La ley sobre la polémica reforma agraria adoptada al filo de la navaja por el Senado boliviano se hizo realidad al tiempo que el gobierno de Evo Morales enfrenta desde ayer un sólido movimiento cívico y político que organizó huelgas de hambre y paros en varias regiones para que el oficialismo modifique la fórmula aprobada por el MAS en la Asamblea Constituyente. La oposición quiere que se cambie el criterio de mayoría absoluta por el de dos tercios. El vicepresidente Alvaro García Linera entregó el título de propiedad colectivo de Tierra Comunitaria de Origen a la central indígena del Pueblo Leco de Apolo, al norte del departamento de La Paz. En total, la primera aplicación de la llamada Ley de Tierras beneficiará a 547 familias. García Linera criticó con virulencia a la oposición, a la que calificó de “ovejas negras y desadaptados”.

Pese al éxito incuestionable que significa para el oficialismo la aprobación de la Ley de Tierras, el gobierno está bajo la fuerte presión de ocho regiones de Bolivia y numerosos movimientos cívicos que le exigen el respeto de la legislación original de la Asamblea Constituyente. De las ocho regiones, cuatro están en paro: Santa Cruz, Beni, Tarija y Cochabamba. En Santa Cruz se produjeron serios incidentes durante la madrugada. Allí hubo piquetes violentos que obligaron a cerrar negocios y restaurantes para imponer el respeto de la huelga, según mostraron canales de televisión.

“Una vez más se está tratando de forzar y de obligar a través de actos vandálicos, violencia y amedrentamiento a que la población no salga a trabajar”, acusó el portavoz del gobierno, Alex Contreras.

Con menos violencia, el paro fue seguido también en Bení y Tarija. En el Chaco tarijeño, región fronteriza con la Argentina y donde están situadas las mayores reservas de gas de Bolivia, la huelga tuvo un seguimiento parcial. En La Paz, los responsables cívicos no se sumaron íntegramente al movimiento de protesta, pero solicitaron al gobierno un diálogo para abordar el tema de la Asamblea Constituyente.

El tema de los dos tercios ha desembocado en una seria crisis que ya llevó a que, además de los paros, de los 28 piquetes levantados en las nueve regiones del país, de las 200 personas que cumplen una huelga de hambre, seis de los nueve prefectos hayan roto sus relaciones con Evo Morales mientras que los parlamentarios de la oposición no asisten a las sesiones del Congreso. Hay piquetes de huelga de hambre en el Congreso y hasta en las iglesias.

El escritor Juan Carlos Lechín, hijo del célebre secretario ejecutivo de la COB (Central Obrera Boliviana), lidera la huelga de hambre organizada en la Iglesia San Francisco de La Paz. Según Lechín, la fórmula de la mayoría absoluta no responde a las demandas del país: “Con 51 por ciento casi la mitad de los bolivianos quedarían excluidos de la Carta Magna”.

El gobierno sigue insistiendo en que está abierto al diálogo para cambiar el controvertido artículo, pero los sectores conservadores se sirven de esta controversia para acusar a Evo Morales de dictador y comunista. Un volante distribuido en la madrugada del jueves en los edificios del coqueto barrio de Los Pinos de la zona sur decía: “Mayoría absoluta es entregarnos al intento totalitario y comunista del MAS”.