Sólo semanas después de la marcha que protagonizara Fidel Castro frente a la Oficina de Intereses de Estados Unidos en rechazo a su política con la isla y los mensajes “provocadores” de Washington, un nuevo escándalo diplomático sacudió las maltrechas relaciones entre La Habana y la Casa Blanca. El viernes pasado, una comitiva de 16 empresarios cubanos fueron expulsados de uno de los hoteles Sheraton del Distrito Federal, en donde se realizaba un encuentro de la Asociación de Comercio Estadounidense-Cubano con empresas para analizar las potencialidades del mercado energético de la isla. La gerencia del hotel confesó haber expulsado a la delegación cubana y haber confiscado el depósito que habían pagado, por orden del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, aplicando el embargo comercial establecido por ese país que prohíbe a sus ciudadanos o empresas estadounidenses hacer negocios o prestar servicios a Cuba.

Cuatro días tardó el gobierno mexicano en tomar cartas en el asunto. En un primer momento, la respuesta oficial había sido que se trataba de “un asunto entre particulares” y, en consecuencia, el Estado no debía interferir. Ante las críticas de La Habana y de la propia prensa local, el canciller Luis Ernesto Derbez se prestó a una entrevista ayer desde Holanda, donde realiza una visita oficial, en la que aseguró que se investigará si el hotel aplicó las reglas del embargo contra Cuba dictadas por la ley Helms-Burton. “La ley no puede de ninguna manera tener aplicación extraterritorial”, afirmó Derbez, respondiendo a las demandas de la isla. Desde La Habana, ya habían recordado que el Congreso mexicano aprobó en octubre de 1996 una Ley Antídoto contra la Helms-Burton y su carácter de extraterritorialidad, que había firmado el presidente Bill Clinton en marzo de ese mismo año, y por la cual Washington no les permite a las empresas estadounidenses operar con Cuba.

El gobierno de la ciudad de DF, en cambio, eligió caratular al asunto de simple discriminación. “Es inadmisible que en la ciudad haya actitudes discriminatorias de los prestadores de servicios”, aseguró el secretario de Gobierno capitalino, Ricardo Ruiz, que además señaló que las multas al hotel podrían alcanzar los 10 mil dólares e incluso la clausura. Volviendo a adoptar la idea de “asunto entre particulares” –y bajando en consecuencia el tono político del incidente– agregó que los “particulares que fueron afectados” deben recurrir al ente de protección al consumidor. A pesar de la interpretación del gobierno de DF, la acción del hotel Sheraton sí tuvo un contenido político, superior a la abstracta figura de discriminación al consumidor. Por un lado, se enmarca dentro del enfrentamiento entre Washington y la isla, que en las últimas semanas adquirió un nuevo pico de tensión cuando la Casa Blanca decidió instalar una pantalla en el edificio que mantiene en La Habana para transmitir consignas contra el gobierno de Castro. Por otro lado, es una nueva demostración de fuerza estadounidense que considera que a través de sus empresas asentadas en el exterior puede exportar y ejecutar su legislación por fuera de sus fronteras. En cuanto al juego de fuerzas políticas regionales, se trata de un nuevo guiño del gobierno de Vicente Fox a su par George W. Bush.

No es la primera vez que Fox se alinea con su vecino en detrimento del régimen cubano. En los últimos tiempos, el gobierno mexicano estuvo votando en contra de la isla en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. O el recordado y vergonzoso incidente de la Cumbre de las Américas en Monterrey, en 2004, cuando Fidel difundió la conversación telefónica en que Fox le pide que se retire rápidamente de México, ya que el presidente estadounidense estaba por llegar. Y, por último, aunque no menos escandaloso, el silencio en el que se sumió el gobierno de Fox luego de que se comprobara que el terrorista anticastrista Luis Posada Carriles había pasado por México antes de entrar ilegalmente a Estados Unidos, donde finalmente fue detenido.

Lo llamativo es que Derbez asegure que primero deben investigar si el hotel aplicó de hecho la ley estadounidense Helms-Burton, ya que laportavoz de la empresa que posee el Sheraton, Starwood Hotels and Resorts Worldwide, con sede en Phoenix, ya lo confirmó. Ellen Gallo aseguró que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ordenó el desalojo de la delegación cubana e, incluso, admitió que el dinero del depósito que se les confiscó fue transferido a la OFAC, también por orden de esta institución. Pero, por si todavía le quedaban dudas al gobierno mexicano, la vocera de la embajada estadounidense en DF, Judith Bryan, le explicó al diario mexicano El Universal durante el fin de semana que el hotel debía acatar las leyes estadounidenses porque es propiedad de una empresa estadounidense.