La ley antitabaco de la ciudad enfrenta en los Tribunales a dos profesores de Derecho Constitucional de la misma cátedra de la UBA, la que encabeza Daniel Sabsay. “Venimos ganando. Hay apenas diez demandas y una sola consiguió una medida cautelar. Creo que es un éxito”, celebró ayer en diálogo con Página/12 el procurador general porteño, Agustín Zbar, uno de los contendientes, a días de cumplirse el primer mes de vigencia de la norma. Del otro lado, en representación de bares y restaurantes, litiga el abogado Andrés Gil Domínguez, destacado constitucionalista, que promete llegar con su reclamo hasta la Corte Suprema de Justicia. En la batalla judicial, dos recursos de amparos ya fueron rechazados y una disco de Recoleta y un local de la Costanera Norte aceptaron acatar la ley en una mediación con el gobierno porteño.

“No me paga la industria tabacalera. Me han contratado bares y restaurantes por mi experiencia en litigar contra la ciudad”, aseguró Gil Domínguez, ofuscado con quienes especulan que detrás de sus demandas judiciales para que se declare inconstitucional la Ley 1799 estarían los grandes fabricantes de cigarrillos del país, como ha ocurrido en otros sitios del mundo donde se sancionaron leyes similares y se comprobó que importantes estudios jurídicos pagados por tabacaleras se presentaban en nombre de pequeños locales para boicotear su implementación.

Las demandas patrocinadas por el estudio de Gil Domínguez (entre otras, las de los bares Unico, de Honduras y Fitz Roy, y Kilkenny, de Reconquista y Marcelo T. de Alvear) piden la inconstitucionalidad de los artículo 2 y 19 de la Ley 1799, porque “conculcan el derecho de comerciar y ejercer toda industria lícita” y “el derecho a la intimidad”. La queja central es que han perdido clientes por la prohibición de fumar. “En el momento en que se permite la compraventa de cigarrillos, existe una consecuencia inmediata y directa: el comprador adquiere el derecho de consumirlo en cualquier lugar, porque la venta no está supeditada a la abstención de fumar en determinados lugares”, sostiene una de las presentaciones del estudio de Gil Domínguez.

“No se puede alegar el derecho a la intimidad (de fumar) cuando simultáneamente se está enfermando a terceros (con el humo del cigarrillo)”, argumentó Zbar a Página/12.

Hasta ayer en la Procuración tenían contabilizadas diez causas contra la ley antitabaco, pero no incluían en el listado la tan promocionada demanda de una camarera del pub Level, de Belgrano (que se conoció ayer) que pide que la eximan de vigilar que no se fume en el local en el que trabaja. Sobre esa demanda, la Procuración todavía no fue sido notificado. “Esa presentación es un disparate: la ley no dice en ningún lugar que el poder de policía recaiga en el mozo”, replicó Zbar, procurador y profesor adjunto de la cátedra de Sabsay como su colega Gil Domínguez.

La moza Adriana Fernández, de 29 años y madre de dos hijos, tiene el patrocinio del abogado Rodolfo Baqué. “La ley me está afectando como ciudadana, porque me genera mucha tensión tener que decirles a los clientes que no pueden fumar: ellos se enojan conmigo y encima no me dejan propina, con lo cual bajaron mis ingresos”, dijo Fernández a este diario.

Además de varios bares han recurrido a la Justicia la disco Cloche, de Uriburu 1721, y un restaurante de la Costanera Norte. En una instancia de mediación, ambos aceptaron acatar la norma y presentar propuestas al gobierno de cómo implementar áreas para fumadores dentro de sus locales.

Los dueños de la Galería Güemes, que comunica las calles Florida y San Martín, en Retiro, pidieron ser exceptuados del cumplimiento de la ley, al alegar que no son un shopping sino un lugar de tránsito: “Es una zona gris, porque antes era un pasaje y luego ha sido techado”, señaló una fuente judicial. Este planteo recayó en el juzgado Nº 2 a cargo de Andrés Gallardo.

En la mayoría de los casos, los locales sostienen que la ley no está reglamentada y, por lo tanto, no saben cómo implementar las áreas para fumadores permitidas en los locales de más de 100 metros cuadrados. El juzgado Nº 11 ya rechazó dos recursos de amparos. “Es muy sugestivo que a un año de dictada la ley, se presenten recursos de amparo con el argumento de que aún no ha sido debidamente reglamentada. La ley es muy clara. El principio es proteger la salud y la prohibición de fumar la regla”, sostuvo Zbar. Para el procurador, las demandas apunta a “obstruir la efectiva puesta en práctica” de la norma.

Hasta ahora, sólo un comercio consiguió una medida cautelar: la otorgó al Bingo Caballito el juez Nº 1 Juan Cataldo, quien curiosamente aclaró en su resolución ser “fumador”, pero a la vez consideró que no era motivo para excusarse de actuar. La Procuración ya apeló y ahora debe resolver la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario.