Después de más de cinco meses de huelga, los docentes volverán a clase en Oaxaca. En una maratónica consulta, que duró casi todo el día, el gremio de maestros decidió terminar el paro por 31 mil votos a 20 mil doscientos, aproximadamente. El presidente Vicente Fox se comprometió a llevar adelante un programa “extraordinario” para asistir al estado. Toda la jornada estuvo marcada por la tensión y la violencia que se desató a sólo unos metros de donde estaban votando. Al mediodía, sujetos no identificados realizaron al menos 11 disparos desde un vehículo en marcha a menos de 500 metros del hotel del magisterio, donde se reúnen los representantes de las delegaciones sindicales. Por la mañana, cinco encapuchados habían incendiado un autobús a una calle de distancia del mismo local. “Estas no son coincidencias”, habían advertido profesores.

La asamblea programada para el miércoles había sido suspendida aun antes de iniciarse, luego de que se escucharan cinco disparos afuera de las instalaciones donde se preparaban para sesionar. Ante este panorama, la presidencia de la República reconoció ayer que un eventual regreso a clases no acabaría con el problema político y social que por décadas ha padecido Oaxaca y aceptó públicamente que una solución real pasa por reformas de fondo en la vida institucional del estado. El vocero presidencial, Rubén Aguilar, insistió en que la administración de Vicente Fox busca salidas negociadas al conflicto y que se hará “cualquier cosa” para conseguirlo, incluso ofrecerle un empleo al gobernador Ulises Ruiz en el gobierno federal para facilitar su separación del cargo, una condición indispensable y reclamada ya no solamente por la APPO y el magisterio oaxaqueño, sino por un importante grupo de pequeños empresarios y comerciantes locales y hasta por la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional, que parece haberse convencido de la urgencia de atender este reclamo social para distender una crisis que inevitablemente heredará el próximo presidente, Felipe Calderón, a pesar de la insistencia de éste en que el gobierno foxista lo resuelva antes de su toma de posesión, el 1º de diciembre.

De hecho, Calderón recibe información y es consultado por el secretario de Gobernación, el ultraconservador Carlos Abascal, quien el miércoles le presentó detalles del operativo policíaco que prepara en coordinación con el Centro de Información y Seguridad Nacional (el Cisen, una suerte de policía política) y el resto del gabinete de seguridad foxista. La reunión ocurrió después de que Calderón y su equipo se encerraron en la residencia oficial de Los Pinos con el presidente Vicente Fox y su gabinete de Respeto y Seguridad para discutir precisamente el caso Oaxaca. Sin embargo, durante una gira por Canadá, Calderón negó ayer que participe en la toma de decisiones en este conflicto. “Niego rotundamente tener intervención en el caso Oaxaca”, dijo en conferencia de prensa. Además, defendió al gobierno de Fox por su “empeño en resolver la crisis”, aun cuando –según él– el presidente no es el responsable directo de hacerlo. “Está claro que éste es un problema de Oaxaca”, sostuvo, y acusó a los maestros de cometer “una violación a los derechos humanos de los niños” por suspender clases desde hace cinco meses.

La APPO ya había abandonado ayer las instalaciones de la principal radiodifusora privada que mantenía bajo su poder y desde la cual mantenía comunicación con todos los miembros del movimiento, luego de varios días de sufrir interferencias en sus emisiones, por las que acusó a la Secretaría de Gobernación. Pero en la Ciudad de México, veintiún asambleístas que mantienen una huelga de hambre desde hace 10 días, exigiendo la renuncia del gobernador Ulises Ruiz, anunciaron que dejarán de ingerir incluso líquidos y medicamentos a partir de hoy, lo que podría acelerar su muerte.