El guión de la gran película social francesa está escrito: el Ejecutivo dirigido por Dominique de Villepin no tiene la intención de cambiar los dos puntos más criticados del Contrato Primer Empleo –despido del personal sin justificación ni indemnizaciones– y las 12 organizaciones sociales y sindicales que lo combaten no están dispuestas a ceder. Unas 135 movilizaciones, huelga nacional multisectorial en la función pública, los transportes, la educación, los bancos, correos y telecomunicaciones, sector privado y medios de comunicación, el “martes negro” promete ser una de las mayores protestas sociales que el país conoció en la última década.

Los responsables políticos y sindicales hacen un mismo análisis de los paros de hoy: su repercusión será decisiva. La cuarta jornada de movilización se lleva a cabo en momentos en que el diálogo político sindical está en un callejón sin salida y en un contexto en el cual el jefe de gobierno choca con el rechazo masivo de la sociedad, al tiempo que cuenta con un no menos masivo apoyo del electorado conservador. Una encuesta de opinión publicada ayer por el diario Le Monde señaló que un 63 por ciento de los franceses impugnan el CPE y el método de De Villepin. La oposición global supera el rechazo que había suscitado en diciembre de 1995 la reforma del sistema de protección social lanzado por el entonces primer ministro Alain Juppé.

Las consultas de opinión aportan además datos valiosos que contradicen formalmente la idea mundial según la cual las diferencias entre la izquierda y la derecha pertenecerían al pasado. Muy por el contrario, la batalla por el CPE ha restaurado el corte entre ambas corrientes. Los anti-CPE están a la izquierda; sus partidarios, a la derecha. Un 74 por ciento de los votantes de la derecha y un 58 por ciento del centro avalan el CPE frente al 87 por ciento de la izquierda parlamentaria –socialistas, comunistas y ecologistas– y el 83 por ciento de la extrema izquierda que lo rechazan. La perspectiva de las elecciones presidenciales del año próximo determina el comportamiento de los tres personajes centrales del Estado: el primer ministro, su aliado central, el presidente francés, y su enemigo acérrimo, Nicolas Sarkozy. El titular de la cartera de Interior es el candidato “objetivo” de la derecha, mientras que De Villepin aparece como un candidato alternativo. Con esta crisis, en la que el jefe de gobierno no cede nada, De Villepin responde a su manera a la “firmeza” que tantos beneficios le trajo a Nicolas Sarkozy, el hombre de la “tolerancia cero” ante los delincuentes. A esa tenacidad policial, De Villepin le superpone otra: la firmeza social. “No” es “no”. La prensa nacional acotaba ayer que el jefe de gobierno ha hecho de esa postura su “identidad política”. La cruzada presidencial de ambos responsables políticos se hace a costas de la sociedad. Además de ser impopular, el CPE se aprobó sin la más mínima concertación social. Sarkozy se distanció en los últimos días de la solidaridad gubernamental y anoche lanzó un “se puede ser firme, pero no rígido”. Según recalcó, hubiese sido “útil que antes de cualquier iniciativa” para aplicar el CPE “se hubiese tomado el tiempo necesario para que la negociación tenga éxito”. El hombre se presenta como el defensor de los jóvenes y del diálogo social, pero su proyecto político es aún más liberal que el de De Villepin. Una suerte de Margaret Thatcher a la francesa, pero con un cuarto de siglo de atraso.

Los estudiantes y los sindicatos están tanto más determinados cuanto que tienen la impresión de que los tomaron por tontos. A finales de la semana pasada, De Villepin invitó por carta a las cinco centrales sindicales a una reunión. Estas, por primera vez desde el inicio de la crisis, asistieron. Resultó una broma: no sólo el jefe de gabinete reiteró su posición, sino que, colmo del absurdo, el mismo día Jacques Chirac declaró que una ley votada estaba hecha para ser respetada.

Queda, más allá de lo político, la gran incógnita de la violencia. La manifestación del jueves pasado terminó en una vergonzosa demostración de cobardía y abuso. Cientos de jóvenes oriundos de los suburbios se mezclaron con los manifestantes, no ya para enfrentarse a la policía, sino para robarles los teléfonos celulares, la ropa de marca, los zapatos y los MP3 a los adolescentes que estaban ahí contra el CPE. París fue por unas horas escenario de un espectáculo manchado de sangre y de oprobio, donde bandas de diez patoteros agarraban a patadas en el piso a un chico de sólo 17 años. Los fotógrafos, los cameramen y los periodistas en general fueron uno de los blancos predilectos de las patotas. Uno de los patoteros condensaba que se las “agarran con los periodistas porque ellos sólo se interesan en nosotros cuando hay violencia. Entonces, como estamos llenos de odio, venimos a romper periodistas para que vean un poco de violencia”.

Eso no explica las otras agresiones, principalmente contra niñas adolescentes de apenas 15 años revolcadas y golpeadas en el piso por decenas de muchachotes. La policía decidió movilizar cuatro mil efectivos en París. Un 83 por ciento de franceses espera que el jefe del Estado tome parte en el conflicto. No es seguro que lo haga. El destino de dos ambiciones presidenciales tendrá su primer gran acto mucho antes que en las urnas. Será en la calle, con todos los riesgos que ello comporta.