A ocho meses de postularse a la reelección, Lula da Silva es blanco de críticas del Episcopado brasileño a la política social de su gobierno. En momentos en que el mandatario ha repuntado en su popularidad –cuya gestión atravesó la peor crisis política el año pasado–, los obispos lo acusan de convertir el país en “un paraíso financiero”. Afirman que los programas del gobierno petista dejan mucho que desear y que el plan económico no busca la inclusión de las minorías.

El repunte evidenciado por Lula en las últimas encuestas realizadas de cara a las elecciones presidenciales de octubre se vio opacado por una declaración de la Iglesia Católica, que acusó al gobierno de convertir el país en un “paraíso financiero” y de estimular la concentración de la renta. El secretario general de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, obispo Pedro Scherer, afirmó que los programas sociales del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva dejan mucho que desear y que la política económica no busca la inclusión de las minorías. Scherer dijo además que los candidatos que se presenten a los comicios generales tendrán que responder a las demandas de la población sobre propuestas concretas para generar empleo. “No decimos que las políticas del gobierno son electorales, pero dejan que desear. Por ejemplo, el programa Hambre Cero tiene mucho aún por hacer. Defendemos políticas sociales que incluyan a las personas, además de los programas asistenciales”, dijo el obispo.

Hambre Cero es el paraguas de una serie de planes sociales del gobierno de Lula y de gobiernos anteriores, que van desde la distribución de vasos de leche en escuelas públicas hasta la entrega de hasta 95 reales por persona de una familia con ingresos por debajo de los 100 reales al mes. Estos programas fueron elogiados por voceros del Banco Mundial y las Naciones Unidas. Pero localmente, desde miembros de la Iglesia hasta poderosos grupos, como el de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), lanzaron críticas a Lula por la lentitud en implantar los programas y la burocracia que los rodea. La declaración del Episcopado fue respaldada por Paulo Skaf, presidente de la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (Fiesp), la patronal más influyente del país, en una nota oficial. “Esta crítica, claramente en defensa de los intereses de la sociedad brasileña, se suma a las de la Fiesp que, entre otras cosas, lucha por un mayor control de los gastos públicos, menor carga tributaria y la solución de otros problemas que frenan el crecimiento del país”, señala el texto divulgado por la patronal.