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“Por ahora no hay hallazgos ni indicios que permitan evidenciar ni siquiera la existencia de remoción de tierras” en los lugares excavados, aseguró ayer el vocero presidencial uruguayo, Gonzalo Fernández, después de la reunión que el presidente Tabaré Vázquez mantuvo con los jefes de las tres armas y con los arqueólogos que dirigen las excavaciones en dos batallones del ejército y en una granja privada. Sin embargo, según Fernández, Tabaré “ratificó plenamente la confianza que tiene en cuanto a la veracidad de los datos que le suministraron los militares”. Al mismo tiempo, los familiares de desaparecidos le pidieron al gobierno que excluyera los casos de todos los desaparecidos de la Ley de Caducidad.
Mientras que para José López Mazz, el titular del equipo técnico que dirige las excavaciones, los trabajos continuarán “el tiempo que sea necesario”, Fernández marcó un plazo de entre 15 días y un poco más de un mes para decidir sobre la culminación de las excavaciones. El vocero presidencial se mostró convencido de que los investigadores pueden estar “trabajando en lugares equivocados” debido “al paso del tiempo” y a “los cambios registrados en el terreno”. “Creemos que la información es verdadera y que no se ha llegado al lugar exacto”, agregó. Sin embargo, para Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos (Famidesa), “las informaciones dadas al Poder Ejecutivo por las fuerzas armadas son insuficientes o erróneas” y, por eso, “no aparecen los restos de los desaparecidos, supuestamente asesinados y enterrados en distintos batallones”.
Luisa Cuesta, de Famidesa, festejó la decisión del gobierno uruguayo de excluir tres nuevos casos de la Ley de Caducidad y se animó a adelantar: “Creo que van a quedar todos los desaparecidos fuera de la Ley de Caducidad, una vergüenza nacional que el presidente Vázquez no puede respetar, porque para nosotros y el mundo entero es un delito permanente”. El lunes, Tabaré comunicó que el secuestro de Simón Riquelo y las desapariciones, en territorio argentino, de Washington Barrios y Gerardo Gatti quedaban fuera del alcance de la amnistía. El ministro del Interior uruguayo, José Díaz, destacó que esta decisión es “una nueva señal” de la dirección en materia de derechos humanos que impulsa y defiende el gobierno del Frente Amplio.
Raúl Olivera, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT, advirtió que una Justicia “que desconoce la Constitución” es un elemento “de preocupación”, en referencia a la negativa de los jueces uruguayos de reconocer los tratados internacionales, firmados por Uruguay, en los que se reconoce la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Por esta razón, Famidesa sostuvo ayer en un comunicado, que “es imprescindible terminar con una ley inmoral que nos avergüenza ante el sistema internacional de derechos humanos”.