Hasta que se conoció una operación de espionaje ilegal del Partido de los Trabajadores (PT) una semana atrás, la campaña electoral brasileña era tan calma como las elecciones suizas. Con la “mexicanización” del escenario, la atención mediática se dislocó de los actos de campaña (donde era más fácil ver agitadores a sueldo que militantes) hacia los tribunales y la policía. Ayer Jorge Lorenzetti, un viejo amigo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconoció ante investigadores federales haber tomado contacto con el jefe de un gavilla de estafadores del Estado, pero negó haberle ofrecido 1,7 millón de reales (800 mil dólares) a cambio de un dossier con documentos que comprometerían a José Serra, candidato al gobierno de San Pablo por el opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña. En el citado dossier, según trascendió en la noche de ayer, también habría información reveladora de negociados realizados por miembros del PT.

Mientras Lorenzetti prestaba declaraciones, Lula, en un acto con 2000 intendentes que fueron a darle su apoyo, se dijo despreocupado ante la posibilidad de que haya una segunda vuelta. Esa hipótesis, prácticamente descartada hace una semana, ahora ganó verosimilitud. Si bien los últimos sondeos de Ibope siguen dándolo como vencedor el 1º de octubre, por 49 por ciento de las intenciones de voto contra 30 por ciento de su rival socialdemócrata Geraldo Alckmin, las encuestas cualitativas indican que después del escándalo hubo una caída en la imagen del gobierno que puede devenir en un retroceso de votos petistas.

Si hubiera un crecimiento brusco de sus rivales es posible que Lula, que había rechazado debatir con sus adversarios a la presidencia hace un mes, participe de otro previsto para la semana próxima, como él mismo lo admitió ayer. Convencido de que la oposición no cejará en sus ataques, Lula archivó la moderación exhibida al comenzar la contienda. Volvió a denunciar la maquinación de un “golpe institucional”. La misma expresión fue usada este viernes por su ministro de Relaciones Institucionales, Tarso Genro, cuando denunció a las “elites conservadores” de impulsar un “un golpe electoral, (apoyado) en la manipulación de la información divulgada (por la prensa)”.

La orden de responder a cada embestida de Geraldo Alckmin y sus correligionarios llegó al equipo de campaña junto con su nuevo jefe, Marco Aurelio García, designado el jueves en lugar de Ricardo Berzoini, el actual presidente del PT. García llegó a insinuar que puede convocar a la movilización de los militantes petistas, para repeler la ofensiva opositora.

En su paso por la Policía Federal, Lorenzetti no dijo nada que pudiera complicar al presidente, pero la suerte de Lula está atada en parte a la inocencia o culpabilidad de aquél. Además de ser el “churrasquero” que animó varias veladas en la Granja do Torto, residencia de fin de semana oficial, el sospechoso integraba el equipo de inteligencia de la campaña lulista para la reelección. El foco de las averiguaciones ahora está centrado en el origen de los 1,7 millón de reales, y en especial a los cerca de 200 mil dólares que fueron incautados a dos petistas el viernes pasado, cuando quedaron detenidos. Y es que los fajos de dólares son parte de una remesa reciente cuyo ingreso al Brasil no está asentada en los registros oficiales, circunstancia que lleva a especular que también hay delito de tráfico de divisas. Al cierre de esta crónica otros dos miembros del PT, ligados a la campaña, eran oídos en sede policial.

Cada diligencia es acompañada de cerca por congresistas opositores y el Tribunal Superior Electoral, donde Lula es objeto de una investigación por presuntas irregularidades de campaña. En las filas petistas temen ante la parcialidad manifiesta del presidente de ese tribunal, Marco Aurelio de Melo, primo del ex presidente Fernando Collor de Mello, otrora enemigo jurado de Lula. Mello ha dicho que Lula podría terminar como Richard Nixon.