La incertidumbre por la desaparición de Jorge Julio López, testigo clave en el juicio que condenó a perpetua al represor Miguel Etchecolatz, motivó una multitudinaria marcha y generó iniciativas en los más altos niveles de los gobiernos nacional y bonaerense. Los organismos de derechos humanos tuvieron reuniones con el titular de Interior, Aníbal Fernández, y con el gobernador Felipe Solá, quien además fue a ver a los familiares de López. El mandatario bonaerense anunció el pase a disponibilidad de todos los efectivos de la policía de la provincia que “de alguna manera estuvieron vinculados a los centros clandestinos de detención y hoy siguen en la fuerza”. El ministro, por su lado, aseguró que tiene a “un ejército” abocado a la búsqueda y que no se descarta ninguna hipótesis. La intranquilidad oficial quedó en evidencia con los llamados que hicieron desde Nueva York el propio presidente Néstor Kirchner y la primera dama.

Una de las conversaciones fue con Fernández y la otra con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, León Arslanian, que ayer lanzó un “programa para evitar que los testigos se atemoricen” (ver aparte). A última hora la gobernación bonaerense comunicó que “ordenó abrir a los organismos defensores de los derechos humanos toda la información disponible relativa a la búsqueda de Jorge Julio López y a la investigación sobre las circunstancias de su desaparición”.

Durante la jornada los voceros oficiales que contactó este diario se manejaron con cautela e intentaron diferenciarse de la posición de la mayoría de los organismos, que no dudan en calificar la desaparición de López como un hecho de connotaciones políticas. Adriana Calvo, de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, se mostró convencida de que se trata de “un secuestro por parte de nichos de la Bonaerense”.

Por la mañana las noticias surgieron desde la Casa Rosada, al término de la reunión que mantuvieron organismos que integran la agrupación Justicia Ya de La Plata con el ministro del Interior, Aníbal Fernández. Calvo, ex detenida, ofició de vocera y relató: “Le dijimos que nosotros pensamos que esto es un claro mensaje contra la condena por genocida que recibió (Miguel) Etchecolatz y de amedrentamiento hacia los testigos de los juicios contra los represores”. La dirigente no descartó que estuvieran implicados tanto efectivos activos como retirados de la fuerza de seguridad.

Según pudo reconstruir Página/12, respecto de la afirmación de que se trató de un secuestro de características políticas el ministro del Interior le respondió al grupo que “no descarta ninguna hipótesis”, y que están tomando “absolutamente todo el arco de posibilidades”. Según una alta fuente oficial consultada por este diario, “los relatos del hijo (de López) no apuntan en ese sentido, por eso, aunque no descartamos nada, ésa es una posibilidad más en un mismo plano de igualdad con otras porque “no hay demasiados indicios que apunten hacia ese lado”. No obstante, los dirigentes de derechos humanos le recordaron las “numerosas amenazas que hubo durante el juicio”, ya sea en forma telefónica y por cartas escritas con letras recortadas de diarios, y dieron como ejemplo la que recibió Chicha Mariani, una de las impulsoras de las Abuelas de Plaza de Mayo, cuando le comunicaron que “si Etchecolatz era condenado vamos a volar la cueva montonera”, en referencia a la casa de la calle 30, donde desapareció su nuera y secuestraron a su nieta.

Amenazas

Nilda Eloy, otra de las testigos clave en el juicio contra Etchecolatz, recibió custodia policial tras recibir el sábado pasado una intimidación telefónica. La mujer denunció ante el juez federal de La Plata Arnaldo Corazza que dejaron grabados en el contestador telefónico de su domicilio “sonidos como si fueran sesiones de tortura”. Eloy detalló que “el teléfono no sonó pero aparecieron tres mensajes como si fueran simulacros de sesiones de torturas”. La mujer, sobreviviente de los campos de exterminio al igual que López, explicó que no hizo antes la denuncia porque no le dio importancia. “No pensé que pasara a mayores. Pensé que era un apriete más, que no iba a pasar lo que está pasando con (Jorge Julio) López”, quien está desaparecido desde el lunes, expresó Eloy.

Para demostrar que el Gobierno se está “ocupando” de que el testigo aparezca, los voceros de Fernández detallaron a Página/12 que ya desde el martes el ministro dio órdenes a la Policía Federal y a la Gendarmería para que active el área de búsqueda de personas en todo el país. “Hospitales, comisarías, cementerios, hay un batallón buscándolo”, describió la fuente.

Los representantes de entidades de derechos humanos le reclamaron al ministro que se apliquen sanciones y una “actitud enérgica” contra los responsables de la comisaría de Punta Lara por la difusión del dato sobre la aparición de un cadáver calcinado encontrado en esa zona, y la relación que se hizo inicialmente con el caso de López. Remarcaron la “significación política que tiene un cadáver fusilado y calcinado aparecido en ese lugar, donde se tiraban los cuerpos en el ’74 y el ’75” y consideraron que eso “es un amedrentamiento hacia toda la ciudadanía platense, no sólo hacia los testigos”. En tal sentido, la respuesta vino del gobernador Solá, quien dispuso “informarles a los organismos del proceso de identificación del cuerpo calcinado hallado en Camino Negro”. Y “al mismo tiempo instruyó una rigurosa investigación interna para dilucidar con exactitud el origen de la información falsa que confundió el cuerpo hallado con el de López”.

A primera hora de ayer, una llamada anónima a la línea de denuncias 911 de Seguridad bonaerense con datos sobre el presunto paradero de López desató un amplio rastrillaje policial en el barrio platense de Los Hornos, ya que el testigo habría sido visto en unos terrenos baldíos de esa zona. Sin embargo, el operativo resultó infructuoso, según dijeron autoridades de la delegación de Investigaciones de La Plata.

Para Rubén López, hijo del testigo, su padre “está perdido o escondido con alguien, y pensamos que por algún motivo se encuentra enojado o pretende protegerse de algo que no sabemos qué es”. Los familiares de este albañil de 77 años decidieron no participar de la marcha de los organismos. Nilda Eloy le dijo a Página/12 que el otro hijo, Gustavo, también pensaba que su padre podría estar perdido, pero que era una suposición de “los primeros días”.

El gobernador Solá concurrió al domicilio de la familia López acompañado por el secretario de Derechos Humanos, Edgardo Binstock, donde explicó a la esposa y los dos hijos las acciones para intentar ubicarlo, entre las cuales mencionó un comunicado que se envió a la AFA para que colabore en los partidos de fútbol que se jugarán el fin de semana. “Se trata de una persona mayor, que tiene un problema de Parkinson, y además cierto estrés emocional pueden haber tenido alguna incidencia”, expresó Arslanian. Respecto de la versión, que maneja su ministerio, sobre la desaparición de López hace algunos años durante dos semanas, Eloy indicó que “no es cierto” y agregó que “su hijo Gustavo lo negó en televisión”. Tras la extenuante jornada, y luego de su marcha bajo la lluvia torrencial, la víctima y testigo concluyó que “esto no es algo de los organismos, es algo que afecta a toda la sociedad”.