertenece a la corriente reacia a admitir más derechos que los que se reconocen explícitamente en la Constitución.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.