“Es la última carta para asegurar que se haga justicia con los culpables, que tengan finalmente una condena física y no sólo una condena moral.” Así definió el jefe de la bancada oficialista de la Cámara baja, el democristiano Gabriel Ascencio, el proyecto de ley de nulidad del decreto de amnistía –firmado en 1978 por Augusto Pinochet– que presentó ayer por la mañana junto a otros cuatro diputados de la Concertación. En diálogo con Página/12, el ex presidente de la Cámara de Diputados explicó que el proyecto, que entrará hoy en la agenda de la Comisión de Derechos Humanos, fue una “reacción frente a un juez que aplicó la amnistía a un caso de derechos humanos muy importante”. La decisión la tomó el juez Víctor Montiglio, la semana pasada, al aplicar el polémico decreto pinochetista a tres militares acusados de la masacre conocida como Caravana de la Muerte.

Ascencio pronosticó un quiebre en el voto de la derecha, ya que los sectores más jóvenes tienen la oportunidad de demostrar “que condenan los crímenes de la dictadura y que quieren construir una nueva derecha”. El diputado socialista Marco Enríquez-Ominami, otro de los promotores del proyecto, también hizo un llamado a los recién llegados diputados de Alianza por Chile: “Llamo a los diputados nuevos de la derecha (...) a que cumplan su palabra cuando han dicho que son una generación nueva de la derecha y que hoy nos van a dar los votos para terminar con esta vergüenza”. La amnistía, que promulgó Pinochet hace 28 años, amparó a todos los funcionarios o agentes del régimen militar que estuvieron involucrados en secuestros, asesinatos, torturas y otros crímenes durante los primeros cinco años del gobierno de facto.

En la presentación del proyecto, el diputado socialista Juan Bustos definió el decreto como una “autoamnistía” y explicó que una de las razones para la anulación es que “de acuerdo con la Constitución de 1925 y la actual, el Ejecutivo se extralimitó en sus funciones al dictarse su propia amnistía”. El otro argumento principal que esgrimió el grupo de diputados oficialistas es que el decreto va en contra del actual derecho internacional. Como sostuvo la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos luego del fallo del juez Montiglio, el decreto contradice la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, aprobada por las Naciones Unidas en 1968.

El problema es que el tratado no fue ratificado por Chile, lo que posibilita aplicar o no el decreto, según el criterio de cada juez o tribunal. El propio Ascencio reconoce que hay buenos argumentos tanto para aplicar la amnistía como para elegir los principios del derecho internacional. Por eso, “es responsabilidad de los parlamentarios establecer claridad en la ley”. El jefe de la bancada oficialista incluso se anima a presumir: “Los jueces nos lo agradecerían, ya que no tendrían vergüenza de aplicar la ley”.

Todo indica que el proyecto de ley de anulación será aprobado. Primero, sólo requiere una votación simple, por lo que la Concertación no necesitará los votos de la derecha. Además, la Comisión de Derechos Humanos está presidida por uno de los promotores del proyecto, Tucapel Jiménez, lo que hace prever que llegará al pleno de la Cámara con un dictamen favorable, a más tardar en junio próximo.

Informe: Laura Carpineta.