Diego Gallardo, a los 20 años, era un joven de físico menudo y una estatura que apenas pasaba del metro sesenta centímetros. El 10 de enero de 2005, cuando estaba detenido en la comisaría 3ª de Dock Sud, cuatro policías robustos y munidos del palo de abollar ideologías –y cabezas, habría que agregar a la famosa frase de Mafalda– le pegaron 57 golpes, según consta en la autopsia. Gallardo murió al día siguiente, sin haber recibido asistencia médica. La excusa para la golpiza fue un presunto intento de fuga y también fueron agredidos otros seis presos, que sufrieron lesiones de importancia. Ayer, el Tribunal Oral 1 de Lomas de Zamora condenó a prisión perpetua a los cuatro policías imputados, el subcomisario Rubén Gómez y los ex oficiales Julio Silva, Marcelo Fiordomo y Hernán Gnopko. Los tres primeros están detenidos y Gnopko sigue en libertad porque goza de la excarcelación hasta que la sentencia quede firme. María del Carmen Verdú y Daniel Stragá, abogados de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que representaron a la familia de la víctima, celebraron la condena a perpetua, pero cuestionaron la calificación que se le dio al caso.

“Estamos conformes con la condena, pero éste fue un caso de tortura seguida de muerte. Al calificar el hecho como homicidio agravado, lo que se hace es aplicar la figura de un delito común y no de un delito de lesa humanidad. Esta es la tendencia que se observa en el país y que permite que el Estado eluda su responsabilidad de tener que rendir cuentas ante los organismos internacionales de derechos humanos”, explicaron los abogados de Correpi. “Lo que demuestra el fallo es que los jueces argentinos miden con una vara las torturas de hace 30 años y con otra las que ocurrieron hace dos años. Lo que pasó con Gallardo confirma que la tortura es sistemática en la Argentina”, sostuvieron Verdú y Stragá.

En la sala de sesiones de los tribunales de Lomas de Zamora, donde se leyó la sentencia, hubo un enfrentamiento verbal, luego de conocido el fallo, entre familiares de los policías condenados y del joven asesinado. “Los villeros los mataron”, gritó de cara a las hermanas de Gallardo un hombre de pelo corto y porte policial. De ese modo insistió con la primera versión policial, que afirmó que la muerte se produjo por un supuesto conflicto entre los mismos presos. “Nosotros somos villeros, pero no asesinos como ustedes”, fue la réplica del otro sector. El grupo que acompañaba a los familiares de las víctimas coreó a manera de respuesta un cántico contra la Bonaerense: “... la del gatillo fácil, la de la mano dura, la que también tortura como en la dictadura”.

En la sala estaban Claudia y Josefina, dos de las hermanas del joven asesinado. “El estaba detenido desde hacía dos meses y los policías les pegaron a él y a otros presos, con palos”. Nadie le avisó a la familia que Diego Gallardo estaba muy golpeado. La madre del chico, Pilarcita Fernández, fue a visitarlo el 11 de enero de 2005, sin estar enterada de lo que había ocurrido el día anterior. “A mi hermano nadie lo hizo ver con un médico. Vino un doctor del Hospital Fiorito para atender a otro preso y cuando le dijeron que Diego estaba muy dolorido, lo único que hizo fue darle una aspirina”, relató Claudia Gallardo a Página/12. Después de la golpiza, todos los presos, incluso Diego, fueron trasladados a la comisaría 1ª de Avellaneda. Cuando a Gallardo lo llevaron al Hospital Fiorito, ya no había posibilidad alguna de salvarle la vida.

Los jueces Guillermo Rolón, Fernando Bueno y Rodolfo Lanza absolvieron por falta de pruebas al oficial Gnopko por el delito de “falsificación de instrumento público”. El policía fue acusado por la adulteración del informe médico sobre el estado de los presos golpeados, donde se decía falsamente que estaban “todos ilesos”. A pesar de la absolución, el tribunal confirmó que el delito fue cometido, aunque no se haya podido determinar el autor.

El tribunal sólo leyó la parte resolutiva de la sentencia y en fecha a determinar dará a conocer los argumentos del fallo, que será apelado por los defensores de los policías, Amílcar Chiodo y Oscar Serrano. La lectura del fallo fue presenciada por tres de los cuatro imputados. Faltó Silva, quien no fue trasladado desde la cárcel porque sufrió una indisposición.

La figura de “homicidio calificado” fue planteada por el fiscal Jorge Michelini, quien al igual que los abogados querellantes había solicitado que se aplicara la pena de prisión perpetua. El subcomisario Gómez, vestido de traje, habló ante la prensa, esposado, luego de que se conociera la sentencia. “Soy totalmente inocente. No estaba cuando (a Gallardo) lo sacaron de Dock Sud y se lo llevaron a la primera de Avellaneda, donde lo mataron. ¡Tienen que averiguar quién fue el preso que lo mató en ese lugar!”, gritó Gómez. En su alegato final, el subcomisario había responsabilizado por lo ocurrido a un subcomisario de apellido Lazarte, que estaba al frente de la comisaría de Dock Sud la noche del crimen.