El gas sacudió otra vez a Bolivia. Un hombre murió y al menos 60 resultaron heridos cuando decenas de personas intentaron tomar por la fuerza la planta de bombeo de gas de San José de Pocitos, en Tarija. Mientras el gobierno sostenía que los manifestantes no habían logrado ingresar en la planta, los que dirigieron las protestas informaron que habían logrado tomar la planta y cortar el suministro a Argentina. Esta planta provee entre el cuatro y el cinco por ciento del consumo de gas argentino. El Palacio Quemado, no obstante, responsabilizó ayer directamente a la empresa operadora Transredes, subsidiaria de Shell, de empeorar la crisis en Tarija con un boicot injustificado.

Los enfrentamientos de ayer se enmarcan dentro de un conflicto limítrofe entre los municipios Gran Chaco y O’Connor, en el departamento de Tarija, lindante con Argentina. El Gran Chaco demanda el territorio donde se encuentra el campo petrolero Margarita, uno de los más ricos del país, y sus regalías. “Quiero decirles que éste será el primer tema a tratarse en el gabinete y pido a los compañeros de esa región, que no por problemas internos, por dinero, se vayan a enfrentar. Pido pacificar la zona”, aseguró ayer a la mañana el presidente Evo Morales.

El gobierno nacional acusó al prefecto de Tarija, Mario Cossío, de permitir los enfrentamientos. “No puede ser. El prefecto Cossío tiene el deber de solucionar los problemas que se presentan en su jurisdicción, pero él no está”, cuestionó el ministro de Gobierno, Alfredo Rada. Cossío es un dirigente opositor del Movimiento Nacionalista Revolucionario, fuerza hasta hace unos años liderada por el ex presidente derrocado Gonzalo Sánchez de Lozada. Rada adelantó que el gobierno investigará los enfrentamientos que dejaron un muerto y decenas de heridos porque, según sostuvo, el presidente nunca autorizó el uso de armas de fuego. Además, la empresa operadora de la planta, Transredes, tendrá que explicarle al gobierno por qué cerró las válvulas del gasoducto. “Es un nuevo sabotaje que ahora tendrá que explicar”, advirtió el ministro.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, también informó que como Cossío no había asumido un proceso de negociación con los vecinos de los dos municipios, ellos delegarían esa tarea a la Prefectura de Potosí. Allí, está cargo Mario Virreira, un correligionario y aliado de Morales. Además de esta mediación, Quintana anunció que el vicepresidente Alvaro García Linera liderará en breve una misión del gobierno para conversar con las autoridades de los dos municipios en conflicto.

La protesta de los ciudadanos del Gran Chaco comenzaron el lunes con el cierre de la frontera con Argentina y el bloqueo de las rutas en las localidades de Yacuiba, Caraparí, Villamontes y Campo Pajoso. Ayer cientos de pobladores de Yacuiba seguían protestando y tomaron como rehenes a 50 policías. El trasfondo de la disputa es la cuestión económica. El municipio que se quede con el cantón Chimeo, donde se encuentra el campo petrolero Margarita, recibirá por año el 45 por ciento de las regalías que produzca el pozo, según establece la nueva ley de hidrocarburos. Según las cifras de los últimos años, esto rondaría en unos cien millones de dólares.