El futuro de Jesús Cataldo Cariglino parece más que incierto. El intendente bonaerense de Malvinas Argentinas deberá enfrentar un juicio oral y público por treinta casos de corrupción y como integrante de una asociación ilícita que habría provocado un perjuicio millonario al municipio que regentea desde su creación, en 1995. Una investigación que desató hace casi ocho años el empresario de la construcción Carlos Pascual Rombolá, después de denunciar que la Cooperativa 2 de Abril no le pagó los asfaltos que había construido para el plan provincial de Unidades Generadoras de Empleos. La pesquisa judicial determinó que la cooperativa no sólo había cobrado y embolsado el dinero por el trabajo de Rombolá, sino que esa plata habría ido a parar –como en muchos otros casos– a los bolsillos de Cariglino, dos secretarios de su gabinete municipal y otros funcionarios de su gestión. Pero el denunciante –que durante todo ese proceso afrontó una causa en su contra que casi lo lleva a la cárcel– denuncia ahora “maniobras políticas y judiciales” para favorecer a Cariglino. El jefe comunal apeló la decisión ante la Cámara de Casación bonaerense.

Después de casi ocho años de instrucción, la Cámara de Apelaciones de San Martín decidió elevar a juicio oral y público –que aún no tiene fecha– la causa contra Cariglino, tras confirmar tres decenas de hechos en los que se les imputa al jefe comunal; a su secretario de Gobierno, Miguel Herari; el director de Obras Públicas, Salvador Oliva, y a otras diez personas, los delitos de “estafa”, “administración fraudulenta”, “negociaciones incompatibles con la función pública”, además de volver a incluir la acusación de “asociación ilícita”, que había desechado el juez de instrucción Lucas Oyhanarte.

Rombolá hizo la denuncia el 28 de noviembre de 1998 en la UFI Número 9 de San Martín. La compleja investigación judicial descubrió el montaje de una “organización ilícita” creada desde el municipio de Malvinas Argentinas a través de una cooperativa de servicios, formada por “empleados municipales o parientes del intendente y de su secretario de Gobierno”.

Hacia allí se giraban los materiales y dinero de la provincia o de particulares, para que sus directivos, con diversas maniobras ilícitas (pago a empresas inexistentes, alteraciones contables, cheques cobrados por sus directivos, facturación de servicios no prestados, desconocimiento de deudas a poveedores, etc.), terminaran apropiándoselos. Entre ellos –según el expediente judicial– están Cariglino y los funcionarios procesados.

Denunciante en peligro

Rombolá supo rápidamente que cobrar el millón ochocientos mil pesos por el asfalto de unas 120 cuadras que realizó en el municipio de Cariglino en los años ’97 y ’98 no sería nada fácil. Después de que el constructor hizo la denuncia penal, en 2000 recibió un ofrecimiento para cancelar la deuda. Rombolá cobraría, con intereses, unos tres millones ciento cincuenta mil pesos. El día que debía cerrar el acuerdo, el presidente de la cooperativa 2 de Abril, Rubén Ponti, y el contador municipal, Miguel Yunti, le daban un “adelanto” de 315 mil pesos en cheques a cambio de la firma del convenio, en el que desaparecía un cero y se daba por saldada la deuda. Rombolá se negó a firmar y siguió con la denuncia judicial.

En su afán por cobrar su trabajo, Rombolá dio con la casa de Ponti y pidió su allanamiento a la fiscalía de San Martín. En el operativo se secuestró una computadora donde se llevaban los registros contables de la cooperativa y anotaciones de puño y letra –que las pericias adjudicaron al propio Ponti–, en el que se registraba el “verdadero” destino de la plata. Allí se especificaba que un tal “Jesús”, que la Justicia asocia con Cariglino, se llevaba la parte del león.

Los fiscales también descubrieron la escribanía porteña en la que se protocolizaban las “empresas fantasmas” a las que la cooperativa “desviaba” el dinero que les correspondía a otras compañías por los trabajos realizados. La escribana Lucrecia Grey de Guille y su hijo Miguel Guille, “amigo de Cariglino”, certificaban su existencia y sus titulares, que siempre coincidían con los mismos funcionarios municipales de Malvinas Argentinas. Entre ellos, el intendente.

Después de que los fiscales Edgardo Ledesma y Fernando Domínguez lo enviaran a la cárcel, Cariglino empezó su cruzada personal contra la Justicia de San Martín y sus denunciantes. La campaña contra los fiscales incluyó afiches callejeros y costosas solicitadas. Contra los denunciantes se abrió una causa paralela por la supuesta “adulteración” de la documentación de la computadora de Ponti, que la procuración provincial envió al departamento judicial de Quilmes, por las objeciones que Cariglino hizo sobre la Justicia de San Martín.

A pesar de que el propio Ponti y su asesor Jorge Colombo –director de Informática del municipio de Malvinas Argentinas– nunca observaron “adulteraciones” en la documentación que poseía la computadora del presidente de la cooperativa, el fiscal de Quilmes, Luis Armella, pidió la detención de Rombolá y su contador, Alberto La Torre. El juez de Garantías de San Martín, Oscar Quintana, puso tras las rejas a La Torre y declaró prófugo a Rombolá.

Entonces, los abogados de Cariglino lograron apartar a Rombolá de su condición de particular damnificado en la causa que se seguía contra el intendente. Sin denunciante no habría causa y los letrados de Cariglino pidieron el cierre del expediente. La resistencia que ofrecieron los fiscales lo impidió.

Sin embargo, antes de abandonar la fiscalía para asumir como juez federal de Quilmes, Armella pidió la elevación a juicio oral de la causa a pesar de que nunca determinó nuevas pericias. Aunque Quintana ya no estaba en su juzgado para confirmarla: había asumido como camarista en San Isidro. Su sucesor, el juez Mariano Gramático, tenía cinco días para expedirse, pero en base al artículo 426 del Código Procesal Penal dio vistas a las partes involucradas por siete días y dejó pendiente el enjuiciamiento contra los denunciantes de Cariglino.

Pero el intendente puso todas sus fichas a la decisión que debe adoptar la Cámara de Casación Penal de la provincia, ante la cual apeló la decisión de la Justicia de San Martín de llevarlo al banquillo de los causados. “Este es un nuevo intento de advertir a la Justicia de que no se meta con el poder político, si no van a terminar mal”, dijo un indignado Rombolá a Página/12.