Suiza aprobó ayer imponer leyes más duras, autorizando por ejemplo la detención de aquellas personas que no consiguieron asilo todavía y limitando los beneficios sociales de los futuros inmigrantes. La decisión se tomó a través de un referéndum nacional ampliamente criticado por Naciones Unidas y por las organizaciones de derechos humanos.

Las medidas, aprobadas por una gran mayoría de los votantes suizos, son parte de un proyecto del gobierno para reducir el abuso a las leyes de asilo que posee el país. Christoph Blocher, el ministro de Justicia suizo, declaró antes de la elección que en el “paraíso de Suiza” no hay lugar para todos. Sin embargo, las nuevas leyes, que también obligan a los que buscan asilo a presentar una prueba de identidad dentro de las primeras 48 horas, fueron muy cuestionadas por la agencia de refugiados de la ONU. Esta suborganización explicó que es muy común que los refugiados genuinos no tengan forma de identificarse.

Las medidas introducirán un período máximo de detención de dos años para aquellos, incluidos los menores, que no consigan asilo y esperen su deportación. La ONU también advirtió que estas nuevas normas podrían violar su convención sobre los derechos del niño. William Spindler, el vocero del Alto Comisionado de la ONU para Refugiados, se lamentó ayer por el resultado del referéndum: “Ahora será necesario asegurarse de que los derechos de las personas que buscan asilo y de los refugiados sean protegidos, y que las nuevas leyes estén dentro de los estándares internacionales”. El Consejo Suizo de Refugiados compartió esta preocupación. Este organismo aseguró que las nuevas normas son demasiado estrictas, especialmente porque el número de personas que piden asilo en Suiza es el más bajo de los últimos 20 años.

“Los verdaderos refugiados tendrán un acceso limitado al proceso para conseguir asilo e, incluso, podrían ser rechazados y deportados, según advirtió Jurg Schertenlieb, un vocero del Consejo. También adelantó que su organización pedirá una revisión de los aspectos principales de la nueva legislación. La Asociación de la Iglesia Protestante también criticó las nuevas leyes, al afirmar que no son la solución para los problemas del país y que, además, contradicen su “tradición humanitaria”. El trato draconiano de Suiza a los refugiados atrajo la atención de los medios hace dos años, después de que las autoridades del cantón Berne comenzaron a instalar a las personas que no habían conseguido asilo en un búnker militar subterráneo, situado a más de 1500 metros por encima del nivel del mar, en los Alpes. Esto sucedió después de que el gobierno federal suizo decidiera dejar de pagar los beneficios sociales para las personas que no habían conseguido asilo, delegando en los cantones la obligación de asistirlos.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.