En su convocatoria a la asamblea de representantes, la conducción de Boca, con la firma del presidente Mauricio Macri y el secretario general, Luis Buzio, le solicitó establecer el voto obligatorio para todos los socios activos, basándose –en alguna medida– en lo que establece la Ley Electoral. “Es el momento justo para que los órganos del club, en particular la comisión directiva y la asamblea de representantes, asuman con decisión y valentía la responsabilidad social que les cabe para lograr que el mayor número de socios participen en 2007 de los comicios...”

Esta iniciativa, que en abstracto sería conducente para evitar la magra participación electoral de los asociados en los clubes de fútbol y en las sociedades civiles en general, tiene un principio rector en manos del oficialismo boquense. Que más adelante, en uno de los párrafos del rechazado proyecto de nuevo estatuto, aparece con nitidez: “...garantizando de tal modo que las decisiones que les toque adoptar a las futuras autoridades en lo que se refiere a la política de un estadio más amplio, que contenga cómodos por lo menos a los socios actuales, sean legítimas y cuenten con el aval de los socios”.

“¡Que la cancha está en la Boca//y de la Boca no se va...!” le cantaron a Macri sus adversarios la noche del viernes cuando se retiraba de la asamblea. Sospechan que detrás de la movida del sufragio obligatorio –que contempla como sanción la imposibilidad de adquirir abonos o entradas a plateas, palcos y tribunas para quienes no voten– se oculta el propósito de mudarse del histórico barrio. Desde el oficialismo aducen que la Bombonera, más temprano que tarde, reducirá su capacidad a 37 mil localidades por razones de seguridad y normas internacionales vigentes. En la vereda de enfrente, en cambio, olfatean un negociado.