El Congreso unicameral de Ecuador cesó ayer en funciones a los vocales del Tribunal Constitucional que decidieron restituir a 51 diputados de la oposición destituidos el 7 de marzo pasado por el Tribunal Electoral, que los acusó de obstruir la consulta popular celebrada sobre la Asamblea Constituyente. Ayer también, la jueza 18ª en lo penal, Elsa Sánchez de Melo, acogió el pedido de la fiscalía de prisión preventiva contra 24 de los legisladores destituidos por el Tribunal Electoral, acusados de “arrogación de funciones”, según el diario Hoy de Quito.

La demanda fue presentada por un sector de legisladores suplentes, que se declararon en rebeldía respecto de sus partidos políticos y que asumieron funciones tras la destitución de los parlamentarios. La orden de la jueza aún no se ha aplicado.

En la sesión parlamentaria que decidió la cesación de funciones del Tribunal Constitucional se registraron incidentes menores y asistieron 52 de los cien legisladores, con un único punto a tratarse en el orden del día, que fue el análisis de la situación política. Los legisladores afines al gobierno de Rafael Correa decidieron cesar en funciones a los vocales, señalando que su período de gestión concluyó el año pasado, como constó en un proyecto de resolución de autoría de la diputada socialista Silvia Salgado.

No hubo respuesta de los vocales ahora cesados, que no acudieron hoy a las oficinas del Tribunal Constitucional tras las agresiones que sufrieron ayer por manifestantes en protesta por su resolución, considerada por los beneficiarios como de “última instancia”.

La sede parlamentaria se mantiene resguardada por la policía y a pesar de que la notificación de la restitución de funciones de los legisladores fue ya entregada durante la sesión del Congreso de hoy, la orden de no dejar pasar a esos legisladores se mantiene.

Unos cincuenta manifestantes arribaron hasta las afueras del Congreso para expresar su descontento por la decisión del Tribunal Constitucional, mientras estudiantes de un colegio de Quito intentaron arribar hasta el Parlamento, pero fueron repelidos por la fuerza pública. La tensión política se mantiene en Ecuador por el enfrentamiento entre el Tribunal Electoral y el Congreso, al que ahora se suma el Tribunal Constitucional, frente a lo que no se ve aún una solución.

El gobierno de Rafael Correa desconoció públicamente la decisión del Tribunal Constitucional desde el momento en que fue tomada y dijo que los ex legisladores serán apresados si pretenden alterar el orden público, ya que son ciudadanos comunes y no gozan de ningún fuero especial.

Correa cumple hoy cien días de gobierno en la cresta de la popularidad y tras lograr un respaldo abrumador a la Asamblea Constituyente, pero en medio de un grave conflicto político y jurídico en el Congreso. Un 90 por ciento de los ecuatorianos considera “buena” o “muy buena” la gestión del gobernante izquierdista, según la última encuesta publicada el pasado domingo, después de que el 15 de abril se aprobara, con un 82 por ciento de votos, la Asamblea para redactar una nueva Carta Magna. En estos cien días, Correa ha avanzado a marchas forzadas y dejado maltrechos a sus rivales, sobre todo a los partidos opositores, a los que llama “partidocracia” y “mafias corruptas”, que perdieron el control del Congreso en el que eran mayoría.

Ha atacado, asimismo, al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, a los que responsabiliza de la “larga noche neoliberal” que afirma ha depauperizado a América latina, mientras colabora con Venezuela para crear el Banco del Sur, como alternativa financiera.